Después de un 2020 que ha sido el ‘annus horribilis’ para las escuelas infantiles (0-3 años) privadas, y un inicio del siguiente que amenaza con empeorar la situación por el virus y la tormenta de nieve, una nueva amenaza acecha ahora a este negocio y amenaza con cortarle el camino a la recuperación: la aparición durante la pandemia de establecimientos y servicios que se autodenominan educativos o que atienden de forma regular a menores de 0 a 3 años, como es el caso de algunas ludotecas o las llamadas madres de día, al amparo, en algunas ocasiones, de una licencia municipal; en otras, ni eso. Desde el sector se ha lanzado la voz de alerta por o que consideran que es intrusismo y una competencia desleal contra los centros autorizados, que están sometidos a una normativa rigurosa que estos nuevos centros no cumplen.
El parón y las restricciones de la Covid, que trajo consigo un duro confinamiento y la consiguiente crisis económica, junto al descenso de la tasa de natalidad en España y los efectos de la nueva LOMLOE o Ley Celáa, han hecho que un 15% de los centros y guarderías infantiles privadas se mantengan cerradas, mientras que un porcentaje que oscila entre el 50 y el 70% tiene seriamente comprometido su futuro y está “en peligro una red de más de 5.000 escuelas que dan trabajo a más de 50.000 profesionales de alta cualificación, mujeres en su mayoría, y que escolarizan a 205.000 niños”, según ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada).
“Es necesario contar con una normativa que sea igual para todos y que se deje de generar confusión entre la ciudadanía con denominaciones similares y sobre qué centros están o no están acreditados por el Gobierno”, asegura Conxita Pericó, presidenta de la Associació Catalana de Llars d’Infants. “La nueva ley de educación, la llamada LOMLOE o ley Celaá, avala esta posición señalando que los centros que acojan de manera regular a niños y niñas de entre 0 a 6 años tendrán que ser autorizados por las administraciones educativas como centros de educación infantil”, señala.
Los establecimientos que se presentan como “educativos” sin estar regulados por el Departamento de Educación, como las madres de día y los centros de soporte familiar, entre otros, están experimentado un incremento destacado desde el inicio de la pandemia. “Estos centros, que se definen como una opción pedagógica moderna e innovadora, solo necesitan una licencia municipal de actividad, en concreto, una licencia medioambiental, para poder funcionar y hay centros que ni disponen de ella”, explica Pericó. “Para obtener este permiso se tienen en cuenta cuestiones relacionadas con la arquitectura del centro, pero no con la actividad que se desarrolla”, destaca.
Una nueva profesión autorizada
Desde AMADIMA (Asociación de Madres de Día de Madrid) se reconoce que su oferta, es “una alternativa” educacional a las escuelas infantiles o guarderías tradicionales, pero “los hogares de nuestras socias/os, cumplen todos los requisitos establecidos por la normativa vigente de la Consejería de Familia y Políticas Sociales en esta Comunidad (Cataluña) en relación a las condiciones materiales y funcionales, y poseen un seguro de responsabilidad civil. Nuestras socias/os disponen de carnet de manipulación de alimentos, titulación en primeros auxilios y un plan de calidad, que asegura la mejora del servicio, estando sometidos sus hogares a inspecciones anuales por parte de la Subdirección General de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones de la Consejería (CIRA)”. AMADIMA nace “con el fin de difundir la profesión de ‘madre de día’ como otra opción educativa y de cuidado individualizado durante los primeros años de vida del niño o la niña".
Ana se convirtió en madre de día hace más de un lustro y ejerce como tal en Boadilla, una localidad de la periferia madrileña. "La gran diferencia con los jardines de infancia, escuelas infantiles o guarderías es que los niños están en nuestra casa. Hacemos como si fuéramos mamás, sin serlo. Por eso ahora, debido a la Covid, se nos está conociendo más, porque ofrecemos grupos pequeñitos, de máximo cuatro niños, y una atención personalizada que se fundamenta en los cuidados y en la salud”, explica esta madre.
Isabel, otra madre de día de Madrid, explica que desde que estalló la pandemia tiene muchas peticiones de padres, pero solo puede cuidar en su casa a cuatro niños. “Los padres -comenta- se han empezado a plantear si querían meter a sus hijos con tantos niños en un aula y nosotras en cambio ofrecemos un servicio 'superindividualizado' en un entorno seguro. Es una casa, no una escuela, y esa es la clave". Y esa es precisamente una de las claves que denuncian los centros infantiles regulados, que “no son escuelas”.
