El 'caso Villarejo' va camino de cumplir cinco años en curso y sin visos de terminar pronto. La Audiencia Nacional se prepara para indagar en nuevos trabajos privados que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para determinados clientes, mientras seguía en activo en la Policía Nacional, y que hasta ahora eran desconocidos. La previsión es crear otra decena de piezas separadas y agrandar la causa, por el momento, hasta las 45 líneas de investigación. Por ello, la Sala de Gobierno de este órgano judicial ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que apruebe la continuación de los dos jueces de refuerzo que apoyan las tareas del magistrado titular de esta macrocausa, Manuel García Castellón.
Así se expone en uno de los puntos del acuerdo que el órgano de gobierno interno de la Audiencia aprobó el pasado 17 de octubre. "El trabajo desempeñado en los últimos dos años pone de manifiesto la necesidad de mantener la medida, toda vez que, mientras las causas del refuerzo van en aumento, las del titular no permiten vislumbrar una situación de alivio que permita, por el momento, relajar las medidas existentes. Buen ejemplo de ello es las DPA 96/2017 (conocidas por su principal investigado, el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez), que en los últimos años ha ido incrementando progresivamente el número de piezas separadas que la componen, existiendo hasta ahora 36 piezas separadas, con previsión de llegar a 45 antes de final de este mes", reza dicho documento.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 es uno de los que más casos acumula desde hace años. Además de analizar las actividades de Villarejo, ha sido el encargado de investigar complejos y mediáticos procedimientos como 'Púnica', 'Lezo', 'CDR de Cataluña', así como otras centradas en terrorismo, querellas patrimoniales, fraudes de hidrocarburos a nivel nacional, y a las que se han sumado diversas presuntas estafas piramidales con criptomonedas como Kuailian o Juicy Fields. De estas dos últimas se encarga precisamente el juez de refuerzo Joaquín Gadea. Y así lo destaca, el acuerdo de la Sala de Gobierno, que ha sido consultado por La Información, que subraya la "excepcional situación del órgano judicial", debido a una carga de trabajo que se ha "acentuado de forma evidente desde el año 2020".
En concreto, el 'caso Villarejo' (o causa 'Tándem', como se la conoce también) ha sido uno de los que más esfuerzos ha concentrado. Desde su inicio en noviembre de 2017, con el estallido de la operación policial en la que se detuvo al agente encubierto, se ha abierto una treintena de piezas separadas, muchas de las cuales su instrucción ya han finalizado. De hecho, tres de estos procedimientos ya han sido juzgados en una vista oral que finalizó el pasado 28 de septiembre, tras casi un año de celebración. Ahora comienza una 'nueva etapa' en la que se tratará de aclarar nuevos trabajos que el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el policía retirado, habría desarrollado para grandes clientes.
Todo ello después de que la Unidad de Asuntos Internos haya aportado tres informes donde se identifica unos 80 'nuevos' proyectos que las empresas de Villarejo habrían ofertado a grandes firmas y particulares. Cabe destacar que algunas de las piezas que forman el rompecabezas del 'caso Villarejo' son de carácter instrumental, cuyo objetivo puede ser la acumulación de informes y documentación que permitiría esclarecer cómo el comisario jubilado obtenía la información reservada -parte de ella a través del acceso a bases policiales- para después venderla a sus clientes. Así ocurre por ejemplo con la recién creada pieza 35, a mediados del pasado septiembre, a través de la cual el juez ha solicitado a la unidad policial que señale cuáles de todos estos trabajos se ejecutaron y pagaron y cuáles son simples propuestas o presupuestos sin llegar a más, con el fin de no abrir líneas de investigación con escasos indicios.
Los refuerzos
Así, para afrontar las nuevas piezas de la macrocausa 'Tándem' y sacar adelante el resto de causas judiciales, la Sala de Gobierno defiende que la 'ayuda' al magistrado García Castellón se mantengan. El 'principal' juez de refuerzo, Joaquín Gadea, se incorporó a la Audiencia Nacional a principios de enero de 2020 y comenzó a tener competencias jurisdiccionales -es decir, poder tomar declaraciones y firmar resoluciones, sustituir al titular cuando sea necesario y asumir las causas de nuevo ingreso- a principios de 2021. Debido a que la designación como apoyo expira el próximo 31 de diciembre, la Sala de lo Gobierno considera necesario que se dé continuidad a esta "medida análoga" y convoca esta plaza de comisión de servicios con relevación de funciones, que, salvo sorpresas, seguirá estando en manos del mismo magistrado.
El segundo refuerzo del magistrado García Castellón es Daniel González Uriel, quien no tiene funciones jurisdiccionales, sino que realiza "exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento". Su plaza de adscripción al Juzgado Central de Instrucción número 6 fue aprobada por el CGPJ en julio de 2021 y ha sido renovada en dos ocasiones, en plazos de seis meses. Ahora vuelve a tocar a examinar este puesto que para la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sigue siendo esencial debido al "número de causas que se instruyen en dicho Juzgado y a la magnitud de las mismas; no habiendo cambiado sustancialmente las circunstancias que se hicieron constar en su día".
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