El paro convierte en urgente lo importante

Los datos de paro de febrero engarzan cuentas envenenadas. Las más destacadas: más de cuatro millones de parados; dos millones de desempleados de larga duración; especial impacto entre las mujeres; tasa de desempleo juvenil desbocada y cerca de 400.000 desempleados mayores de 55 años en riesgo de no volver trabajar nunca. La crisis provocada por el coronavirus empuja en una dirección: cambios en el modelo productivo y empresarial para enganchar con la recuperación y no consolidar aún más la brecha que  separa España de los países más desarrollados de la UE. La situación es grave, pero no se desperdicia ni una sola ocasión de evitar el debate sobre medidas que hagan posible ese cambio.

Hay un ejemplo reciente. El Congreso de los Diputados ha aprobado la incorporación a la legislación nacional de una directiva comunitaria que procura “el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas” en las empresas.  Suena a mercancía burocrática marca Bruselas, interesante sólo para despachos mercantiles y encargados del departamento de relaciones con inversores de empresas del Ibex, pero era una buena oportunidad –frustrada- para adoptar en las grandes empresas españolas alguna de las medidas que funcionan en países como Alemania o Francia y que se han demostrado útiles para capear temporales de crisis, mantener empleo y mejorar las relaciones laborales.

Unidas Podemos planteó enmiendas para fomentar la implicación de los trabajadores en las empresas y a favor de su participación tanto en la gestión ordinaria como en el accionariado. Entre ellas, una vía para que pudieran acceder a la condición de accionistas en las grandes compañías mediante la adquisición de acciones de autocartera o mediante ampliación de capital. El debate acabó en enmienda transaccional y pocos más. España sigue guardando distancias con los países europeos más innovadores (hasta el número de 14), que han regulado la participación de los trabajadores en el gobierno siguiendo principios de codeterminación y cogestión.

En las empresas se juega la batalla de la innovación, el factor productivo fundamental.

La Plataforma por la Democracia Económica que preside el economista Ignacio Muro sostiene que la última crisis desatada por la Covid ha puesto de manifiesto la necesidad de que España cambie el modelo productivo. Y ello no es posible si no se cambia el modelo empresarial. Porque es en las empresas, donde se juega la batalla de la innovación, un factor productivo fundamental que depende esencialmente del clima laboral y de las relaciones entre dirección, cuadros y el resto de la plantilla. La plataforma propone cuatro medidas para el cambio: transformar los ajustes salariales en fondos sociales que faciliten la presencia de trabajadores en la empresa; transformar deuda empresarial (Hacienda, Seguridad Social) en créditos participativos; condicionar las ayudas a más transparencia y democracia en las sociedades y cambiar el modelo empresarial público.

La incorporación de la directiva comunitaria a la legislación nacional ha sido una oportunidad perdida de avanzar en ese debate. Francia es el ejemplo. Macron aprovechó la norma de la UE  para incorporar cambios en los códigos de comercio y de trabajo, con mejoras tanto en la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las grandes empresas como en los derechos de representación de los trabajadores-accionistas. Así, los únicos países que carecen de legislación participativa son los países del sur, España entre ellos, precisamente las economías que fían su competitividad en los bajos salarios y la baja productividad.

Paso corto y mirada larga siempre fue un buen consejo. Y vale también para la economía.

Lo urgente ahoga lo importante. La discusión se centra en cómo establecer antes del verano pasillos seguros de vacunados con los países emisores de turismo para llenar los hoteles de las islas y la costa, con 2,7 millones de empleos en el aire. Y, de forma inmediata, en cómo llenar las terrazas en Semana Santa en lugares convertidos en Vesubios de la frivolidad política como la Comunidad de Madrid. No hay debate en profundidad sobre cambios en el modelo de producción o en el papel de las empresas.

En España no abundan los espacios en que las grandes compañías asuman nuevos compromisos sobre su función en la sociedad y los cambios que exige la realidad postcovid.más allá del lenguaje publicitario. Todavía impera el lema del Nobel Friedman: “La principal responsabilidad de las empresas es generar beneficios”. Predomina el corto plazo y la Bolsa. Como en la política. Se olvida que las actitudes cortoplacistas de las sociedades cotizadas también pueden hacer mucho daño. Paso corto y mirada larga siempre fue un buen consejo. Y vale también para la economía.

Poco antes de que estallara la pandemia, la organización Business Roundtable, que reúne a los presidentes ejecutivos de 181 de las mayores corporaciones de Estados Unidos -desde Amazon hasta Xerox, pasando por Apple, Ford JP Morgan Chase- divulgaron una declaración en la que asumían un cambio de visión radical sobre el objetivo de sus corporaciones, rompiendo con la política que mantenían desde hace más de 20 años. En pocos lugares como en España hace tanta falta una declaración en ese sentido. Porque la crisis ha convertido lo importante, el debate sobre los cambios del modelo productivo y empresarial, en algo urgente.