En el Ministerio de Transición Ecológica, en tiempo de tribulación sí se hace mudanza. La salida del departamento de figuras clave como el jefe de la Abogacía del Estado en el área de Energía, José Ramón Mourenza, o del subdirector general de Energía Eléctrica, Santiago Carabantes, son una muestra de agitación en un ministerio clave, que afronta retos de gran magnitud, entre los que destacan las demandas nacionales e internacionales por los recortes en las primas a las renovables. La salida de Mourenza, fichado por el bufete Herbert Smith and Freehills, afecta a la estrategia de defensa del Estado frente a demandas cuyo importe asciende a 15.000 millones de euros.
La cuantía de lo que se juega España en tres foros internacionales de arbitraje —la Cámara de Estocolmo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial—y en los tribunales nacionales no son estimaciones. Son los cálculos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica.
La ministra Teresa Ribera los detalló en en el Congreso. Así consta en el diario de sesiones (página 4): "las cuantías reclamadas internacionalmente por los demandantes" aseguró Ribera en el Congreso"se estiman en unos 10.000 millones de euros". "A las demandas internacionales" añadió "hay que sumar los 5.000 millones de euros reclamados por inversores españoles ante los tribunales nacionales en relación a los cuales ya existen sentencias firmes, por un valor cercano a 1.000 millones de euros a pagar por el Estado". Ese es el dinero que está en juego y que, muy probablemente, apuntan expertos consultados por La Información, acabará por afectar al bolsillo de los consumidores.
Ribera es consciente del grave problema que suponen las demandas. Y sabe bien que en el seno de su propio departamento ha habido hasta fechas recientes altos cargos que han jugado a la contra de sus planes. Así lo confirman dos interlocutores de la ministra en cuestiones de energía. Ambos coinciden también en que en el seno del ministerio llamado a dar un vuelco al sector energético se había instalado en los últimos meses un ambiente de desconfianza.
Cambio de estrategia
En ese clima, el Ministerio de Energía prepara un cambio de estrategia para hacer frente a las decenas de arbitrajes en los que los abogados del Estado se las ven con la élite del derecho internacional. Los nuevos responsables del área de energía del Gobierno analizan cómo apoyar la labor de los altos funcionarios del Estado con nuevos medios, así como replantear la gestión de los recursos humanos necesarios para hacer frente a la avalancha.
El panorama no es muy halagüeño. Además de la "fuga" de conocimiento que supone el paso de abogados del Estado al sector privado, los gastos de los pleitos crecen y los resultados no llegan. Hasta el momento, según fuentes de la Administración, se han gastado ya 50 millones en la defensa del Reino de España, según fuentes de la Administración, y los resultados no son buenos.
El Estado ha perdido en el Banco Mundial ante los fondos Eiser (condena de 128 millones), Masdar (condena de 64 millones) y Antin (112 millones) y se ha salvado por los pelos en otra demanda -anulada- que perdió en la Cámara de Comercio de Estocolmo a favor del fondo Novoenergía. Eiser y Antin han dado un paso más allá y han recurrido a la justicia de EE UU para que tome medidas y asegure con bienes del Estado español en el país el cobro de sus demandas. Es un movimiento audaz que ha obligado a la Administración española a contratar a toda prisa al bufete estadounidense Foley Hoag, con un coste de 600.000 dólares, según publicó El Periódico de la Energía.
Para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pro-renovable, la situación no es cómoda. Los recortes a las primas de las renovables comenzaron en la época de Rodríguez Zapatero como presidente, pero el grueso de las demandas caen en la cuenta de los Gobiernos del PP.
España lo tiene difícil en los tribunales de arbitraje como lo demuestran los laudos ya conocidos. Puede ganar tiempo -por ejemplo, modificando normas que afecten al valor de los activos comprometidos, lo que puede obligar a recalcular las demandas- pero poco más. El desenlace puede ser poco original: los importes de los laudos acabarán por recaer en la factura de los usuarios. No en vano, la Ley del Sector Eléctrico prevé medidas para impedir la aparición de déficit en el sistema mediante la revisión automática de peajes y cargos. Nada nuevo.
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