Intensas negociaciones de cara a aprobar, el próximo mes de febrero, en Consejo de Ministros la nueva Ley de Vivienda. Se trata de una de las normas más polémicas de la coalición porque es en la que existen mayores diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora el área morada ha planteado a los socialistas incluir en el decreto la prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable, dos cuestiones que se encuentran paralizadas hasta que finalice el estado de alarma pero que caducarán después del 9 de mayo.
Unidas Podemos está reclamando incluir ambas prohibiciones en la futura Ley de Vivienda, que se está negociando con el PSOE desde hace varias semanas, indican fuentes de la formación morada. Así, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable quedarían blindados automáticamente en todo caso.
"En un país con más de tres millones de viviendas vacías no se puede dejar a nadie en la calle, y esta medida permitiría a España cumplir con su obligación internacional en materia de derecho a la vivienda, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", indican desde el área del Ejecutivo responsable de la Agenda 2030.
Unidas Podemos considera que estas medidas se han erigido como indispensables para garantizar la protección social y evitar que se produjeran situaciones de desprotección de las familias más vulnerables, como lamentablemente ocurrió el pasado noviembre y diciembre, hasta que llegó el veto total.
Esta es una de las principales demandas de UP de cara a la Ley de Vivienda que en este momento negocia con la parte socialista del Gobierno, junto a la regulación y la intervención pública a través de ayuntamientos y CCAA que permita limitar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado.
Donde también hay grandes diferencias es en las recetas para rebajar el precio de los alquileres. Son dos posturas alejadas. Los socialistas defienden el modelo portugués, una fórmula en la que se ofrecen incentivos fiscales a los propietarios de vivienda que de forma voluntaria decidan rebajar el precio de sus arrendamientos. Se llama Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) y en él el Gobierno de Antonio Costa ofrece exenciones en el pago del IRPF o la reducción del IBI a los propietarios que alquilen sus viviendas a un precio reducido en un 20 % por debajo del valor de referencia del arrendamiento. Dicho valor se calcula en base a diversos factores como la ubicación el inmuebles, los metros cuadrados, las instalaciones, la certificación energética y el precio de la zona.
En Portugal, estas viviendas con alquileres rebajados son ofrecidas a personas con ingresos que no superen los 35.000 euros anuales o los 45.000 en caso de constituir una familia. Estos inquilinos no tendrán que soportar una tasa de esfuerzo superior al 35% para poder pagar el arrendamiento, según la normativa del país vecino.
En Unidas Podemos está medida chirría. La consideran "un fracaso". Un informe de la Vicepresidencia segunda al que ha tenido acceso La Información concluye que el modelo luso "poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres". Según datos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, el homólogo al departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español que dirige José Luis Ábalos, "durante el primer año (julio 2019-julio 2020) se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. Es decir, se cubre al 2,3% de las personas que demandan un alquiler asequible".
"Podemos propone varios mecanismos para sacar al alquiler pisos vacíos. Vía fiscal, sanciones o que la legislación regule los alquileres forzosos"
Más pegas. Según el mismo informe en poder de la Vicepresidencia segunda, "el motivo principal del fracaso es que, para los propietarios, los beneficios fiscales que incluye la iniciativa no resultan atractivos y señalan que la tabla de alquileres registra precios muy inferiores a los del mercado, por lo que los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa". Los inquilinos, por su parte, "constatan que la iniciativa es poco realista, ya que contempla precios máximos demasiado altos, poco ajustados a los bajos salarios que existen en Portugal", concluye el documento.
Unidas Podemos apuesta por un impuesto a la vivienda vacía
Las propuestas de Unidas Podemos para rebajar el precio de los alquileres son muy diferentes al modelo luso. Las expuso Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 en La Información: establecer "mecanismos fiscales o de sanciones para que se puedan bajar los precios". Para los morados la prioridad de la nueva Ley de Vivienda deberían ser los inmuebles de bancos y fondos de inversión, los llamados "grandes tenedores".
Un opción que ponen sobre la mesa y por la que van a presionar pasa por aprobar "un impuesto a la vivienda vacía". Otra: los "alquileres forzosos". Es decir, "que tú obligatoriamente tengas que poner en alquiler esa vivienda vacía", detalló la secretaria de Estado en estas páginas.
Las vicisitudes de la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda se presenta, por tanto, como una mina para la coalición. Ya lo fue en el momento de pactar que se aprobara en Consejo de Ministros antes de finalizar el mes de febrero. Fue una negociación in extremis horas antes de presentar los Presupuestos Generales de 2021 y que se produjo en las horas en las que Pedro Sánchez visitaba al Papa Francisco en El Vaticano. La historia es la siguiente: PSOE y Podemos llegaban a un primer acuerdo para aprobar "a principios del año que viene" la limitación de los arrendamientos en las grandes ciudades. Lo negociaron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Hubo pacto pero Belarra pidió un poco más de concreción en las fechas. Ábalos hablaba del primer trimestre, cuando el calendario legislativo del Gobierno contempla la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Vivienda. Belarra no consiguió convencer al también secretario de Organización del PSOE y recurrió a Irene Montero.
La ministra de Igualdad entró entonces en escena para negociar directamente con Ábalos. Presionó y le intentó hacer ver la importancia de reflejar una fecha concreta. No era fácil para Unidas Podemos, que estaba recibiendo la insistencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tampoco para los socialistas, de los que estaban pendientes bancos y fondos de inversión, según explican fuentes gubernamentales. Finalmente el acuerdo lo tuvieron que desbloquear Iván Redondo y Juanma del Olmo, que volvieron a ser la argamasa de la coalición en esta negociación con un acuerdo que va más allá incluso del pacto de Gobierno. Por ejemplo se concreta que antes de terminar enero se van a aprobar medidas para contener o eventualmente "bajar los precios" -un término que costó aceptar para el PSOE- de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Asimismo los ayuntamientos podrán bloquear las "subidas injustificadas" de los contratos. El Gobierno prevé, según fuentes implicadas en las conversaciones, que la ley, vea la luz a finales de febrero, después de las catalanas del día 14.
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