El juez que instruye el 'caso Popular' en la Audiencia Nacional rechaza, por ahora, hacer un análisis sobre si el banco extinto infringió alguna norma en la concesión de préstamos y créditos a clientes para la compra de acciones en la ampliación de capital en 2016. El magistrado José Luis Calama no ha dado el visto bueno a esta solicitud planteada por unas de las acusaciones en la causa, que ve "obligada y necesaria" la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para determinar si hubo un "incumplimiento legal" por parte de la entidad con esta operación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica en su auto con fecha del pasado 1 de junio, al que ha tenido acceso La Información, que no es preciso practicar una pericial como la que solicita la acusación popular ejercida por Adicae (Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) en este momento porque están pendientes de citación como testigos altos cargos del organismo supervisor a los que se les podrá preguntar.
El magistrado instructor comparte el criterio del fiscal Antonio Romeral -recién ascendido a 'número dos' de la Fiscalía Anticorrupción-, en cuyo informe fechado el 13 de mayo de 2021, al que también ha tenido acceso este diario, recuerda que se encuentra en curso un análisis pericial por parte de los inspectores del Banco de España tendente a determinar la existencia o no de financiación para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros y en la forma en la que se habría articulado.
"El resultado de la pericia e investigación referida aportará información y respuestas a varias de las cuestiones que plantea la parte", afirma el Ministerio Público, que añade que para verificar si el Banco Popular se saltó alguna de las normas que rigen el mercado de valores, primero tiene que haber indicios que "permitan su valoración" y eso es lo que precisamente se está investigando.
El juez requirió información
El juez Calama requirió en febrero al banco Santander -entidad que compró el Popular por un euro- tres ficheros con documentación para investigar si el banco Popular otorgó financiación a clientes para la ampliación de capital y si "de forma deliberada no la restó del capital regulatorio". Cabe recordar que esta operación no supone una práctica irregular en sí misma; pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia puesto que hay que deducirlo del capital.
En dicho auto, el juez apostilló que, a requerimiento de la Dirección General de Mercados de la CNMV, uno de los vicesecretarios del consejo de administración del Popular Heraclio Peña remitió, en octubre de 2017, un informe del que "se deduce que tanto el consejero delegado como los directores generales de Banca Minorista (Antonio Pujol) y de Negocio de Clientes (José Ramón Alonso) lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital”. Asimismo, al instructor le "llama la atención" que el departamento de Auditoría Interna de Banco Popular "no abriera una amplía investigación respecto de esta cuestión".
La financiación a clientes para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016 fue comunicada por parte del Banco popular al regulador en un hecho relevante el 3 de abril de 2017. Por ello fue preguntado el expresidente de la entidad Emilio Saracho en su comparecencia como investigado, quien, según fuentes presentes en la declaración, señaló que fue una orden Francisco Gómez, 'número dos' del anterior presidente Ángel Ron (también investigado).
La acusación popular pidió el informe pericial de la CNMV resaltando que sobre este punto el organismo no se ha pronunciado en anteriores documentos. Según indica en su escrito, esta diligencia "modificaría incluso toda la orientación de las declaraciones de los inculpados, aportaría información penal de la gravedad de los hechos, aclararía la actitud y el dolo de la maquinación cometida con relación a la ampliación de capital, y tornaría la instrucción en cuestiones ciertas y evidentes, y no tanto en tanteos o estimaciones".
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