El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 la histórica subvención de 340.000 euros al Valle de los Caídos, según consta en el anteproyecto de ley que llegó ayer al Congreso de los Diputados. En concreto, la partida irá destinada directamente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957 -justo cuando finalizó la construcción del complejo- y que ha sido administrada por Patrimonio Nacional. Se trata de una transferencia que viene realizándose en los últimos treinta y cinco años y que el actual Ejecutivo coalición no ha podido retirar del proyecto de cuentas públicas. Será, por tanto, un pago directo a los monjes del complejo del que fue exhumado Francisco Franco hace ya un año.
La subvención al Valle de los Caídos aparece incluida en la Sección 25 de los PGE, la correspondiente al Ministerio de Presidencia. En el programa 337A relativo a la administración del Patrimonio Histórico-Nacional se encuentran todas las partidas económicas que recibe Patrimonio Nacional. En concreto, en la 481, se puede leer que la "subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (párrafo 2 del Artículo 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional)" asciende a esos 340.000 euros. La cantidad, por tanto, irá destinada a la abadía que el Ministerio de Presidencia quiere resignificar en la nueva Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva tiempo intentando hacer desaparecer de los PGE esta subvención de 340.000 euros al Valle de los Caídos pero no ha sido posible porque el régimen jurídico de la Fundación no lo permite. La ley es clara al respecto. La disposición final tercera de la Ley 23/1982 reguladora del Patrimonio Nacional contempla que es el consejo de administración de Patrimonio Nacional quien ejerce desde ese año 82 el patronato y representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esa normativa recoge, además, que se trata una representación provisional y que terminaría cuando se adapte el régimen jurídico de la Fundación, una organización que continúa rigiéndose por leyes de la dictadura: un decreto ley de 1957, un convenio con los benedictinos de 1958 y dos reglamentos de 1959. El Gobierno, por tanto, debería haber modificado dicha legislación del 82 para poder ahorrarse esta aportación directa.
Lo que sí ha hecho el Gobierno es intentar modificar la administración de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para iniciar el camino hacia su autofinanciación. Lo hace en la Disposición adicional centésima vigésima cuarta. A partir del año que viene Patrimonio Nacional cargará a la esta entidad los gastos que genere el recinto, con excepción de su personal, y la fundación se quedará con los ingresos que genere la "actividad, rendimientos y explotación de los bienes y derechos de titularidad" de la misma, según informa Europa Press.
La disposición establece que, a partir del próximo ejercicio, los ingresos provenientes de la actividad, rendimientos y explotación de los bienes y derechos de titularidad de la fundación "dejarán de ser contabilizados como ingresos del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, registrándose y contabilizándose como ingresos de la fundación, "de acuerdo con el régimen jurídico aplicable a la misma".
Del mismo modo, los gastos que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional realice en el recinto, en ejercicio del patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, "se registrarán y contabilizarán como gastos" de la entidad y tendrán que ser "soportados" por los ingresos que se consignarán con el nuevo régimen. "Quedan excluidos de la previsión de este apartado los gastos del capítulo I del presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional relativos al personal de dicho organismo que prestan servicios en el recinto del Valle de los Caídos", especifica la disposición.
El proyecto de PGE también pretende conformar un "Inventario de bienes y derechos de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, como inventario separado del de Patrimonio Nacional". Hay que recordar que el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia lleva años reclamando, sin éxito, las facturas de los gastos a los monjes del recinto.
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