El real decreto-ley para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional continúa siendo un fuerte motivo de conflicto, y cada vez más enconado, en el seno del Gobierno de coalición, con posturas enfrentadas que, en este momento, van a retrasar una semana más su aprobación en Consejo de Ministros. El punto más polémico de la negociación tiene que ver con una medida que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Economía: que el Estado compense a los propietarios de viviendas los impagos de los alquileres. La medida chirría a la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo, que no quiere establecer una diferencia con los grandes tenedores.
El decreto sigue vivo y las posiciones encontradas ya están empezando a llegar a disputas entre ministros y secretarios de Estado. No está previsto, según coinciden varias fuentes consultadas, que el próximo martes 15 se apruebe en Consejo de Ministros una medida que ya lleva varias semanas de retraso y que, salvo sorpresa de última hora, tampoco se llevará al cónclave de la próxima semana. La fecha fijada ahora es el día 22. Hay que recordar que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias habló en el Senado de que el decreto se aprobaría en un periodo de quince días, que ya se ha cumplido.
Lo que está ocurriendo es un nuevo choque de trenes en la coalición. Soterrado, de momento, eso sí y a alto nivel. La Vicepresidencia tercera ha planteado la posibilidad de una aportación pública, en forma de 'subsidio', a los propietarios de vivienda que no puedan cobrar el alquiler mientras se prolongue la suspensión de los desahucios, es decir, hasta el final del estado de alarma que, en principio, será el 9 de mayo. La decisión afectaría tanto a los contratos de alquiler como a las viviendas okupadas que sean propiedad de grandes tenedores, esencialmente bancos y fondos de inversión. En este caso, según el acuerdo inicial de PSOE y Unidas Podemos, se establecerá un plazo de tres meses a las comunidades autónomas para busquen un nuevo alojamiento a los okupas que acrediten una situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Justicia y el de Transportes están de acuerdo con Economía en poner en marcha esta medida y que el Estado compense tanto a pequeños particulares como a los grandes tenedores, sin distinción. Los propietarios, en definitiva, podrían solicitar a la administración pública que les abone una parte sustancial del alquiler que el inquilino no puede pagar sobre una vivienda de la que tampoco se le va a poder desahuciar. Esto permitiría, por tanto, que todos los propietarios pudieran cobrar una parte del arrendamiento, aún por concretar, hasta que finalice el estado de alarma.
Pero Unidas Podemos discrepa de la medida que lidera Economía y está haciendo ver, esencialmente, al equipo de Nadia Calviño y de Juan Carlos Campo que no es lo mismo compensar económicamente a un particular con uno, dos o tres propiedades alquiladas, que a una firma que posea más de diez viviendas, bancos y fondos de inversión, en definitiva. Los morados plantean que los segundos actores deberían ser más 'solidarios' en una época como la actual, de grave crisis económica. En este sentido también se posiciona el Sindicato de Inquilinos.
Fuentes de la organización aseguran que es "inconcebible" que se esté aplazando el decreto mientras se siguen ejecutando decenas de desahucios en España por la "presión de los grandes tenedores al Gobierno". Recuerdan que Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), presidida por el exministro Joan Clos, ya reclamó un fondo de 750 millones para ayudar a 350.000 familias a pagar el alquiler. "Lo que nadie va a entender es que aprovechando el decreto antidesahucios los grandes tenedores exijan esa compensación por un alquiler que probablemente no cobrarían dadas las actuales circunstancias, con miles de viviendas vacías", añaden.
Desde el área socialista del Gobierno contraargumentan que el objetivo de que el decreto esté siendo sometido a un profundo debate es evitar reclamaciones judiciales por parte de los bancos y los fondos de inversión. No pueden discriminar a unos propietarios con respecto a otros, concluyen. Fuentes de Asval desmienten esa "presión" sobre el Gobierno y reclaman medidas para garantizar "seguridad jurídica" de cara a construir un parque de viviendas en alquiler social y asequible. No están de acuerdo, en definitiva, con un excesivo "intervencionismo regulatorio" y piden cauces para impulsar la colaboración público-privada en la materia.
El decreto está siendo sometido a un profundo debate para evitar reclamaciones judiciales por parte de los bancos y los fondos de inversión
El pulso por la prohibición de los desahucios entre los ministerio de PSOE y Unidas Podemos se prolonga ya desde hace varias semanas y el decreto, como decimos, no es inminente. Se va a seguir negociando a lo largo de la próxima semana. Es una de las normas legales que, de hecho, más problemas está provocando en la coalición. La parte del Gobierno de Unidas Podemos lleva presionando desde septiembre para aprobarla pero sus compañeros socialistas en el Consejo de Ministros siguen argumentando que faltan detalles por pulir.
Ya se han superado, no sin dificultades, algunas discrepancias entre socios. Por ejemplo, y probablemente esta fuera la principal diferencia hasta la irrupción de las compensaciones por impagos, por el papel que deben jugar los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia de cara a un posible desahucio. El PSOE ha aceptado que sean los profesionales asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos quienes certifiquen al juzgado, a través de un informe preceptivo, que los afectados por el alzamiento se encuentran en una situación límite. Los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente ese informe en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.
Para Unidas Podemos también era esencial que exista en el momento efectivo del desahucio una alternativa habitacional para poder realojar a los afectados. Es decir, que la familia tiene que estar ubicada en otra vivienda antes de ejecutar el desahucio. El Ministerio de Transportes ha aceptado clarificar mejor esta situación y serán las Comunidades Autónomas las que ofrezcan esta alternativa habitacional. Será siempre una vivienda considerada "digna", no un albergue, por ejemplo.
Los desahucios siguen discutiéndose y también está pendiente de aprobarse la prohibición del corte de los suministros básicos. La situación para dar luz verde a este decreto independiente es similar. En este terreno, la negociación la lleva la Vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera con Unidas Podemos. Pocos avances, de momento, mientras España ya ha superado la primera ola de frío del otoño-invierno.
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