La unanimidad parlamentaria con que ha sido catapultada al estrellato la nueva presidenta de Airef, Cristina Herrero, puede constituir un arma de doble filo si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cae en la tentación de establecer una relación de jerarquía con la sustituta y recomendada de José Luis Escrivá. De momento, la llamada autoridad independiente encargada de fiscalizar las cuentas públicas ha recibido el encargo de abordar uno de sus habituales ‘spending review’ con el fin de descifrar a toda prisa el desglose de esos 37.000 millones de bonificaciones fiscales emboscadas en nuestro sistema tributario y que constituyen la principal veta remanente para que el Gobierno estruje el bolsillo de los contribuyentes con otra vuelta de tuerca recaudatoria.
Iván Redondo, el omnisciente zar de Moncloa, tiene ya preparada una buena retahíla de argumentos para desviar la atención de la más que probable subida indiscriminada de impuestos. La principal coartada, como no puede ser de otra manera en esta etapa de crispación política, consiste en señalar con el dedo a los adversarios del Partido Popular recordando a grito pelao el bajonazo del IRPF adoptado por Mariano Rajoy al mes escaso de llegar al poder a finales de 2011. De la misma manera que José Luis Ábalos trata de minimizar los efectos del ‘Delcyygate’ con el nefando recuerdo del 11-M la colega de Hacienda no tendrá reparos en defender su voracidad tributaria señalando a su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, y su célebre recargo temporal solidario aplicado a escote de todos los españoles hace ocho años.
Los servicios técnicos de Hacienda tratan de buscar debajo de las piedras nuevos horizontes de recaudación que permitan a Nadia Calviño vestir las cuentas públicas a la moda de Bruselas y dotar de fiabilidad un escenario fiscal que, a día de hoy y mientras no se demuestre lo contrario, supone un verdadero misterio dentro de un enigma. La supresión de las exenciones y desgravaciones que merodean en las distintas figuras tributarias constituye una opción razonable, pero el problema reside en que la mitad de todas esas discriminaciones positivas están concentradas en el IVA, lo que invita a una reclasificación en el tipo impositivo de muchos productos de consumo masivo que lógicamente repercutirán en la cesta de la compra, dañando seriamente la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de a pie.
La tentación de subir el gravamen de los restaurantes del actual y reducido 10% al general del 21% es manejada en estos momentos con todas las cautelas ante la más que segura polvareda que una decisión de esta naturaleza puede despertar en toda la industria turística. Es lo último que le faltaba al sector en plena irrupción del coronavirus, pero la amenaza es latente a sabiendas de la improvisación con que se las gasta el Gobierno cada vez que se encuentra acorralado ante algunas de sus múltiples contradicciones políticas. El proceso de consolidación y estabilidad presupuestaria, que ha sido la principal seña de identidad de España para salir de la crisis, se ha convertido ahora en una de las más peliagudas encrucijadas a las que se enfrenta Pedro Sánchez.
El marco fiscal del Gobierno dual se sustenta en un despotismo ilustrado en materia tributaria, donde las actuales responsables del erario público se obstinan en recetar a los ciudadanos una vida de lo más sana a base de una dieta extraordinariamente rica en impuestos. A modo de aperitivo, la ministra Montero, la de Hacienda, se ha sacado de la manga nuevas figuras recaudatorias a partir de los envases de plástico de un solo uso y de los billetes de avión. Dos entrantes que deberán incorporarse al menú del día para todos los contribuyentes, pero que atacarán de manera especial la fibra sensible de ese consumidor de clase media que hace tiempo abandonó la obsesión por una buena despensa para ilusionarse con un futuro de muchos más altos vuelos.
Un ministro liberal en la corte de un Gobierno populista
La masa anónima de trabajadores se convierte de nuevo en la palanca principal para estrujar las más tradicionales bases impositivas en nuestro país, demostrando la incapacidad administrativa para encontrar otros caladeros que realmente puedan satisfacer la financiación del mastodóntico aparato del Estado y sus diecisiete reinos de taifas. Dicho de otro modo, el Gobierno progresista de boquilla vuelve a sangrar los jornales del pueblo llano para recibir las credenciales de la burocracia comunitaria a su incontinencia fiscal. Una vez más se hace bueno el adagio de una historia que terminó por resultar trágica a muchos de los que confiaron en Rajoy y que ahora empieza a repetirse como farsa para aquellos que han preferido engañarse con Sánchez.
El itinerario fiscal de ambos dirigentes carga todo el peso del camino en las economías domésticas y en las rentas laborales, como demuestra la estrategia perfilada por el nuevo ministro de Seguridad Social en el Congreso de los Diputados. José Luis Escrivá encarna la solución de continuidad con que el Gobierno trata de complacer a Bruselas para llevar a cabo una reforma exprés del sistema público de pensiones, a buen seguro la más importante de todas las que se dejó en el tintero el Partido Popular. Al igual que su colega de Hacienda, el expresidente de la Airef no remienda de viejo y ha decidido abrir boca con una subida de las cotizaciones sociales que tiene de los nervios a los empresarios, pero que supone un hachazo impositivo al trabajo y, por ende, a los trabajadores.
A partir de ahí, y tras la consiguiente apelación al Pacto de Toledo para que se mojen el resto de grupos políticos, el ministro ejerce su instinto liberal con una solución salomónica a la pata la llana que pasa por rebajar, retorcer y, a poder ser, eliminar los diferentes mecanismos de jubilación anticipada. Todo ello para retrasar la edad de retiro como ya hiciera Zapatero durante sus postreros coletazos en el Gobierno. Los damnificados serán los españolitos de la generación de los años 60, destinados a convertirse en filántropos a la fuerza de una Seguridad Social cuya hucha han venido engrosando con el esfuerzo de dilatadas vidas laborales y sucesivas décadas de cotización. Los baby boomers se incorporan así a la legión de víctimas propiciatorias dentro de esa clase media a punto de recibir la eutanasia. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero eso sí, que parezca un accidente.
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