Otra patada a las ‘Big Four’ en el trasero de las empresas del Ibex

El escándalo de la ‘fintech’ Wirecard en Alemania, ensalzada hasta hace poco como una entidad modélica en el floreciente segmento de los pagos electrónicos, recuerda en su morfología financiera a la expropiación de Rumasa, adoptada a instancias del ministro socialista Miguel Boyer hace casi cuarenta años. Ambas quiebras fueron certificadas a partir de multimillonarios agujeros contables que, salvando las distancias naturales en el tiempo y sus múltiples avatares corporativos, han puesto en el disparadero a las principales auditoras mundiales. Las renombradas ‘Big Four’, cuyos antepasados históricos tomaron carta de naturaleza en España precisamente durante la época de la Transición democrática, vuelven a colocarse estos días, por enésima vez, en el ojo del huracán de un gran debate conciliar que amenaza el modelo de negocio del sector y cuyos ecos empiezan a resonar con inusitada fuerza también en España.

Consideradas en ámbitos anglosajones como el ‘pariente pobre’ de la contabilidad profesional existe la impresión de que esta vez las célebres Deloitte, PwC, EY y KPMG no se van a ir de rositas. En el Reino Unido, el Financial Reporting Council (FCR) acaba de lanzar un programa orientado a la segregación de las unidades de auditoría de estas cuatro entidades multinacionales antes de 2024, en lo que se entiende como la primera reforma estructural de calado desde la quiebra hace dos años del grupo constructor Carrillon. El regulador británico ha aprovechado el terremoto de Wirecard para reforzar sus poderes de supervisión en aras de lo que se supone una mejora de la competitividad en el sector que servirá para poner término, o al menos eso se pretende, a los conflictos de interés que puedan derivarse de la multiplicidad de actividades que realizan las ‘Cuatro Grandes’.

La escisión que ahora se plantea a nivel internacional fue el argumento de fondo que inspiró la actual Ley de Auditoría vigente en España desde 2015 y que representó el colofón de la batalla sorda mantenida por el sector con el exministro Luis de Guindos a raíz de la crisis bancaria de la pasada década. El ‘caso Bankia’, cuya sentencia se está haciendo esperar más de la cuenta no se sabe muy bien si por la pandemia o por discrepancias en el seno del tribunal, quebró la confianza secular de los poderes públicos en las inmarcesibles empresas del sector. El guante de seda dio paso a una mano de hierro por parte del Gobierno del Partido Popular, desatando una indiscriminada oleada de multas y sanciones a cargo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo regulador con dependencia funcional en línea directa del Ministerio de Economía.

La imposición del doble auditor replica el modelo francés y se justifica bajo el  argumento de aumentar la competencia dentro del sector

El ‘lobby’ industrial aguantó la embestida lo mejor que pudo mientras trataba de concienciar a la vicepresidenta Nadia Calviño para propiciar un cambio al frente de una entidad que se había convertido en un verdadero martillo pilón para las auditoras. Enrique Rubio, uno de los últimos cargos públicos que todavía se mantenían en su puesto tras la llegada del PSOE al poder, fue sustituido finalmente el pasado mes de febrero en la presidencia del ICAC por Santiago Durán, un hombre de la casa y antiguo presidente de la Asociación de Inspectores de Seguros. El anhelado relevo operó un cierto efecto balsámico en los cuarteles generales de las compañías afectadas, pero los equipos técnicos del Ministerio de Economía no quieren que el regulador se sienta secuestrado por los regulados y están buscando las vueltas de nuevas disposiciones normativas que han puesto otra vez a las ‘Big Four’ al borde de un ataque de nervios.

La nueva espada de Damocles que pende en estos momentos sobre el sector radica en el Reglamento de la citada Ley de Auditoría. Al actual Gobierno socialista le han entrado repentinamente las prisas por desarrollar la letra pequeña de la regulación auspiciada por Luis de Guindos, que se publicó en el BOE hace justo cinco años. La subsecretaria de Economía, Amparo López Senovilla, quiere dar un ‘touche de force’ en una réplica contundente a las reclamaciones de las grandes auditoras que llevan años pregonando en el desierto para que la titularidad del ICAC se traslade a la CNMV como organismo independiente, se supone, de supervisión económica y bursátil. La cuestión que se plantea no es baladí dada la pulsión del actual Ejecutivo por controlar cada vez mayores parcelas de poder directo dentro de la Administración del Estado.

La ofensiva institucional se despliega a través del propio presidente del ICAC, situado como no podía ser de otra manera en primer tiempo de saludo ante las directrices que emanan del Ministerio de Economía. El objetivo manifestado por Durán apunta a finales de año como horizonte para desplegar un nuevo reglamento que, sin llegar a posiciones maximalistas como las del Reino Unido, tiende a generar un importante movimiento de tierras dentro del negocio de la auditoría en España. Al cambio se trata de dar un tirón de orejas a la ‘Big Four’ en aras de la manida y sagrada competencia, para lo cual se quiere impulsar a las pequeñas firmas de auditoría que hasta ahora han venido actuando como convidados de piedra en la renovación de los grandes contratos bursátiles que fue impulsada por la Ley de Auditoría.

En los cuarteles generales de las 'Big Four' y de las grandes empresas del Ibex existe gran desconcierto ante el nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría

El plan que se sustancia entre bambalinas para su envío al Consejo de Ministros en forma de decreto-ley consiste en adoptar en España el modelo francés para exigir que las grandes sociedades cotizadas sometan en adelante sus estados financieros a un escrutinio anual por parte de dos firmas independientes y competidoras entre sí. La denominada coauditoría extenderá el número de players en el sector, pero convertirá a los principales emisores en víctimas colaterales de una medida que también aumentará los costes recurrentes y generará nuevos obstáculos en el ya de por sí alambicado proceso de verificación de cuentas existente en nuestro país. De ahí que el nuevo Reglamento haya despertado los recelos del Ibex, cuyos más honorables inquilinos no entienden la necesidad de exponer por partida doble sus patios traseros para dar gusto a los nuevos ímpetus interventores.

La penuria y la incertidumbre económica han abierto un inmenso abanico de prejuicios en las relaciones de los poderes públicos con los agentes empresariales, que se traducen en no pocas tentaciones a la hora de establecer todo tipo de condicionalidades a la actividad productiva. El hambre reguladora del Gobierno neocomunista de coalición se junta con las ganas de comer de algunos funcionarios que se han tomado pero que muy a pecho el cargo asignado. Cierto es que la situación de emergencia requiere soluciones de urgencia, pero precisamente por eso conviene también recordar que en periodos de tribulación no es bueno hacer mudanza. O dicho de otro modo, los experimentos mejor con gaseosa no vaya a ser que el remedio se demuestre peor que la enfermedad. Si algo está dejando en claro la crisis es que todo es susceptible de empeorar.