El abogado Ángel María Garay, personado como perjudicado de los encargos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que cite a declarar como testigo al exdirector general de la Policía Nacional y exsenador 'popular' Ignacio Cosidó. El interés de su testimonio es que aclare si en la comida que se celebró el 7 de enero de 2015 en el complejo policial de Canillas (Madrid), en la que participó el expresidente de BBVA Francisco González, se gestó la denuncia anónima contra Ausbanc que provocó la apertura de una investigación judicial contra el líder de la asociación de consumidores de banca, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quienes han sido condenados por extorsión.
El nombre de Cosidó ya ha salido en otras ocasiones en el caso 'Tándem'. Las agendas de Villarejo recogen referencias al exdirector de la Policía en relación a la 'operación Kitchen', el operativo parapolicial urdido en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas la información sensible que conservaba sobre el partido. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, puso fin a esta línea de investigación el pasado mes de julio con el procesamiento del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez; y la entonces cúpula policial encabezada por el director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, entre otros; además de Villarejo. De este modo, el juez descartó la necesidad de llamar a declarar a Cosidó, pese a que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su imputación, insistiendo en ello en su recurso contra el cierre de la instrucción, pendiente de resolver por la Sala de lo Penal.
Ahora, el entonces máximo responsable de la Policía vuelve a salir a relucir, pero esta vez en relación a los encargos que BBVA hizo al comisario jubilado a través de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt. El que fuera adjunto a la Presidencia de la asociación de consumidores de banca, Ángel María Garay -condenado a un año de prisión por el 'caso Ausbanc'-, ha aprovechado el séptimo aniversario del almuerzo que tuvieron las cúpulas de la Policía y de BBVA para presentar un escrito, al que ha tenido acceso La Información, en el que insiste en la "importancia vital" que tiene investigar ese hecho para esclarecer cómo se desarrolló uno de los trabajos que Villarejo realizó para la entidad financiera, el denominado 'proyecto Pin', cuyo principal objetivo era la cúpula de la asociación.
Uno de los hechos que se trata de aclarar es si los datos obtenidos por el comisario jubilado para BBVA fueron utilizados para elaborar la "denuncia anónima" que dio pie a la 'operación Nelson', el operativo policial que desmanteló la asociación de consumidores, y si la misma se preparó en la comida de Canillas. En este sentido, el pasado 20 de diciembre, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez declaró como investigado y tildó dicho encuentro de "institucional". Asimismo, indicó que nunca estuvo en ninguna comida en la que se hubiera hablado de la presentación de una denuncia contra Ausbanc..
La explicación de Corrochano
Un día después fue el turno de Julio Corrochano, uno de los principales imputados en este procedimiento y uno de los asistentes a la comida. El exjefe de Seguridad precisó que antes de las fiestas navideñas de 2014 acudió a la UDEF, junto al excomisario general de la Policía Judicial Santiago Sánchez Aparicio -cuya imputación también ha solicitado el exdirectivo de Ausbanc- para entregar una copia de un informe que Cenyt le había hecho llegar sobre la asociación que dirigía Luis Pineda, y un borrador de la denuncia que el banco preparaba al respecto. A renglón seguido, agregó que dicho documento también se puso en manos de la asesoría jurídica del banco para su análisis y que el exjefe de dicho departamento, Eduardo Ortega, lo valoró como interesante para el 'plan' que la entidad tenía en relación a la asociación de banca. Finalmente, la denuncia fue presentada en la Comisaría General de la Policía Judicial el 2 de febrero de 2015.
Para Garay, en cuyo escrito relata varios contactos que BBVA mantuvo con la Policía, previos a la comida del 7 de enero de 2015, la reunión que se celebró en los Salones Nobles del complejo de Canillas refleja las "relaciones buscadas y trabajadas, a lo largo de varios meses, por parte de los directivos del BBVA con el mundo policial" para contar con su "espurio apoyo" en el objetivo de "liquidar a Ausbanc con el ropaje falsario de una investigación policial con la finalidad de engañar y manipular la actuación del sistema judicial". Así, concluye que la "actuación criminal" de la entidad financiera, que se encuentra investigada como persona jurídica, "no radica en haber redactado una 'denuncia anónima', sino en haber diseñado e implementado una estrategia global para acabar con una asociación que le era molesta por sus demandas judiciales".
La comida de Canillas fue un reflejo de las "relaciones buscadas y trabajadas, a lo largo de varios meses, por parte de los directivos del BBVA con el mundo policial", según el exdirectivo de Ausbanc
De hecho, el abogado que ejerce como acusación particular contra BBVA en 'Tandem' se apoya en un escrito que el propio Eduardo Ortega -que ha solicitado declarar dos años después de su imputación- redactó tras las comida en Canillas, en la que también participó. Según Garay, este documento "confidencial", denominado 'Relatorio', que obra en el sumario de la causa, constata que el encuentro de enero de 2015 fue "una cumbre de alto nivel entre las dos organizaciones para avalar el preacuerdo ya alcanzado entre los 'sherpas' de las negociaciones , esto es, Santiago Sánchez Aparicio y Julio Corrochano".
Una conclusión que alcanza debido a que dicho documento señala que unos días después de haber estado en Canillas, Corrochano se dirigió "verbalmente" a Ortega para comentarle que, como consecuencia de aquel almuerzo, "en el seno de la policía se ha vuelto a tomar conciencia de la necesidad de investigar a Ausbanc, por ser un secreto a voces que no se trataba de una verdadera asociación de consumidores sino muy probablemente una organización delictiva y por conocerse que BBVA era principal objeto de ataque". En este sentido, el archivo 'secreto' que elaboró el entonces responsable de los servicios jurídicos del banco subraya que el exjefe de Seguridad indicó que "la policía"- sin concreción- le habría trasladado "la necesidad de contar con un elemento detonante que sirviera para iniciar su investigación, por ejemplo, una denuncia, aunque fuera anónima, pues no resultaba razonable investigar a partir de unos hechos que eran conocidos y publicados largo tiempo atrás".
Así, con el objetivo de determinar la génesis de dicha denuncia y conocer qué se habló realmente en la reunión en cuestión, Ángel María Garay no solo solicita la declaración como testigos de Cosidó, sino también del subdirector general del Gabinete Técnico en esa fecha, José Manuel Pérez Pérez; el entonces subdirector general de Recursos Humanos de la Policía, Antonio Rodríguez Martín; y al exjefe de División Formación y Perfeccionamiento Rafael Abeledo. Asimismo, solicita al juez que pida a la Dirección General de Policía, a la Comisaría General de la Policía Judicial y a la UDEF que informen de todas las relaciones establecidas por estos organismos con el BBVA, "concretando específicamente los ingresos percibidos, en el periodo comprendido entre 2012 y 2018".
Si el juez acepta todas estas peticiones, se sumarán a la batería de declaraciones que el magistrado de refuerzo del Juzgado que investiga el caso 'Tándem', Joaquín Gadea, ha acordado recientemente, entre los que se encuentra el exjefe de control interno del banco Eduardo Arbizu o el que fuera jefe de riesgos Manuel Castro, ambos investigados. También, ha citado a declarar como testigos a seis empleados de BBVA para tratar de aclarar qué grado de conocimiento existía en el seno de la entidad financiera de los trabajos que Villarejo realizó, bajo los servicios del Grupo Cenyt, entre 2004 y 2017, y por los que cobró un total de 10,3 millones de euros.
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