El vuelo y revuelo de una Aena a la catalana con o sin ampliación de El Prat

Lo que no se arregla con dinero siempre se puede arreglar con más dinero. El tacticismo político con que el Gobierno encara la nueva mesa de diálogo con la Generalitat de Catalunya se inscribe dentro de esta ancestral filosofía de corte empresarial que distingue a los grandes prohombres de negocio encargados de gestionar como si fueran suyos los dineros que son de otros. Aunque buena parte de ellos han mostrado especial habilidad en asegurar la rentabilidad de sus inversores no es menos cierto que la ecuación suele resultar desfavorable cuando están en juego recursos públicos atomizados entre una masa anónima de contribuyentes. Pedro Sánchez ha cedido finalmente a presidir la reunión de esta semana en Barcelona junto al molt honorable Pere Aragonès, pero con independencia del gesto amable en el estreno de la cumbre lo importante es que su espíritu conciliador, y principalmente su chequera, estén bien presentes en todos los encuentros que se celebren de aquí en adelante.

Una vez superadas las tensiones tras los indultos del ‘procés’, el jefe del Ejecutivo y su sanedrín de acompañamiento consideran que la solución política del conflicto catalán no solo debe servir para anclar a Catalunya dentro de la estructura institucional del Estado español, sino que puede utilizarse también como poderoso argumento de denuncia contra la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en la etapa presidencial de Mariano Rajoy. El PSOE apela a la más reciente memoria histórica para recordar que la escalada de confrontación con la Generalitat tiene su origen en la negativa rotunda con que el dirigente gallego despachó a Artur Mas cuando éste se plantificó en el Palacio de la Moncloa para exigir un pacto fiscal en su comunidad autónoma equivalente al concierto que disfruta el País Vasco desde los albores de la transición democrática.

El Gobierno no puede conceder la autodeterminación política y económica que plantea Cataluña porque eso implicaría quebrantar los principios constitucionales y, sobre todo, resquebrajar de forma irreversible el sistema de financiación autonómica que funciona a trancas y barrancas en todo el país. Como alternativa el líder socialista trata de comprar la pax catalana a base de estrujar el capítulo de inversiones presupuestarias en la región, dando cabida y sobrada respuesta a las reclamaciones que viene manteniendo el Govern desde tiempos inmemoriales para el desarrollo de infraestructuras que sitúen a Barcelona como la capital económica de España por delante de Madrid. La acérrima rivalidad que se respira en el puente aéreo alcanza a la mayor parte de servicios públicos en manos del Estado y ha adquirido tintes patéticos en la batalla que mantienen desde El Prat por desbancar a Barajas como principal hub intercontinental de vuelos en el Sur de Europa.

Aena lleva años luchando contra las denuncias medioambientales en El Prat, por lo que la ampliación es un compromiso político que Sánchez no quiere ni va a asumir en solitario

El episodio reciente de la fallida extensión del aeropuerto Josep Tarradellas sintetiza las tensiones del foro abierto por los representantes del Gobierno y la Generalitat, abocado a un diálogo de sordos cargado de prejuicios que impiden cerrar el más mínimo pacto ni siquiera en asuntos en los que parecían estar interesados ambas partes. Cabe recordar que hace un mes escaso la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, y el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, ensalzaron con todo tipo de parabienes su feliz entente para que Aena incluyera la megainversión de 1.700 millones de euros en el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) que debe estar aprobado teóricamente a finales de este mes. Las tensiones políticas y el temor de Sánchez a que la Comisión Europea pusiera en entredicho la sensibilidad medioambiental de su actual mandato legislativo ha dado al traste con una iniciativa detrás de la cual subyacen intereses inconfesables pero arraigados en el imaginario reivindicativo de Cataluña.

La ampliación de El Prat es un proyecto tan lucrativo en materia industrial como inconveniente desde una perspectiva estrictamente política. No en vano, el aeropuerto lleva años recortando su capacidad operativa para evitar conflictos sociales y medioambientales que podrían enardecerse ahora con los nuevos aires populistas que soplan por Barcelona. La ofensiva aliada de Ada Colau con el respaldo de Podemos y demás secesionistas sólo podía contrarrestarse con el apoyo expreso e incondicional de ERC a los postulados del PSOE, lo que debilita la posición a cara de perro con que el presidente republicano de Cataluña se supone que ha de poner toda la carne en el asador de las negociaciones con el Gobierno central. Los mandatarios de la Plaza de Sant Jaume han actuado como el perro del hortelano, impidiendo que los socialistas catalanes que manejan las grandes empresas públicas desde Madrid se apuntasen un tanto ante las fuerzas vivas de la región.

Sánchez no ha querido tampoco comerse en solitario el marrón con los grupos ecologistas y ha trasladado el debate al foro de diálogo bilateral, consciente de las aspiraciones históricas que tiene la Generalitat para hacerse definitivamente con el control de la gestión de El Prat. La salida a bolsa de Aena en 2015 frenó en seco el traspaso de poderes, pero Rajoy no se atrevió a completar la privatización total del gestor aeroportuario que fue limitada al 49% del capital por lo que el Estado mantiene todavía el control mayoritario a través de Enaire. Más allá de la reactivación de negociaciones para la ampliación de la tercera pista que reclama a viva voz Josep Sánchez Llibre en nombre de los empresarios, la solución directa y más inmediata pasa ahora por integrar al Govern en el capital de Aena con alguna fórmula ad hoc para la que no faltarán ofertas de consultoras, bancos de inversión y demás intermediarios financieros.

El Gobierno ha introducido una dispensa en la Ley de Sociedades de Capital que permite a las entidades públicas catalanas tomar parte en el consejo de administración de Aena

No en balde y a fin de posibilitar la futura irrupción de entidades estatales en la estructura de gobierno de Aena se ha habilitado dentro de la nueva Ley de Sociedades de Capital una excepción que puede resultar trascendental. La CNMV promovió con el apoyo unánime de todos los agentes del mercado que las sociedades cotizadas dejasen de integrar en su consejo a personas jurídicas interpuestas como administradores de pleno derecho. El legislador determinó que sólo personas físicas puedan sentarse en los órganos de gobierno, si bien estableció en la normativa ahora vigente una disposición adicional que permite a las empresas estatales esquivar la prohibición. Una salvedad introducida a última hora y orientada claramente con la vista puesta en el gestor aeroportuario que preside Maurici Lucena, que es la única marca cotizada en la que el sector público retiene el 51% de las acciones.

La dispensa legal permite que el Instituto Catalán de Finanzas o alguna otra institución igualmente vinculada a la Generalitat pueda incorporarse directamente al máximo órgano de gobierno de Aena como garante de los intereses catalanes en los tres grandes aeródromos que la red nacional tiene en Barcelona, Reus y Gerona. El gestor aeroportuario ha dado cobijo en su consejo de administración a Josep Antoni Duran i Lleida, uno de los más insignes representantes políticos del nacionalismo catalán durante las últimas décadas. Previamente fue también administrador de la compañía el exministro Josep Piqué. El planteamiento que está ahora sobre la mesa de diálogo es bastante más ambicioso desde el punto de vista político y consiste en visibilizar de manera diáfana el pleno dominio de la Generalitat sobre el futuro de El Prat. La ampliación es secundaria y, de momento, puede esperar. ¡Será por dinero!