La cartera de Calviño y los donuts de la SEPI

Si el confinamiento fue considerada la palabra más significativa de 2020 dentro del universo hispanohablante, se puede dar por descontado que en 2021 otro término no menos desolador amenaza con echar raíces en la truculenta jerga vinculada al coronavirus. El triaje, como sinónimo de cribado, tuvo un arranque luctuoso y fue utilizado como vocablo siniestro para definir el proceso de selección de pacientes que debían ser atendidos en detrimento de otros menos afortunados cuando los hospitales se vieron colapsados en la primera ola de la pandemia. La macabra connotación del concepto motivó su rechazo en el imaginario colectivo, pero todo hace indicar que la expresión alcanzará plenitud para identificar técnicamente esa nueva selección que se va a imponer ahora en la actividad económica entre aquellas empresas viables que deben ser salvadas de la crisis y las otras zombis que serán condenadas de manera irremisible al infierno de la quiebra y consiguiente liquidación.

La metodología utilizada por la Unión Europea para determinar el esfuerzo presupuestario llevado a cabo por cada uno de los Estados miembros durante el pasado año sitúa a España como el país más roñoso de toda la zona euro a la hora de rascarse el bolsillo frente a la crisis. A Nadia Calviño le duele en el alma cada vez que se ha visto obligada a tirar del talonario y ha mostrado escasa sensibilidad ante los gritos de socorro de todos los sectores que amenazan con perecer ahogados en el diluvio de la pandemia. La responsable de la política económica ha decidido que es mejor aparcar los problemas sobrevenidos y pensar en la salida de la repentina recesión para que su Gobierno no se vea superado por los acontecimientos cuando llegue el momento de rendir cuentas ante esos mismos que ahora invocan desde Bruselas el ritual de nuevos estímulos fiscales.

La timorata actuación de la vicepresidenta adquiere una significación dramática ante el clamor de los empresarios por unas ayudas directas que compensen la parálisis de la actividad impuesta por los poderes públicos. Pedro Sánchez habla de meter en el saco otros 11.000 millones para un nuevo y generoso rescate, pero mientras el Gobierno sigue empeñado en créditos reembolsables y moratorias fiscales que arrastrarán millonarias deudas a futuro, los damnificados de la crisis exigen subvenciones a fondo perdido en una cuantía que la patronal catalana Foment sitúa en 50.000 millones de euros. Una cifra calculada con el rigor del Banco de España en atención a las aportaciones efectuadas en otros países como Alemania y Reino Unido, que han echado el resto, o incluso en Francia e Italia, que han asumido también un importante sacrificio fiscal dentro de sus posibilidades. España ha hecho mutis por el foro esperando que el programa de vacunación favorezca una reactivación virtual estimada sobre un papel que todo lo soporta.

Sánchez se ha sacado de la manga otros 11.000 millones de ayudas, pero nadie garantiza que sean aportados como fondos frescos en forma de subvenciones directas a las empresas

El optimismo rebuscado como argumento de austeridad se convierte en cicatería ante los estragos que sufren las principales industrias autóctonas del país, como el turismo, la hostelería, el comercio, las agencias de viaje, la restauración, el transporte, la cultura o el deporte. Pero el Ministerio de Economía ha batido el récord histórico de deuda pública, que alcanzó un 117% del PIB al cierre del pasado ejercicio, y sigue erre que erre defendiendo como única alternativa la ampliación de los ERTEs o la condonación de los antiguos créditos avalados por el ICO. Como si no supiera distinguir lo que va de amar a querer, Calviño se niega a aportar inyecciones de dinero fresco en vena y se escuda en medidas de carácter paliativo que están poniendo de los nervios a los supervisores financieros, dado el compromiso que comportan para la garantía de solvencia de todo el sistema bancario.

