A la Audiencia Nacional 

Santander entrega los papeles de Albella que demuestran que asesoró al Popular

El presidente de la CNMV, que asegura que su intervención fue puntual, declara en la Audiencia Nacional en septiembre coincidiendo con el fin de su mandato.

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella
Santander ha aportado el documento de Linklaters que respaldó la ampliación de 2016. 
APIE

La declaración de Sebastián Albella en el caso Popular el próximo mes de septiembre va a tener como eje principal el asesoramiento que prestó a la entidad por su ampliación de capital. Máxime después de que el Banco Santander haya cumplido con el requerimiento de la Audiencia Nacional y haya aportado a la causa todo el material que demuestra que el despacho Linklaters, al que perteneció el actual presidente de la CNMV, respaldó el proceso de 2016. Aunque Albella y el heredero del Popular tratan de acotar su intervención en una ampliación que luego levantó las sospechas del regulador, la documentación aportada demuestra que el bufete realizó un análisis exhaustivo de esta operación para lograr liquidez. 

La documental que ya obra en el sumario del caso, y a la que ha tenido acceso este diario, recoge por un lado la opinión legal de Linklaters sobre este proceso que ahora está bajo la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades, así como el acta del consejo de administración de la entidad el 25 de mayo de 2016. Se trata de una batería de documentos que requirió el magistrado José Luis Calama Teixeira a petición de Ángel Ron, el cual también reclamó los honorarios del asesoramiento. Todos ellos son remitidos por la entidad que preside Ana Botín la cual explica en una nota que el despacho del que era socio Albella antes de su llegada a la CNMV prestó asesoramiento "estrictamente jurídico" en relación con la preparación de la documentación para la ampliación (como el folleto informativo) y su ejecución.  

La opinión legal fue redactada en inglés y remitida a la Unión de Bancos Suizos (UBS); Goldman Sachs y otras entidades colocadoras que pudieran adherirse a la operación pero no al banco que entonces presidía Ron. En la misma se dejaba patente que habían actuado como "asesores legales" de la ampliación de 2.505 millones de euros a través de la emisión de más de 2.000 millones de acciones y que se había actuado siempre en base a la legislación española. Igualmente, y tras enumerar todos los documentos en los que se ha apoyado el despacho para su estudio, concluyen que el banco tenía la autoridad para cumplir sus obligaciones bajo los acuerdos de emisión y suscripción de acciones. 

Intervención en el Consejo

El texto, que data del 26 de mayo de 2016, también recogió la opinión expresada en el consejo de administración que se celebró un día antes y en el que participó Albella. Los exdirectivos imputados en el procedimiento penal por presuntas irregularidades en el proceso aseguran que la prueba de que el despacho dio el visto bueno al proceso viene recogida en el acta de aquella sesión en la que todos los consejeros, a excepción de uno, dieron luz verde a la operativa. El documento recoge la participación en la reunión del actual presidente de la CNMV y de Jorge Alegre, su entonces socio en el despacho. Albella expuso que la modificación de la Ley de Sociedades de Capital española facilitaba el estudio de la cuestión.  

El también abogado del Estado dijo que, en este contexto, se consideraba que los consejeros actuaban con la diligencia exigible si tomaban decisiones de buena fe, si estaban totalmente informados y si no estaban afectados por intereses personales. Además expuso que una vez analizadas las características de la operación todo apuntaba a que se estaba ante un ejemplo de acuerdo que se alcanza en el marco de la llamada regla del juicio empresarial (Business judgement rule). Antes de abandonar la reunión, el inversor mexicano Antonio del Valle y el entonces vicepresidente José María Arias preguntaron si la abstención liberaba de responsabilidad al consejero a lo que Albella respondió que, efectivamente, hay un principio tradicional en el sentido de que los consejeros que salven su voto y lo manifiesten quedarían cubiertos de la responsabilidad de su decisión. 

Albella, que siempre ha mantenido que su intervención en este proceso fue meramente puntual, tendrá que explicar en su testifical del próximo 17 de septiembre, no solo este respaldo a la operación sino su posterior actuación ya como presidente de la CNMV. El organismo reportó a la Audiencia Nacional en 2018 que había encontrado "datos inexactos con información engañosa" en las cuentas anuales del mismo año en que aprobaron la ampliación de capital. De hecho, el regulador abrió expediente sancionador a la excúpula de la entidad aunque se acordó suspender su tramitación a la espera del avance de este procedimiento penal que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 4. 

El futuro de Albella

Con todo, esta no es la primera vez que su nombre sale a relucir en el procedimiento. En su interrogatorio del pasado mes de octubre, Ron hizo hincapié a preguntas de su defensa que invitó a Albella a la sesión de aquel 25 de mayo porque "lo que le interesaba como presidente" es que se tomaran las decisiones "en base a una información suficiente". "Fue una opinión específica", dijo el banquero a preguntas de su defensa. El exvicepresidente Roberto Higuera también dijo ante los investigadores que la conclusión de Albella era que el consejo estaba actuando de un modo "informado y diligente", mientras que Francisco Gómez apuntó que los consejeros que votaron lo hicieron con conocimiento de causa y que Albella dejó claro que estaban protegidos de cualquier decisión que tomaran. 

Los exaltos cargos que rinden cuentas en el procedimiento penal por la caída del sexto grupo bancario del país buscan probar que la ampliación de 2.505 millones de euros contaba con todas las garantías. De este modo, los directivos imputados pretenden que Albella, cuya intervención en el procedimiento penal coincide además con el fin de su mandato al frente de la CNMV, no ponga el foco exclusivamente en esta etapa del banco sino también en sus últimos meses en los que la entidad sufrió una fuga de depósitos de 18.000 millones de euros que la abocaron a la resolución de la JUR y su posterior venta al Santander. 

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