Una de las últimas decisiones que tomó el Gobierno central antes de ir a las elecciones generales fue la adjudicación del contrato de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. VidaCaixa, Santander, BBVA, Caser e Ibercaja Gestión se han hecho con la licitación de este nuevo programa que persigue incentivar el ahorro para la jubilación desde las empresas. Aunque todavía faltan por ultimar los flecos de este contrato con el que se pondrán en marcha quince fondos de pensiones, su relanzamiento llega después de diez años de decadencia, en el que las pérdidas de patrimonio han sido una constante.
Desde el año 2012, prácticamente todos los ejercicios han cerrado con un saldo de flujos negativo, es decir, el volumen de las retiradas de dinero ha sido mayor que el de las entradas. Ese año, marcado por la crisis de deuda que asolaba a los países periféricos de la eurozona, las salidas ascendieron a 175 millones, cifra que se vio condicionada por la eliminación de las aportaciones a los planes de previsión social complementaria de los funcionarios. Desde entonces, el goteo ha sido una constante, produciéndose las caídas más acentuadas en 2016 y 2018, cuando se retiraron 750 millones en cada caso. El año pasado la cifra ascendió a 241 millones.
Ahora se busca resucitar esta fórmula a través de la negociación colectiva sectorial, como aconseja el Pacto de Toledo, en aras de fomentar el ahorro privado de los trabajadores desde la empresa para complementar a las pensiones públicas, así como facilitar su acceso a pymes y autónomos, que hasta el momento lo tenían más complicado. Al cierre del semestre, el patrimonio de estos vehículos ascendía a 35.385 millones, cantidad sobre la que lleva estancada en la última década, con un incremento de 2.813 millones desde finales de 2012, una décima parte de lo que lo han hecho los planes individuales, cuyo patrimonio ha aumentado en 30.797 millones, montante que representa algo menos de un tercio del total, según datos de Inverco.
Desde la patronal de los fondos de inversión, el director de Estudios, José Luis Manrique, carga contra el tiempo y la forma en la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impulsado la iniciativa, "sin respetar los plazos". En concreto, el experto critica que se haya reducido la aportación a planes individuales deducible en la declaración de la renta hasta un importe máximo de 1.500 euros, frente a los 8.000 estipulados hasta el año 2020 "antes de que hayan entrado en vigor los planes de empleo".
El golpe llegó en 2021, cuando se rebajó a 2.000 euros para aplicar otra reducción de 500 euros en el ejercicio siguiente, hasta el nivel en el que se encuentra en el momento actual. Este cambio normativo contemplaba la opción de elevar a 8.500 el límite de aportaciones siempre y cuando procediera de planes de empleo. En este contexto, Manrique cuestiona si realmente los últimos desarrollos legales llevados a cabo se van a traducir en un "despegue" de estos vehículos, mientras se ha "penalizado" un producto (los planes individuales) que es un referente en el ahorro a largo plazo para los españoles.
Al igual que el patrimonio, el número de partícipes del sistema de pensiones colectivo lleva anclado en el entorno de los dos millones de personas desde 2010. Aunque a lo largo de este periodo ha experimentado ligeras variaciones, se mantiene desde entonces en esa barrera, con un ligero repunte entre abril y junio en 111.000 personas. De confirmarse este incremento al finalizar 2023, se trataría de la primera vez en siete años que experimenta un aumento. La tendencia se repite en el caso de los individuales, en los que el volumen de partícipes también ha ido decreciendo. La falta de estímulos y, principalmente, el envejecimiento de la población lastran la captación de más inversores que destinan parte de su dinero a este producto.
En julio de 2022 entró en vigor la ley de fomento de los planes de pensiones de empleo, con la intención de favorecer los planes de pensiones colectivos y los minoritarios frente a los individuales a través de la creación de un macrofrondo de promoción pública. Las cinco gestoras todavía están pendientes del desarrollo de la plataforma digital que concentrará los 15 fondos, de tal manera que cada firma se hará cargo de un fondo de renta fija, otro de renta fija mixta y un tercero de renta variable. Entre sus ventajas destacan las menores comisiones de gestión, que oscilarán entre el 0,10 y el 0,26%.
