Renfe es una de las pocas empresas públicas cuyos trabajadores se han beneficiado ya de la subida salarial del 2% que corresponde a todos los empleados del sector público, incluido el empresarial, en virtud de la aplicación del acuerdo rubricado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos en marzo de 2018. Sin embargo, el duro revés que ha supuesto la Covid-19, que según ha trasladado la propia Dirección de Renfe a los sindicatos ha abierto un roto financiero a la empresa por valor de más de 123 millones de euros, no le ha dejado más remedio que abrir la caja de los recortes y plantear un ajuste de la retribución variable a la que tenía derecho la plantilla en este ejercicio de 2020 para tratar de acomodar su estructura de costes al desplome de los ingresos que ha experimentado durante el confinamiento, en el que ha perdido 64 millones de viajeros y 1.200 toneladas de carga respecto a 2019.
La medida planteada por el operador ferroviario se limita al plus por resultados que tiene reconocida toda la plantilla, desde los directivos al personal operativo, y no afecta al núcleo duro de sus nóminas, pero ha bastado para sembrar la incertidumbre en un sector tradicionalmente más expuesto que los funcionarios de la Administración a los vaivenes de la actividad económica, de las necesidades presupuestarias o de cualquier otro factor. La lista de ejemplos es extensa. En Isdefe, la empresa de ingeniería que da servicio al Ministerio de Defensa, la subida salarial correspondiente al ejercicio de 2019 no se ha empezado a cobrar hasta el pasado mes de mayo y como se pueden imaginar todavía no han visto ni un euro de la subida correspondiente a 2020, que los funcionarios de la Administración empezaron a percibir en sus nóminas del mes de marzo.
El asunto se veía con cierta naturalidad hace unos meses, bajo la perspectiva de que incluso el año pasado sin tensiones financieras graves Hacienda no autorizó hasta otoño la aplicación de la subida salarial de 2019 en las empresas públicas, pero los devastadores efectos de la Covid-19 sobre las cuentas públicas han elevado los niveles de preocupación a cotas elevadas. El presidente de la sección de Empresas Públicas del sindicato CSIF, Manuel González Molina, dirigió el pasado 27 de mayo sendas cartas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente en funciones de SEPI, Bartolomé Lora, solicitando un compromiso explícito por parte del Gobierno con el cumplimiento del acuerdo de 2018 y con la aplicación en este ejercicio de la subida salarial del 2% comprometida para la totalidad de los empleados públicos, incluidos los más de 145.000 trabajadores en nómina de la red de empresas públicas dependientes del Estado.
Tres semanas después el sindicato mayoritario en el ámbito de las Administraciones Públicas no ha recibido respuesta alguna a sus misivas y, por el contrario, sí ha recabado nuevos indicios que mueven a la preocupación. La reunión que la ministra de Función Pública, Carolina Darias, mantuvo con los representantes de los sindicatos de la Administración no contribuyó a disipar las dudas al respecto. Según fuentes presentes en la reunión las centrales sindicales le pidieron que garantizara el cumplimiento de la dimensión salarial del acuerdo firmado en 2018 en busca de certezas en un contexto de incertidumbre...No hallaron respuesta. "Su silencio nos ha parecido inquietante", admitía una de la fuentes presentes en la reunión.
Que los empleados públicos no paguen la factura de la crisis
Los sindicatos de la Función Pública no están dispuestos a ceder ni un milímetro en la aplicación del acuerdo de 2018. "Ésta es una crisis que no hemos generado y que no tenemos por qué pagar. Muchos empleados de empresas públicas han estado en primera línea en lo peor del confinamiento, trabajando para prestar los servicios esenciales decretados por el Gobierno y no merecen que se recorte su sueldo o que no se les aplique la subida que les corresponde por ley", aseguran fuentes de CCOO. El presidente de la sección de empresas públicas de CSIF se expresaba en términos similares en sus cartas a Hacienda y a la SEPI en las que manifestaba su deseo de "no tener que llegar a otras vías para que se cumpla lo aprobado", es decir, la subida del 2%.
El panorama a día de hoy no es muy alentador. Según el sindicato CSIF, la subida del 2% no se ha aplicado todavía en ninguna de las empresas del Grupo SEPI, en las que trabajan más de 78.000 trabajadores, y fuera de ese perímetro empresas públicas y organismos públicos como Puertos del Estado ni la han aplicado ni se sabe si la tienen autorizada o no.
El procedimiento para hacer efectiva la subida salarial fuera del ámbito de los Ministerios o del entorno de la Administración General del Estado es un tanto enrevesado. Las empresas y organismos públicos no pueden aplicarla de forma automática por su cuenta, sino que tienen que solicitarlo de manera formal al órgano de que dependan - la SEPI o el Ministerio de turno - para qué este eleve la autorización al Ministerio de Hacienda, donde se da la autorización definitiva para aplicar o no esa subida salarial.
Según las fuentes consultadas en diferentes empresas públicas, algunas ya solicitaron la aplicación de esa subida antes de la irrupción del Covid-19 y ahora están a expensas de que Hacienda les dé su autorización definitiva, pero otras ni siquiera habían realizado ese trámite. La información proporcionada desde las empresas a los sindicatos apunta a que se ve improbable que las nóminas de los trabajadores de las empresas públicas puedan actualizarse antes del otoño y la sospecha es que habrá no pocos casos en los que la subida se retrasará a 2021 en la confianza de que ya para entonces la situación financiera de las empresas sea algo más holgada.
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