La mayor parte de estas madres de día o escuelas de crianza siguen metodologías como la Montessori, Waldorf o Pikler, y su profesión solo está regulada en Madrid, Navarra y en algunas zonas de Galicia, pero siempre por departamentos ajenos a las consejerías de Educación. Y ese es el objetivo con el que trabajan "ser reconocidos por el Ministerio de Educación", pero mientras tanto, se han topado con la denuncia de la escuela infantil reglada, que les acusa de “alegales” cuando no de “ilegales” y de “competencia desleal”.
La guerra está servida
Desde las escuelas infantiles privadas catalanas se pide que “si se quiere mantener la calidad del servicio educativo este primer ciclo de tiene que impartir de manera exclusiva en los espacios que están especialmente preparados para desarrollar esta función, como son los centros autorizados por el Departamento de Educación”. Y es que poder ser acreditado como centro educativo ”una escuela infantil tiene que cumplir varios requisitos relacionados tanto con el desarrollo de las capacidades del niño/a como con el número y la cualificación del personal docente, y la adecuación de los espacios y las instalaciones. Además, contar con el personal docente necesario en función del número de alumnos y éste tiene que disponer del título de educador infantil y/o del de maestro especialista en educación infantil. También se pide a los educadores que presenten un certificado de ausencia de delitos de naturaleza sexual”.
Éstos y otros varios relativos a las instalaciones, seguridad, etc, “son solo algunos de los requisitos que se piden a una escuela infantil para ser considerada un centro educativo y son controlados de manera regular y periódica por la Administración”, destaca la presidenta de la Associació Catalana de Llars d’Infants. Asimismo, durante la pandemia, “las escuelas infantiles han incorporado los protocolos de seguridad del Departamento de Educación y los han ido variando en función de la situación epidemiológica. Este hecho ha permitido contener con éxito el brote epidémico y el número de contagios en las aulas ha sido muy reducido”. “Ha llegado la hora de que nuestros gobernantes tomen cartas en el asunto y regulen un sector tan esencial como es la educación de los niños/as de 0 a 3 años”, señala Conxita Pericó.
Ignacio Grimá, presidente de la Sectorial de Escuelas Infantiles de ACADE, señala que cuando su asociación detecta este tipo de actividades, “inicia un procedimiento por el que alerta al Ayuntamiento de la localidad, así como a la Consejería competente en materia educativa, de la existencia de dicha actividad, de cara a que las administraciones inspeccionen dichas actividades, y actúen en cumplimiento de las normativas vigentes, a saber, la normativa de requisitos mínimos para centros de educación infantil y la normativa municipal que vele por el cumplimiento de la actividad que realmente se desempeña bajo la licencia municipal otorgada”. Pero para la Consejería de Educación "no se trata de un centro educativo porque carece de la autorización educativa. Por tanto, la Consejería afirma que no es competente para inspeccionar estos centros. Y los ayuntamientos no entran a valorar el tipo de licencia que posee el establecimiento, así como el incumplimiento de dicha actividad”.
Incluso, el pasado mes de octubre el sindicato UGT denunciaba en Canarias -donde hay 209 escuelas infantiles autorizadas, que emplean a 1.300 personas, la mayoría mujeres y actualmente en ERTE- la “competencia desleal” que vienen realizando “las denominadas ludotecas” a los centros privados de educación de 0 a 3 años. Muchas de estas instalaciones “carecen de los permisos y licencias que debe otorgar exclusivamente la Consejería de Educación y, sin embargo, ofrecen actualmente ese servicio, por lo que reclamó al Gobierno de Canarias que atienda la situación desesperada” de los centros privados. "Son establecimientos que pertenecen a otro ámbito y que no están, según la Orden de 31 de enero de 2011, para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, pero que, haciéndose llamar guarderías, acogen a niños de 0 a 3 años”, asegura el sindicato.
La patronal ACADE advierte del limbo jurídico en el que se encuentran este tipo de establecimientos y explica como “al inicio de la pandemia y más recientemente, tras el paso del temporal Filomena, las autoridades educativas competentes dictaron la suspensión de la actividad educativa presencial, y por consiguiente, el cierre de nuestros centros. Sin embargo, estos establecimientos no han tenido esa obligación de cierre al no tener obligación de cumplir la normativa educativa”, algo que ha denunciado ACADE ante las distintas administraciones y medios de comunicación, “en defensa de la salud y seguridad de los menores de 0-3 años”.
Por ello, “ante todas estas irregularidades que afectan a la educación de 0 a 3 años sobre las que es urgente trabajar, desde ACADE hemos solicitado al Ministerio de Educación la creación de una Mesa Sectorial de Infantil. Sin embargo, y a pesar de lo sensible de la población que afecta esta situación, aún no hemos recibido respuesta alguna por parte del Ministerio”.
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