El Gobierno de Sánchez ha trasladado el peso de la púrpura a la banca para que sea ella la que decida quienes de entre sus clientes están en condiciones de remontar la cuesta y quienes han de perder toda esperanza de supervivencia. El célebre y sórdido triaje resucitará los fantasmas de ese pasado no tan lejano cuando las entidades financieras cerraron el grifo de la financiación argumentado la escasa demanda de crédito en la anterior crisis de deuda. Ahora tres cuartos de lo mismo porque los castigados prestamistas no van a poner en riesgo sus balances en medio de un proceso de ajuste y reconversión interna como el que están llevando a cabo en España. Por si no fuera suficiente, los bancos tienen bien curtido el lomo de su reputación corporativa y lo último que harán es meterse a redentores para salir crucificados una vez más en la plaza pública.

El problema que subyace es la falta de liderazgo que voluntariamente caracteriza a Pedro Sánchez cuando el jefe del Ejecutivo es alertado por sus sabuesos asesores de olor a chamusquina en las inmediaciones de La Moncloa. Esa es la tónica que ha marcado toda la gestión sanitaria desde que hace un año se decretó la pandemia y la que ahora desacredita a nuestros gobernantes frente al clamor de actuaciones que se antojan indispensables para salvar los muebles en medio del naufragio. En el barco de la gran crisis económica el presidente no quiere ejercer de capitán y es el primero que trata de ganar su bote salvavidas en una demostración de impune y consentida indolencia que ha creado escuela, para mal ejemplo, entre algunos de los administradores públicos encargados de gestionar la gran operación de socorro empresarial.

El actual presidente en funciones de la SEPI se niega a aprobar ningún rescate empresarial mientras los expedientes no tengan el respaldo político previo del ministro de turno

Flagrante es el papelón que está haciendo la nueva SEPI con ese fondo de 10.000 millones de euros dotados no se sabe muy bien para qué menesteres ni con qué funcionalidad operativa. El antiguo INI sigue languideciendo bajo la inercia de la molicie que deparó la pérdida de las grandes joyas de la corona empresarial tras el programa de privatizaciones llevado a cabo a finales del pasado siglo. Durante la última década, el holding industrial creado por Franco tras la Guerra Civil se ha convertido en un lugar ajeno a toda memoria histórica, una reliquia del pasado de la que nadie quería acordarse. Hasta que las pulsiones estatistas del comando de intervención oficial comprobaron que la entidad ahora dependiente del Ministerio de Hacienda podía servir de instrumento como brazo ejecutivo de mando y control sobre todas esas empresas necesitadas de recursos públicos.

La intentona por devolver los fueros a la SEPI ha tropezado con la ineficiencia que abduce al Gobierno cada vez que tiene que conjugar sus postulados doctrinales con un mínimo criterio de gestión empresarial. El grupo público ha estado dirigido en funciones por Bartolomé Lora desde octubre de 2019, cuando su antecesor, Vicente Fernández Guerrero, fue obligado a dimitir tras verse salpicado por el caso Aznalcóllar. Desde entonces la SEPI viene trabajando sin un timonel con poderes realmente ejecutivos, esperando en vano que el hombre de confianza de María Jesús Montero fuera reinsertado en la presidencia de la sociedad estatal una vez archivados sus cargos judiciales. El exceso de confianza ha dejado compuesta y sin presidente a la ministra, pero también ha desesperado a ciertos enteradillos que no dudaron en acudir hasta Málaga para negociar en persona las ayudas financieras con el dirigente andaluz, que finalmente ha sido procesado por un juzgado de Sevilla.

El presidente de pega ha actuado mientras tanto como un delegado de clase pulcro y aseado que sólo se ocupa de trasladar los expedientes al consejo de administración. Lora ha abdicado de toda responsabilidad política dejando que fueran los representantes ministeriales reunidos en el máximo órgano de gobierno quienes asumieran el riesgo de unas decisiones que ninguno ha querido aceptar. Así se entiende que sólo Air Europa haya accedido al rico panal de miel, no sin la mediación expresa e insistente del ministro José Luis Ábalos. Los demás pretendientes, como puedan ser Celsa, Duro Felguera, Naviera Armas o la cadena Eurostars de Amancio López, el amigo de Mariano Rajoy, tendrán que esperar turno hasta nuevo aviso de la superioridad. Mientras Calviño siga guardando celosamente la cartera parece difícil que nadie en la SEPI se pueda comer un rosco.