El Banco de España ha vuelto a meterse en camisa de once varas tras insistir, por enésima vez, en la necesidad de retrasar la edad de jubilación como fórmula mágica para sanear el sistema público de pensiones. Por menos de eso salió escaldado en su día Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) cuando el tristemente famoso exgobernador se dedicaba a pontificar sobre los grandes desequilibrios que aquejan desde tiempos inmemoriales la actividad económica en nuestro país. El actual jefe al mando del caserón de Cibeles, Pablo Hernández de Cos, debería tomar buena nota porque los mismos que vilipendiaban a su antecesor en el cargo se encuentran ahora en ciernes de ser investidos con la púrpura institucional en el futuro Gobierno de la nación.
No conviene olvidar que fue Podemos y, más concretamente la presunta ministrable de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se cargó el Pacto de Toledo poco antes de las elecciones fallidas del 28-A. Previamente las huestes de Pablo Iglesias dieron al traste con el acuerdo que prácticamente tenía ventilado la exministra Fátima Báñez con la que luego sería su sucesora, Magdalena Valerio, para dar cobertura al déficit de la Seguridad Social en un programa de actuación establecido durante un plazo de cinco años. El objetivo de este verdadero pacto de Estado, imposible después de la célebre moción de censura de junio de 2018, no era otro que asegurar la separación de fuentes de modo que las prestaciones de jubilación no tengan que ser sufragadas con cargo a los Presupuestos.
La sostenibilidad de las pensiones es el gran tabú que ha tenido que afrontar la economía nacional en los últimos cuarenta años de alternancia en el poder entre el PSOE y el Partido Popular. Tanto los gobiernos socialdemócratas como los de tinte liberal conservador han venido haciéndose un sinfín de trampas en el solitario en su empeño por salvaguardar al erario público del llamado ‘lobby de los pensionistas’. Sin duda, el más fuerte y numeroso grupo de presión existente en nuestro país a poco que encuentre un líder carismático y dispuesto a explotar sin mayores escrúpulos esos sentimientos demagógicos que pueden conducir a una verdadera revolución de corte social en España.
El próximo e inminente retiro laboral de la denominada generación del 'baby boom', los nacidos a partir de finales de los años 50, provocará un crecimiento paulatino en el número de pensionistas hasta alcanzar la cifra de 15 millones de personas a la vuelta de poco más de veinte años. El ejército de los casi nueve millones de españoles que cobran a día de hoy una prestación por jubilación irá nutriéndose con nuevos refuerzos infranqueables para cualquier Gobierno que se precie. El reconocimiento de las pensiones y el mantenimiento de su poder adquisitivo será condición indispensable para cualquier partido político que aspire a conservar el poder. Pedro Sánchez tiene bien aprendida la lección de Zapatero, que aparte de dejar el país como un solar fue el último gran reformador (y deformador) del sistema público de pensiones.
El viejo truchimán salió tarifando como no podía ser de otra manera y sus actuales aprendices de la alianza progresista no están dispuestos a sucumbir ante las presiones que insisten en recortar los derechos de los virtuales ‘legionarios’ llamados a engrosar las filas de jubilados en España. Ni las recriminaciones que llegan desde ámbitos comunitarios ni las más arrogantes recomendaciones de los que hablan con la boca llena y el riñón bien forrado pueden convalidar una reforma de la Seguridad Social en las actuales circunstancias políticas. No se olvide que España está en trance de ser gobernada por una coalición social-comunista, prendida con alfileres y en medio de un clima de incertidumbre y desaceleración económica.
La amenaza que desde muy distintos ámbitos económicos se cierne sobre el sistema público de pensiones es un fantasma al que le chirrían las cadenas porque, a la postre, la Seguridad Social es parte integrante del Estado y sus cuentas incorporan cada año las transferencias de capital procedentes del Ministerio de Hacienda. En definitiva, y por mucho que los más ortodoxos defensores liberales se nieguen a reconocer las evidencias, las jubilaciones ya se vienen pagando a partir de los impuestos. En otras palabras, la quiebra de la Seguridad Social es simple y llanamente una falacia, al igual que ocurre con la famosa hucha de las pensiones que no deja de ser una mera y simple ilusión contable; muy eficaz, no obstante, como arma arrojadiza del debate político.
Juego de apariencias para no soliviantar a Bruselas
La cuestión se observa más claramente si se tiene en cuenta la comparativa de la situación actual con el momento crítico de la crisis, allá por 2011. Hace ocho años el Estado registraba un déficit del 9,5% y la Seguridad Social presentaba cifras de superávit. Al cierre de 2018, sin embargo, el déficit público se había recortado al 2,5% del PIB pero precisamente la mitad de este agujero era debido a la Seguridad Social. ¿Podría alguien creerse que las pensiones de los españoles estaban más y mejor garantizadas en 2011 que ahora? Solo hace falta remitirse a los hechos para encontrar la respuesta, pero en caso de duda convendría recordar que los sistemas de pensiones no quiebran en sí mismos sino como consecuencia de la bancarrota de los Estados.
A partir de esta consideración, el coste de las jubilaciones debe entenderse como un gasto público, probablemente el más justo y necesario además de la sanidad y de la educación. Esos son los tres apartados subyacentes en el núcleo de las capitulaciones que están negociando el PSOE y Podemos, sencillamente porque son los que, con mayor hincapié, viene reivindicando desde hace tiempo Pablo Iglesias. Pedro Sánchez parece dispuesto a entregar la cuchara con todas las consecuencias pese a que en los últimos días los estrategas de Moncloa se han esmerado en mostrar su aparente rechazo a ceder el control de la Seguridad Social para no soliviantar al resto de colegas comunitarios.
El líder socialista sabe que las pensiones constituyen algo así como el canario en la mina que sirve para detectar el liderazgo económico dentro de cada uno de los Estados miembros de la Unión. El presidente del Gobierno en funciones necesita presentar de una vez sus nuevas cartas credenciales y para eso tiene que danzar al son del baile de máscaras que tocan los burócratas de Bruselas. Pero que nadie se engañe ni se alarme, Sánchez no va a impedir que su disc jockey de Podemos se encargue de pinchar la música de acompañamiento que ambientará las relaciones del Gobierno con los jubilados. De ello depende que ambos socios puedan alargar su entente cordial mucho más tiempo del que augura su forzado matrimonio político de conveniencia. La cohabitación de Pedro y Pablo tiene en los 15 millones de futuros pensionistas su número privado de seguridad social.
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