El Gobierno compensará a los propietarios de vivienda, ya sean pequeños propietarios o grandes tenedores -bancos y fondos de inversión-, con la renta media de la zona donde se encuentre el inmueble. Así consta en el borrador de real decreto-ley, al que ha tenido acceso La Información, que ha superado el trámite de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y que, previsiblemente, verá la luz en el Consejo de Ministros del próximo martes.
La compensación consistirá en "el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma".
"Si la alternativa habitacional [ante un lanzamiento] no se da en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, el propietario tendrá derecho a solicitar una compensación por el perjuicio ocasionado, y siempre que acredite que la suspensión del lanzamiento le haya ocasionado perjuicio económico", añade la normativa que verá la luz no sin problemas internos en el seno del Gobierno.
Si la solución habitacional se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, el propietario no tendrá derecho a solicitar la compensación. Es decir, la compensación no es de oficio, es a instancia de parte (previa solicitud y acreditación del perjuicio económico). Además, la solicitud de compensación podrá presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma declarado.
El papel que deben jugar los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia de cara a un posible desahucio será esencial. El PSOE ha aceptado que sean los profesionales asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos quienes certifiquen al juzgado, a través de un informe preceptivo, que los afectados por el lanzamiento se encuentran en una situación límite. Los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente ese informe en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.
Para Unidas Podemos también era clave que exista en el momento efectivo del desahucio una alternativa habitacional para poder realojar a los afectados. Es decir, que la familia tiene que estar ubicada en otra vivienda antes de ejecutar el desahucio. El Ministerio de Transportes ha aceptado clarificar mejor esta situación y serán las Comunidades Autónomas las que ofrezcan esta alternativa habitacional. Será siempre una vivienda considerada "digna", no un albergue, por ejemplo.
Lo que todavía no ha decidido el Gobierno es cuándo se aprobará la prohibición del corte de suministros básicos. La discusión sigue abierta en la coalición. En este momento no está contemplado que la "disposición adicional" que ha propuesto la vicepresidencia cuarta, de Teresa Ribera, se incluya en el decreto antidesahucios.
En el Consejo de Ministros del próximo martes también se aprobará el prometido plan de ayudas a la hostelería y el comercio, incluido el turismo. La previsión del Ejecutivo es que este decreto también pase el trámite de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de este jueves, previsiblemente, y vea la luz la próxima semana.
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