Sábado, 15.12.2018 - 06:17 h
Sánchez ya habla de comicios anticipados

Moncloa saca la artillería social y diseña un 'pack electoral' con veinte medidas

El Ejecutivo trabaja a dos velocidades: mientras presiona a los catalanes para que apoyen los PGE,  prepara una batería de novedades para ganar votos.

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez este martes en Madrid. / EFE

El Gobierno trabaja a dos velocidades. Con las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado en punto muerto, el calendario corre y la posibilidad de un adelanto electoral ha irrumpido con fuerza en la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Mientras eleva la presión a los partidos independentistas catalanes (ERC y PDeCAT, por cierto, no terminan que creerse el órdago de Moncloa) para que abandonen su 'no es no' y apoyen la "agenda del cambio" que rubricó con Pablo Iglesias y los suyos, Moncloa y los ministerios preparan toda la artillería social para allanar el camino a las urnas que podrían incluso colocarse en mayo de 2019, junto a las que recojan los votos para europeas, autonómicas y municipales. 

"Moción de censura, estabilidad y elecciones". Son los tres pasos que se marcó el líder socialista cuando llegó de forma apresurada a La Moncloa. Entonces, los números le dieron para desbancar a Mariano Rajoy, pero ahora las formaciones independentistas condicionan su apoyo a su mensaje de "presos por Presupuestos". Ante este empecinamiento y a la espera de los movimientos clave que se desarrollarán sobre Cataluña en diciembre, el propio Sánchez ya se ha abierto en público a anticipar los comicios, al reconocer que si no logra sacar adelante la ley que rige toda la política económica del Gobierno "mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura se ve acortada". La 'operación cortejo' existe (ya se han producido casi una veintena de acercamientos) y por eso en el Ejecutivo son optimistas de cara al futuro.

De hecho, lejos de adoptar una actitud derrotista ante este escenario adverso, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y ha empezado a lanzar mensajes clave a su electorado, el de centro-izquierda. Es ahí donde históricamente el PSOE ha ganado las elecciones, un territorio que el sanchismo aspira a recuperar tras cosechar los peores resultados de su historia en 2016: 84 diputados.

Fuentes del Ejecutivo desgranan a La Información los proyectos que ya se encuentran en marcha, muchos de ellos de especial calado social y que afectarán directamente a ese electorado que buscan los socialistas: sacar a Franco del Valle de los Caídos; elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros; las medidas para con los autónomos y retoques para revertir los aspectos más dañinos de la reforma laboral del PP; la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años; mejoras para funcionarios y pensionistas; el Plan de Empleo Juvenil que se está preparando; la reforma de la normativa hipotecaria; la Ley del Cambio Climático; la nueva Ley de Ciencia; avances en materia de igualdad; novedades en dependencia; la ley de eutanasia; acabar con la Ley Mordaza; la política de vivienda de alquiler anunciada por Ábalos; la educación; las autovías...

Así hasta una veintena de medidas urgentes (que se prevén aprobar incluso vía real decreto) con las que los socialistas pretenden restaurar los derechos arrebatados a los ciudadanos durante la crisis. "Cuando el presidente considere que se han alcanzado los objetivos sociales, convocará elecciones", aseguraba este martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Antes, el jefe del Ejecutivo había adelantado que "si hay respaldo parlamentario para presentar los Presupuestos en diciembre, perfecto, y si no, nos iremos a modificaciones con reales decretos de esos presupuestos que heredamos de Rajoy". Así simplificó Sánchez desde Guatemala lo que definió como "la política de 2018".

Primer objetivo: 15-16 millones de votantes

Sin Presupuestos, otra de las vías transitables para Sánchez pasa por gobernar, el tiempo que pueda, a golpe de decreto. Y aquí aparecen, tan pronto como antes de finalizar el año, tres grandes colectivos que suman nada menos que 15 millones de personas –y de votantes– que, casi con total seguridad, verán mejoras en su calidad de vida a partir del 1 de enero de 2019.

Y es que los más de 9,6 millones de pensionistas, los 2,5 millones de empleados públicos y los 3,2 millones de trabajadores autónomos son prioritarios en el paquete de medidas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar  a finales de 2018 para su entrada en vigor el año que viene. Tres decretazos, en definitiva, para llegar a esos 15 millones de potenciales votantes.

A los primeros, el Gobierno les ha prometido la subida de las pensiones con el IPC y una paga compensatoria por el desvío de la inflación que pueda producirse este año respecto al 1,6% proyectado. Por su parte, los funcionarios y demás empleados públicos han arrancado al Ejecutivo garantías de que sus sueldos subirán, como mínimo, un 2,25% en 2019. Y, mientras, los sindicatos de autónomos se encuentran a la espera de cerrar este jueves la letra pequeña del acuerdo con el Ministerio de Trabajo que finalmente solo subirá la cuota a la Seguridad Social entre 4 y 5 euros al mes, a parte de incluir medidas en materia de protección social.

Mejoras a pensionistas, autónomos y funcionarios,"todas estas cuestiones se pueden aprobar por real decreto", confirman a La Información fuentes de Hacienda que, no obstante, aclaran que "no significa que se haga". Desde el departamento que dirige María Jesús Montero insisten en que "el objetivo es aprobar los PGE y, si no es posible, se verá qué se hace y qué no se hace a través de reales decretos".

Además de estos tres colectivos, el abanico de beneficiarios de medidas urgentes se amplía incluso a los 16 millones de personas, si se tiene en cuenta el medio millón de afectados directos por la subida del SMI y los 372.000 que -según calcula UGT- se verán favorecidos por la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

Cuando empieza a imperar la opción de que el presidente evite llevar el proyecto presupuestario al Congreso para esquivar el varapalo parlamentario, y con las citas electorales a la vuelta de la esquina –y las encuestas a su favor, con buenas expectativas para las andaluzas–, el mismo Sánchez lo ha dejado claro: en el caso de no lograr los apoyos necesarios, y ante las limitaciones presupuestarias heredadas del Gobierno anterior, su Ejecutivo tendrá imposible sacar adelante todos su proyectos, pero priorizará las cuestiones "más importantes" de su agenda social y las llevará a cabo mediante reales decretos leyes.

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