Aunque todavía quedan varias fases por concluir en el juicio del caso Bankia, la fiscal Anticorrupción Carmen Launa ya ha conseguido anotarse una victoria. Su irrupción en la causa vino marcada por su anuncio de que estaría muy pendiente del devenir del procedimiento de cara a ampliar la acusación contra la cúpula del banco por delito de falsedad contable hecho que, ocho meses después, se ha convertido en realidad. De este modo, la representante del Ministerio Público materializó este lunes un giro clave en el juicio al formalizar acusación contra diez personas a las que no se ha dirigido la Fiscalía ni durante la instrucción del caso ni en todo el juicio.
Su tesón y constancia han marcado la vista oral que tuvo que interrumpirse poco después de empezar, en pleno interrogatorio a Rodrigo Rato, tras padecer un desprendimiento de retina. La baja de la fiscal, que apenas se alargó unas semanas, abrió una brecha entre las partes del procedimiento que abogaban por aguardar su total recuperación frente a la insistencia del tribunal que propuso a la Fiscalía Anticorrupción que nombrara un sustituto en aras de no dilatar todavía más la respuesta penal a unos hechos que se produjeron hace ahora nueve años.
La negativa de la Fiscalía a reemplazar a su representante debido a la complejidad de la causa conllevó a que finalmente el tribunal diera su brazo a torcer y esperara a su reincorporación. Con todo, Launa no pudo culminar el intenso careo que protagonizó con Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia y la presunta falsedad contable. Su persistencia interrogando al que fuera director gerente del FMI derivó en varios momentos de tensión entre ambos en los que el propio Rato (que ahora afronta tres años y medio más de cárcel tras el endurecimiento de la pena) llegó a contestarle visiblemente molesto. "Vamos a ver señora (...), no perdamos más tiempo con esto..." fueron algunas de sus respuestas.
Banco de Valencia, en el ojo del huracán
La misma tenacidad que ha mantenido en su defensa acerca de que los hechos que ahora se juzgan son constitutivos de falsedad contable (o en su defecto, de tentativa), la ha manifestado en su acusación contra José Luis Olivas. La representante del Ministerio Público ha insistido desde el mismo arranque del procedimiento en que no se puede desvincular la situación de Banco de Valencia del devenir de Bankia. Y esa postura se ha vuelto a ver reflejada en el escrito de conclusiones definitivas que defendió en su intervención de este lunes. Por ello no obvió una cifra determinante; la de los ajustes que deberían haber registrado las cuentas de BFA tras la combinación de negocios y que ascendían a 14.966 millones de euros.
Este apunte concreto lo recoge para denunciar que a este dato habría que añadir los deterioros de Banco de Valencia que no quedaron contemplados como consecuencia de las limitaciones del análisis de PwC y que fueron estimados en 663 millones de euros. Como consecuencia de ello "se trasladó al mercado una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial que no se correspondía con la realidad", explica en su escrito. No obstante, y pese a sus reiterados intentos por incluir en la causa la mala situación de la entidad valenciana, el tribunal le ha denegado esta pretensión apuntando que esto se juzga en un caso separado y que, por tanto, no forma parte del contenido de este procedimiento.
Experta en delitos económicos
Con todo, este no ha sido el único rifirrafe que han protagonizado magistrada presidenta del tribunal Ángela Murillo y Launa. De hecho, gran parte de la vista oral que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares desde el pasado mes de noviembre, ha estado marcada por los continuos choques entre ambas, provenientes, en parte, de diferencias de criterio en lo que respecta especialmente al papel que jugó también Bancaja en el futuro de la entidad, que acabó recibiendo el mayor rescate bancario de la historia del país y que Luis de Guindos cifró en 22.400 millones de euros en su testifical en sede judicial.
Con todo, su recorrido en el Ministerio Público viene vinculado a las causas económicas. De hecho, ya se midió contra otro banquero de renombre, Emilio Botín, por los incentivos de Banesto que se repartieron más de una decena de directivos sin declarar ante el fisco . Aunque la causa terminó archivándose tanto en la Audiencia Provincial de Cantabria como posteriormente en el Tribunal Supremo, la fiscal que aterrizó en Anticorrupción procedente de la Fiscalía de Delitos Económicos mantuvo su pulso contra el expresidente del Banco Santander para el que se llegó a pedir seis años de cárcel por delito fiscal.
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