El PSOE y el PP han unido sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de una iniciativa de Unidas Podemos, Bildu, Junts, Más País y Compromís que planteaba encargar al Tribunal de Cuentas la auditoría de la Seguridad Social prevista en la ley aprobada el pasado mes de diciembre que reforma el sistema de pensiones. En concreto, esa norma prevé que, a más tardar un mes después de la aprobación de la ley, el Gobierno encargue la elaboración de un informe de auditoría relativa a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva de la Seguridad Social.
Ese informe que debe estar listo en seis meses para ser evaluado por la Comisión del Pacto de Toledo, debe prestar particular atención a la financiación de la acción protectora de la Seguridad Social en cumplimiento del principio de separación de fuentes consagrado en el Pacto de Toledo y contener la cuantificación de los citados conceptos y su financiación en el periodo comprendido entre 1967 y 2019. Unidas Podemos, socio del Gobierno de PSOE, Bildu, Junts, Más País y Compromís defienden que esa auditoría deben realizarla órganos independientes y consideran que el más adecuado es el Tribunal de Cuentas. Por ello plantea que el informe se encargue al fiscalizador a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Vox apoyó su tramitación
Sin embargo el PSOE y el PP, siguiendo el criterio de los letrados del Congreso sumaron sus cinco votos en la Mesa del Congreso para inadmitir la iniciativa. Por contra, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, la propuesta sí recibió el apoyo de Vox, además del de Unidas Podemos, que reúnen un total de cuatro asientos en el órgano de gobierno de la Cámara.
Los servicios jurídicos del Congreso argumentaron que la realización de "auditorías" como la que solicitan estos grupos "no entraría dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas", aunque precisaban que sí es posible solicitar al órgano que preside Enriqueta Chicano que realice un "informe de fiscalización" de los citados ingresos y gastos de la Seguridad Social. Los grupos firmantes de la iniciativa, recogida por Europa Press, subrayan que no sería de recibo que el Gobierno encargase esa auditoría a la Intervención General del Estado o a la de la Seguridad Social, puesto ellas mismas hacen las cuentas que tendrían que revisar y actuarían a la vez como "juez y parte".
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