La banca ha reaccionado de forma crítica contra el nuevo impuesto que gravará el 4,7% de su facturación y que este jueves presentaron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, en forma de proposición de ley. Las entidades financieras ya han activado a sus equipos legales para intentar, al menos, rebajar la figura fiscal o eliminar alguna de las exigencias. El objetivo, según explican fuentes del sector, es actuar de manera colegiada, en bloque, contra una tasa pionera en la Unión Europea (el Ejecutivo decidió no inspirarse en la italiana por los problemas recaudatorios) que califican de "injusta" e, incluso, de "disparatada" en alguno de sus términos. El Gobierno afirma estar preparado para esta ofensiva y por eso la iniciativa no partió de los grupos parlamentarios sino que los fogoneros de la misma han sido los técnicos de Hacienda.
Dos son los argumentos que la banca pretende emplear en esta batalla legal, siempre según informan desde el sector. Los afectados son las principales entidades -Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell...- y van a reaccionar. En primer lugar, exponen que la proposición de ley planteada por PSOE y UP podría entrar en conflicto con el "principio de proporcionalidad" al entender que "no se respeta el principio de generalidad" que impera en cualquier tributo. "Supone una amenaza a la competencia flagrante", indican desde una de las grandes entidades financieras. A la competencia nacional y a la europea, donde estas firmas operan en un mercado único.
El Gobierno entiende que la subida de los tipos de interés genera beneficios extraordinarios. Por eso los bancos consideran que se debería gravar el mero hecho de comercializar hipotecas, por ejemplo, y no el nivel de facturación. El listón, fijado en un volumen de comisiones e intereses a partir de 800 millones de euros, es considerado injusto: "Qué más da si vendes una hipoteca o cien, ¿por qué limitas a 800 millones?", se preguntan. Este es un aspecto que van a tratar de rebajar o, llegado el caso, eliminar porque consideran que "se genera una distorsión en el mercado" al "imponer un impuesto a unos bancos sí y a otros no".
Segundo argumento de la banca de cara a la batalla legal que van a dar: la base imponible. Así se expresan: "Es un disparate; gravar la facturación significa que puedas gravar a una empresa que pierda dinero". Le ha ocurrido hace no muchos años, con motivo de la crisis del Covid, a alguna entidad financiera, cuya cifra de facturación ha sido elevada y, a pesar de ello, la compañía registró pérdidas.
Los bancos aseguran entender el concepto "arrimar el hombro", empleado por el Gobierno, pero consideran injusto gravar la facturación porque se podría generar un "efecto disuasión". El CEO del Banco Santander, José Antonio Álvarez, cifró este jueves en 50.000 millones el posible impacto sobre el crédito. ¿Por qué? Porque los bancos tienen dos opciones ante el nuevo impuesto: dejar de remunerar a sus accionistas o reducir el capital. La segunda opción implica rebajar 3.000 millones (la recaudación estimada por el Ejecutivo) los préstamos. Teniendo en cuenta los llamados activos ponderados por riesgo (APR o RWA en inglés), la cifra podría multiplicarse, advierten.
¿Existe doble imposición?
Los bancos y sus gabinetes jurídicos no van a desaprovechar ningún resquicio. En este sentido también aprecian que podría existir una doble imposición, indican otras fuentes del sector. Así lo razonan: el Gobierno de coalición, en su proposición de ley registrada, ha evitado hablar de tributo (PSOE y UP se refieren a las tasas como "gravámenes temporales"), pero las entidades financieras consideran que sí lo es porque se trata de un ingreso que irá a engrosar los Presupuestos. Para ser una "prestación patrimonial", explican, se debería producir un pago para una cuestión concreta relacionada con la actividad (el llamado rápel en el caso de las farmacéuticas, por ejemplo).
Por eso afirman estar ante un tributo y, por tanto, ante una doble imposición. "Grava lo mismo que el Impuesto de Sociedades", añaden desde la banca. "Y la doble imposición es inconstitucional"; es más, definen la nueva figura fiscal como "un Impuesto de sociedades bis sin posibilidad de poder deducirse los costes".
¿Un recurso de inconstitucionalidad?
"Prestación patrimonial de carácter público" es el término que ha empleado el Gobierno para intentar evitar la doble imposición, lo que sería recurrible ante los tribunales. Los bancos, que se consideran peor tratados que incluso las empresas energéticas, están dispuestos a abrir la puerta a recursos judiciales o, incluso, a acordar con algún grupo parlamentario, en eso consiste el 'lobby', un recurso de inconstucionalidad. El PP ya se ha mostrado crítico con las dos nuevas figuras fiscales incluso antes de conocer su detalle. Este viernes, los técnicos de Hacienda han citado a las patronales del sector financiero y energético para una reunión informativa.
Los bancos ven también serias dudas en el mecanismo diseñado para que los clientes no acaben pagando más como consecuencia de este nuevo impuesto. Son dudas similares a las que expresa en público Unidas Podemos. ¿Quién va a evitar subir las comisiones?, se preguntan. En un mercado de libre competencia sería posible. En un comunicado, la AEB y la CECA tachaban ayer el tributo de innecesario porque podría afectar "a las decisiones de crédito y riesgo de las entidades, y también a su capacidad competitiva".
El sector energético asume el impuesto
El sector energético también se posicionó este jueves en contra del tributo dado a conocer por PSOE y UP. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), por ejemplo, consideró que "no está justificado por la existencia de beneficios extraordinarios, ya que estas compañías no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha". En este caso la batalla es otra. Las eléctricas consideran que quien realmente está obteniendo beneficios extra son las gasistas y petroleras, de forma que no existe una unidad de acción tan férrea como en la banca.
Entienden, las eléctricas, que el Gobierno ha sido más duro con los bancos y que su figura fiscal ya estaba anunciada desde hace semanas. Por eso desde una de las grandes compañías afirman tenerlo asumido, "incluso los analistas e inversores". "Nos faltaba conocer la letra pequeña", añaden. Sus servicios jurídicos, explican, ·ya están analizando" el impuesto. "No tenemos nada descartado", concluyen.
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