Los encuentros del comisario jubilado José Manuel Villarejo con sus clientes servían al principal investigado del caso Tándem y otros socios suyos para alardear no solo de su influencia en la Policía, Hacienda o el sector bancario sino también de su relación con determinados miembros de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping. De esta forma, las escuchas que obran en el sumario de la causa ponen de manifiesto que los acusados se refirieron a uno de los implicados en la operación Emperador como "el que trae la pasta".
Se trata del extracto de una de las conversaciones mantenidas entre el propio Villarejo, su exsocio Rafael Redondo (también investigado) y un grupo de empleados del bufete de abogados Herrero y Asociados (en el momento de los hecho) en el marco de una labor de espionaje de Cenyt, la mercantil de Villarejo. El encargo, que se cerró por 625.00 euros, tenía como finalidad hacer un seguimiento a antiguos miembros de este bufete especializado en el sector de la propiedad industrial a quienes acusaron de competencia desleal al llevarse técnicas de investigación suyas al despacho rival Balder IP Law.
De los extractos de las reuniones mantenidas entre las partes durante los meses de septiembre y noviembre de 2013 se pone de manifiesto cómo Villarejo sacó pecho de sus vínculos con la red Emperador. En concreto, se hizo referencia a Martín Collado; un gestor de patrimonios vinculado a esta mafia china y a quien se refirieron como "el que trae la pasta". Se da la circunstancia de que ambas investigaciones han coincidido en el tiempo en la Audiencia Nacional. En lo que respecta a la trama de corrupción liderada por Gao Ping con la que se defraudaron millones de euros de Hacienda, la Sala de lo Penal denegó el pasado mes de diciembre una nueva prórroga a la instrucción de la misma, que arrancó en el año 2011.
Así consta en un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se ordena reabrir la parte de la investigación contra las cuatro personas vinculadas al despacho Herrero y Asociados. En concreto se trata de Francisco Carpintero, en la actualidad jubilado; María Ángeles Moreno, que ya no pertenece al bufete; y de los directivos Andrés Medina y Álvaro Martínez. Estos dos últimos fueron cesados de manera provisional hasta que se aclare su situación procesal, de acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por este diario.
En dicho auto, los magistrados exponen los motivos por los que estiman el recurso planteado por la Fiscalía Anticorrupción -y al que se adhirió la acusación popular que ejerce Podemos- contra la decisión del primer instructor de la causa, Diego de Egea, de archivar provisionalmente las actuaciones sobre ellos. La Sala considera que su implicación en las reuniones con Villarejo y cuyos audios obran en el procedimiento, es lo suficientemente indiciaria como para investigarles por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
Las buenas relaciones con el BBVA
Del contenido de dichos encuentros, adelantados por el diario Vozpópuli, consta cómo el comisario jubilado -único imputado de la causa que sigue en prisión provisional debido al alto riesgo de fuga- hace referencia expresa a la ilegalidad de las técnicas que estaban empleando para hacer efectivo el encargo. Tanto es así, que acordaron no incluir en el informe final toda la información relativa a los movimientos bancarios de los espiados conseguida, según expusieron, gracias a la buena relación que mantenían con determinadas personas del sector pese al blindaje existente. "Tú sabes que esto es más ilegal que una patata", llegó a decir el propio Villarejo.
En otros encuentros también se hace referencia a la reticencia del BBVA a doblejarse a estas peticiones aunque se reconoce la existencia de buenas relaciones con la entidad, gracias a las cuáles, se podrían esquivar las salvedades. De Hacienda aseguran que no da nada "gratis" y que, en este tipo de "cosas delicadas", la gente se la juega, por lo que, a cambio, "hay que untarlos". La Fiscalía respalda su recurso basándose tanto en los informes que se emitieron por escrito sobre el proyecto 'Iron' (nombre con el que se bautiza la pieza número 2 de este macroprocedimiento) como en las notas internas de trabajo que se utilizaron desde la mercantil de Villarejo. En las mismas aparecía el inspector jubilado Antonio Bonilla (también investigado en esta pieza por revelación de secretos) con el sobrenombre de 'Boni'.
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