La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y ocho años de cárcel para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, por supuestos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015.
En una nota de prensa fechada este viernes, el Ministerio Público, que pide que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación, reclama penas que oscilan entre los 6 años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos.
El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama puso fin a la instrucción -iniciada en 2017 a raíz de la querella de Anticorrupción- sobre las supuestas irregularidades en la operación por un importe de 384 millones, que se aportaron mediante activos presuntamente "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
Según explica Anticorrupción, que presentó su escrito de acusación el pasado 5 de abril, la ampliación se realizó mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira. De este modo, la operación no incluía ninguna ampliación de capital dineraria, "pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas", sino que lo que se llevó a cabo fue una aportación de bienes inmuebles "extremadamente sobrevalorados".
En mayo de 2015, el Consejo de Administración de la compañía aprobó un informe para justificar ante la Junta General la oportunidad de realizar la ampliación, documento que -continúa la Fiscalía- se fundamentaba en la "ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira". Para Anticorrupción, tanto la valoración del Consejo de Urbas como las conclusiones del informe realizado por Grant Thorton "eran irracionales y ajenas" a la realidad no sólo de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular.
De ahí, deduce que tanto el informe del Consejo como el del experto independiente tuvieron presuntamente como única finalidad justificar la ampliación con pleno conocimiento del engaño, y se remite a las pesquisas de la Oficina Antifraude (ONIF) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Finalmente, la Junta, en su reunión del 10 de julio de 2015, autorizó la operación "sobre la base del mendaz informe", lo que permitió a la compañía registrar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión de nuevas acciones, que se transmitieron a 62 personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público destaca que coincidiendo con la firma del informe de Grant Thorton sobre la ampliación, se incorporaran al activo de Urbas inmuebles por un importe de 11,3 millones de euros cuando ese mismo día fueron adquiridos a terceros por 562.240 euros.
La contraprestación por parte de Urbas a esta operación no consistió en metálico, sino en la cesión de un derecho de crédito de 10,8 millones que la empresa tenía contra tres sociedades vinculadas con los administradores de la entidad. La Fiscalía sostiene que los hechos pueden ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores al ocasionar un perjuicio a terceros, estafa y administración desleal.
Además de a Acedo e Ibáñez, acusa otras doce personas, pide que se declare la nulidad de la ampliación, e interesa que se comunique su escrito a la CNMV "para que adopte las decisiones que crea competentes". La noticia se conoce una semana después de que Urbas informase al mercado de que la Audiencia Nacional había rechazado el recurso de apelación de la compañía contra el procesamiento.
