El depósito es gratuito, sin devengo de interés. Recuerde que, en caso de los alquileres de vivienda, la fianza no podrá superar la cuota correspondiente a una mensualidad de la renta.
La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, detalló que el pago de esta ayuda tendría un efecto retroactivo desde el 1 de enero.
Estas demandas se tramitarán y se resolverán por orden de presentación en el registro, siempre y cuando todos los datos estén correctos.
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El Govern balear ha comunicado que en las próximas semanas se abrirá la convocatoria para solicitar esta ayuda mensual enfocada en los menores de 35 años que vivan de alquiler.
Si tiene sospechas, lo mejor es que el día de la resolución del contrato y toma de posesión de la vivienda se haga acompañar por un notario o un perito que examine y tome fotografías sobre el estado de la misma.
La compensación consistirá en el valor medio a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio general.
La actualización anual de la renta no podrá superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que ofrece una evolución más estable.
Para que tal obligación sea exigible al arrendatario, es necesario que la misma se contemple expresamente en el clausulado del contrato, de modo que a falta de pacto expreso no será legalmente reclamable.
Algunas de las recomendaciones pasan por prestar especial atención es los comentarios y críticas o por no hacer pagos por adelantado.
Con motivo de la guerra de Ucrania y otros factores, se ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2022 que, entre otras medidas, establece una medida extraordinaria de subida máxima de las rentas de alquiler de vivienda.
Habrá que analizar en cada caso cuál ha sido la causa del accidente para determinar quién pueda ser el responsable.
Los inquilinos tendrían que soportar subidas de entre 40 euros y 300 euros, según el director ejecutivo de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), Manuel Romillo.
En el último año los precios han bajado de media un 5,95% en la región, por el impacto de la pandemia de la Covid-19, con caídas del 8% y del 10% en las rentas más altas.
El Estado dispondrá de cerca de 26.000 inmuebles en el fondo de vivienda social. Ayuntamientos, comunidades y el Ministerio de Transportes gestionarán esos recursos inmobiliarios.
Hasta hace unos años, cuando este problema se planteaba ante los juzgados, las sentencias daban la razón al arrendador.
No se recibe interés alguno por ese dinero, pero los recursos generados con esos fondos se destinan a la promoción pública de viviendas, rehabilitación de zonas deprimidas, planes de vivienda juvenil, etc.
El arrendatario tiene que solicitar de forma expresa al arrendador esta prórroga, que podrá ser de hasta seis meses, durante los cuales el contrato se desarrollará en las mismas condiciones.
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El Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo contiene, a pesar del título, medidas que inciden en los arrendamientos.
La cantidad que resulte de la renta inmobiliaria (mediante la aplicación de una serie de porcentajes) se debe prorratear según el número de días en el que el inmueble no haya estado ocupado.
El teletrabajo impulsado por la pandemia ha eliminado la necesidad de vivir en una zona determinada para muchos españoles, y ahora hay más oportunidades que nunca para explorar otros mercados.
Será necesario remitir una solicitud al arrendador, el cual está obligado a aceptarla a no ser que las partes lleguen a otro tipo de acuerdo.
La vivienda arrendada constituye su domicilio y, como tal, es inviolable, por tanto, el arrendador solo puede entrar si previamente tiene autorización.
Los precios del alquiler registraron una subida del 1,3% respecto a mayo de 2021, el dato más alto desde que estallara la pandemia. El norte de España se anota el mayor incremento: en Galicia sube dos puntos.
En los arrendamientos de local son habituales este tipo de cláusulas coercitivas o sancionadoras, que se enmarcan dentro de la libertad de pactos prevista en el art. 1255 del Código Civil.
Para modificar los estatutos tradicionalmente es necesaria la unanimidad en la junta de vecinos.
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