El empresario madrileño David Marjaliza volverá a la Audiencia Nacional el próximo 25 de abril para seguir declarando por su implicación en la trama Púnica, de la que se le considera el presunto cerebro. Se trata de la enésima citación para el constructor de Valdemoro (Madrid) desde que arrancara la causa en octubre de 2014, si bien en este caso se produce después de que en su último interrogatorio el pasado mes de diciembre desvelara que Francisco Granados recurrió al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que le ayudara a ocultar una cuenta en Suiza.
Según informan fuentes de la investigación a este diario, el magistrado que instruye esta causa, Manuel García Castellón, adopta la decisión después de haber terminado de tomar declaración al que fuera su socio José Luis Cápita. De hecho, el interrogatorio a este empresario, considerado mano derecha de Marjaliza en sus negocios en Valdemoro, culminó antes de lo previsto después de que en su última declaración a comienzos de este mes se acogiera a su derecho a no declarar, según indican las mismas fuentes. Algunas defensas habían pedido al juez que suspendiera la citación de Marjaliza a la espera de terminar con su exsocio; y así lo hizo el magistrado que, una vez finiquitado su turno, ha vuelto a llamar para finales de abril al constructor confeso.
De esta forma, Marjaliza retomará el relato que dio a conocer el pasado 17 de diciembre cuando implicó por primera vez en la trama a Villarejo, también investigado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Tándem. En esa ocasión explicó que en el año 2013 -coincidiendo con el operativo de espionaje desde Interior a Luis Bárcenas- Granados le presentó al exjefe policial con el que mantuvieron varias reuniones a tres bandas. El objetivo del exdirigente del PP madrileño, siempre según su versión, era que Villarejo intermediara para paralizar una investigación de la Fiscalía sobre una cuenta opaca que tenía abierta en un banco suizo.
Los vínculos con el caso Tándem no terminan ahí. El constructor también explicó que vendió una vivienda en Valdemoro, localidad epicentro de la trama, a Sergio Ríos Esgueva cuando ejerció como chófer de Granados. Se da la circunstancia de que Ríos Esgueva está imputado en el procedimiento contra Villarejo por ser el que ejecutó el encargo de espionaje cuando ya había pasado a ser chófer de Bárcenas. Esta encomienda, que se costeó con fondos reservados del Estado, consistió en extraerle información reservada del PP cuando era máximo responsable de finanzas del partido. Al respecto, el mismo Bárcenas reconoció en sede judicial la autoría de esos documentos y anotaciones en los cuáles se haría referencia a una presunta financiación irregular de la formación que ahora preside Pablo Casado.
Así pues es muy probable que Marjaliza retome el interrogatorio sobre este punto y dé más detalles concretos acerca de esos encuentros con Villarejo o de su relación con el exchófer de Granados, si bien también se le preguntará por los negocios con Cápita, que fueron destapados por la Fiscalía Anticorrupción y adelantados por este diario. El magistrado Manuel García Castellón acordó la imputación de este empresario a petición de las dos fiscales al frente de la causa, Carmen García y Teresa Gálvez, tras sacar la a luz la existencia de un entramado 'off shore' que habría puesto en marcha desde el año 2008 para ocultar fondos presuntamente ilícitos obtenidos de su participación en varios 'pelotazos' urbanísticos en Valdemoro.
Según Anticorrupción, Cápita y Marjaliza se valieron de un circuito bancario para mover por países tales como Suiza, Ginebra y las Islas Vírgenes el dinero desviado de esas operaciones con el objetivo de no dejar rastro del mismo. Las pesquisas les llevaron a concluir que el exsocio de Marjaliza acabó amasando 715.798 euros en el año 2015, lo que provocó que la Fiscalía solicitara de manera formal su imputación en la causa pese a que su nombre ya apareció en la querella inicial de junio de 2014 por un presunto fraude de una promoción de 693 viviendas del sector de las Zanjas Norte en Valdemoro en el año 2010.
Por estos hechos y por compartir titularidad con Marjaliza en más de una decena de sociedades en la trama, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le imputó ocho delitos -entre los que destacan blanqueo, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad y corrupción urbanística- y le citó para finales de noviembre. En esta primera declaración en sede judicial Cápita reconoció efectivamente la titularidad de algunas cuentas en el extranjero que le atribuyó Anticorrupción a tenor del resultado de las comisiones rogatorias a Suiza aunque dijo que esos fondos provenían de sus negocios inmobiliarios en la década de 1990.
Además de esta parte de la investigación, la causa Púnica avanza también en otras líneas tales como las relativas al presunto desvío de fondos de la empresa pública Arpegio y el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid durante los años 2006 y 2011 -y que el Ministerio Público atribuye especialmente al presunto líder de esta red Francisco Granados- así como las relativas a los contratos que se firmaron durante esa etapa desde diversas consejerías con las empresas del informático Alejandro de Pedro a cambio de una campaña en las redes sociales de mejora de imagen y que valieron la imputación no solo del bautizado como 'conseguidor' de la trama sino de otros exaltos cargos del gobierno regional como Lucía Figar o Salvador Victoria.
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