Teresa Ribera en volandas sobre el nido del cuco eléctrico

El frenesí de los consumidores por los precios regulados del gas, la célebre Tarifa de Último Recurso (TUR), ha obligado a algunos de los operadores dominantes a pedir árnica al Gobierno ante la imposibilidad de sufragar por sí mismos el enorme coste que supone para su negocio la aplicación masiva de facturas mucho más baratas que las que se venían cobrando en el mercado liberalizado. El Ministerio de Transición Ecológica ha recogido el guante, pero con la misma la vicepresidenta Teresa Ribera ha aprovechado el grito de socorro para reafirmar su tesis favorable a una reforma en profundidad del mercado marginalista de la electricidad que con tanto entusiasmo ha sido defendido por los economistas en toda Europa. Un modelo que, transcurridas tres décadas desde su adopción, se ha demostrado ineficiente en los tiempos actuales de guerra, cuando la escasez de oferta se traduce en graves distorsiones para satisfacer la demanda de un servicio público y esencial.

La crisis energética ha roto los esquemas de la Europa neoliberal que condujo a la adopción de la moneda única a finales del pasado siglo. Más allá de la creación del euro, el eje franco-alemán que orienta y monitoriza la economía continental tampoco ha conseguido avances de relieve durante las dos primeras décadas de la actual centuria y la catástrofe de la invasión de Ucrania ha producido una hecatombe en la reputación de liderazgo de las dos grandes locomotoras continentales. En el caso germano la dependencia del gas procedente de Rusia ha puesto en guardia a todo el patio comunitario donde se empieza a observar al poderoso vecino del norte como un coloso con los pies de barro incapaz de asegurar la estabilidad. El falso paternalismo alemán, desenmascarado en la recesión de 2008, parece visto ahora para sentencia al calor de un incipiente ideario nacionalista donde cada Estado se muestra legitimado para tender a todo trapo su propia red de atención ciudadana.

El canciller  Olaf Scholz ha sido el primero en destapar la caja de Pandora con su megaplan de ayudas públicas por importe de 200.000 millones de euros destinadas a amortiguar el coste de vida de las familias alemanas ante la temible espiral inflacionista. A partir de esta decisión adoptada de manera unilateral por el Gobierno de Berlín, la delgada frontera ideológica que separa a los países nórdicos de los que, como España, integran el área mediterránea se antoja cada vez más imperceptible, por lo que Alemania necesita cobijarse bajo las faldas de Bruselas para resistir el embate de lo que se presume como una nueva era intervencionista en el seno de la Unión Europea. La controvertida ‘excepción ibérica’ para topar el precio del gas en el mercado eléctrico ha sido la llama que ha prendido las apasionantes discusiones sobre postulados del ordenamiento comunitario que se suponían inamovibles desde el Tratado fundacional de Roma.

La crisis energética ha disparado una ola intervencionista que pone en tela de juicio los principios neoliberales que arraigaron en la Unión Europea hace treinta años

El indecible e insufrible shock de los precios energéticos ha alterado definitivamente la conciencia de los dirigentes europeos que se creían reconfortados tras el rescate del euro oficiado por el BCE de Draghi en la pasada década. Ahora no existe ningún Súper Mario ni héroe o heroína que se le parezca con capacidad de liderazgo para arreglar los desperfectos que han quedado al descubierto con la guerra de Putin. Alemania lleva en su pecado la penitencia, pero si la locomotora termina por descarrilar será difícil que ninguno de los vagones que han estado enganchados a la cabeza tractora puedan salvarse del siniestro. De ahí el cuajo de ese pacto fiscal a la carta que permitirá a cada uno de los Estado miembros ajustar cuentas con la Comisión Europea atendiendo a criterios y necesidades individuales o, lo que es igual, sin estar supeditados al yugo de las condiciones teutonas que han marcado la hoja de ruta de la Unión Monetaria.

España ha saludado con gran satisfacción la corriente centrifugadora que emerge ante la fatiga de la depresión y que, llevada hasta sus últimas consecuencias, brinda también un cierto aval a las pulsiones rupturistas que tanto motivan al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la coalición social-comunista se muestra encantado de conocerse ante la revisión de los conceptos neoliberales fomentados en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo y cuyos nutrientes económicos han empezado realmente a atragantarse en una Europa incapaz de dar una respuesta integral a los variopintos y recurrentes problemas que aquejan a la región. El desencanto comunitario ha dado lugar a un sálvese quien pueda sintetizado de manera más académica en una denominada cultura del rescate que favorece la bulimia de Estados proteccionistas y, en lógica contrapartida, cada vez más intervencionistas y controladores de la vida de sus ciudadanos.

Los mantras de treinta años atrás empiezan a derrumbarse y las ideas que apuntalaban la soberanía incuestionable de las leyes del mercado están ahora en tela de juicio. La relación entre impuestos bajos y mayor recaudación o la limitación drástica de los niveles de deuda pública no sirven como varas fiables de medición y van a ser arrumbadas en el catálogo de medidas consuetudinarias contra la crisis. Pero más allá de la deriva fiscal y presupuestaria en la nueva Europa acomodaticia de Bruselas lo urgente ahora es el rediseño de un sistema eléctrico que fue configurado para vender boniatos a precio de caviar bajo la falaz coartada de estimular el desarrollo de las más sostenibles tecnologías de producción energética. La desproporcionada subida de la luz ha permitido descifrar el significado final del enigmático mercado marginalista y a falta de mayores entendederas está claro que es preciso abordar un mecanismo de fijación de precios mucho más equitativo a la hora de casar oferta y demanda.

Si algo queda claro tras el enigmático mercado marginalista de la luz es la urgencia de adoptar un sistema de fijación de precios más equitativo para el consumidor

La gran reforma eléctrica que se pretende tampoco puede abordarse sin lo que se considera una mayor publificación o intervención política a cargo de los diferentes gobiernos nacionales y es ahí donde reside el dilema que enfrenta entre otros a España con los partidarios de la ortodoxia liberal languideciente en Europa. Todos los obstáculos que los doctos funcionarios de Bruselas vienen esbozando contra la extensión y generalización del tope a los precios del gas forman parte de la aversión que perdura en los países frugales encabezados por Alemania contra la avanzadilla intervencionista de los Estados del Sur. En consecuencia, y a pesar de todos los pesares, todavía no existe un acuerdo mínimo en el seno de la Unión que permita identificar y configurar un futuro mercado único de la energía para todo el Viejo Continente.

El general invierno marcará el sino de las diatribas, pero por una vez, y quizá como insólito precedente, la cuerda puede romperse por el lado de los más fuertes. Teresa Ribera se ha convertido en una visionaria y no precisamente por su sesgo dogmático a favor de la transición ecológica. La necesidad se ha hecho virtud gracias a las medidas paliativas que fueron introducidas en el mercado español hace más de un año para frenar la ola de crispación social. Entonces las llamas de la crisis energética en Europa no habían llegado a los pisos de arriba, pero el incendio no ha sido ni mucho menos sofocado y la unidad de quemados está a punto de colapsarse. La vicepresidenta in traslation tiene derecho a contonearse como valor en alza, aunque bien haría en andarse con cuidado si no quiere volar demasiado alto sobre el nido del cuco que representan y defienden las grandes empresas generadoras. La geometría variable de Sánchez es inescrutable y sabido es que el presidente se juega ahora mucho en Europa.