Mujeres y jóvenes, las víctimas colaterales de siempre

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que es un señor con raíces en el barrio de Hortaleza (Madrid), muy serio y muy bien formado, ha advertido de que la crisis económica provocada por la Covid-19 la van a pagar las mujeres y los jóvenes -hombres y mujeres- menores de 35 años. Son las grandes víctimas del virus. Es una de las conclusiones adelantadas en la presentación del informe anual de la institución 2019. El Banco de España, ni pone ni quita rey. Levanta acta de que la crisis, tan profunda que puede causar "daños persistentes", se va a cebar sobre todo en hostelería, el comercio, la educación, las actividades artísticas y las recreativas. Justo donde más mujeres y menores de 35 años trabajan.

El pronóstico de los gurús del Banco de España no es muy arriesgado. Aciertan seguro. Podrían haber dicho que la crisis la van a pagar, como siempre, los de siempre. Pero suena duro. Para evitar que el peso del desastre vuelva a golpear sobre los mismos hombros, habría que empezar a trabajar de inmediato, con el acuerdo previo de partidos, instituciones, sindicatos y organizaciones empresariales . Ya es tarde. El desastre está encima: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha fotografiado el terremoto: las horas de trabajo a nivel mundial han caído un14% en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo.

La autoridad monetaria es muy clara en el diagnóstico. España tiene un problema de baja productividad por tres razones fundamentales: el pequeño tamaño de las empresas, la escasa inversión en nuevas tecnologías y formación y un mercado laboral que gira en torno a la temporalidad. ¿Se puede cambiar? La respuesta es sí, pero hace falta voluntad. De momento, lo que marca el futuro son los planes de las empresas para navegar sobre la ola. Y no son tranquilizadores. Según la consultora KPMG, un 60% de las empresas prevé bajar los salarios.

En esta situación, mantener la reforma laboral tal como está sólo puede suponer un estímulo a las viejas recetas; las que mantuvieron a España en una situación de esquizofrenia económica hasta que llegó la pandemia: país campeón del paro en Europa pese a crecer el doble que sus vecinos y socios. En contra de las fórmulas inmovilistas aireadas por la CEOE en la cumbre empresarial reciente, es urgente reequilibrar las relaciones laborales a partir de una premisa aparentemente simple: como cualquier otro contrato civil y mercantil, los contratos de trabajo deben estar sujetos a revisión y tutela judicial.

En materia laboral, el Banco de España maneja pocas ideas y ninguna de ellas novedosa: mochila austriaca -¿quién aporta y quien maneja las indemnizaciones por despido del empleado?-; contrato único, lo que equivale a facilitar más el despido y reforma de las pensiones, retrasando la edad de jubilación. Es el concepto de flexibilidad mal utilizado: sin reglas, con imposición unilateral de condiciones y devaluación permanente de los salarios. La modernidad mal entendida cuando, más allá de la crisis, el horizonte de la economía está marcado por la digitalización, que va a modificar las relaciones de los ciudadanos con el empleo, tanto en términos de cantidad como de intensidad.

El futuro se echa encima y nos encuentra atados a los viejos dogmas. Estudios como los de Raquel Sebastián (economista e investigadora, Universidad Complutense) indican que el mercado de trabajo se está polarizando. El empleo se concentra en un incremento de los puestos de trabajo en los tramos salariales bajos (servicios personales o personal de limpieza) y altos (directivos o profesionales de la ingeniería), y un descenso de los puestos con tramos salariales medios (personal administrativo o trabajadores industriales). El resultado; la desigualdad tiende a crecer de manera estructural.

En plena crisis pandémica, los analistas del Banco de España y también el gobernador Hernández Cos han destacado la necesidad de cubrir las graves consecuencias de la crisis sobre la deuda y el déficit. En resumen: es necesario subir impuestos y/o recortar gastos. La receta, aparentemente, encaja en las propuestas económicas progresistas. Las que abogan por desarrollar mecanismos que garanticen ingresos suficientes para el mantenimiento del Estado social, incluyendo la modernización del sistema fiscal. Pero encajan sólo en apariencia.

El economista José Moisés Carretero, la socióloga Anabel Suso y la experta en Derecho del Trabajo Maria Luz Rodríguez han elaborado un documento para la Fundación Alternativas en el que, entre otras ideas, defienden que “la inversión en las personas debe configurarse como la principal línea de política social en el futuro Estado social digital”. Las mujeres y los jóvenes, convertidos en víctimas colaterales de la gran crisis del coronavirus, seguro que agradecen la idea. La pena es que si algún día se acepta, ya no servirá de nada.