El veto del Senado a la senda de estabilidad para 2024-2026, que se vota este miércoles en pleno, activará de inmediato los objetivos de déficit más duros para las comunidades autónomas. Esas metas serán las que el Gobierno Central empleará finalmente como referencia para los Presupuestos Generales de este año, actualmente en elaboración, en virtud del informe de la Abogacía del Estado que obra en su poder y que aún no ha hecho público.
Fuentes del ministerio de Hacienda aseguran que el documento -que se sustenta en el artículo 135 de la Constitución- se dará a conocer en el mismo momento en que se haga efectivo, esto es, cuando se produzca el rechazo a los objetivos de déficit por parte del PP y estos decaigan por segunda vez, dada la mayoría absoluta con que los populares cuentan en la Cámara Alta.
La senda que no verá la luz -fuentes del PP aseguraban al cierre de esta edición que volverán a votar en contra- suponía que el conjunto de administraciones mantenían el mismo tope global de déficit, el 3% que permite a España ajustarse a la vuelta de las reglas fiscales a nivel europeo, pero el reparto entre subsectores daba algo más de oxígeno a los gobiernos territoriales y obligaba al Estado a ajustarse más el cinturón.
Así, tendría que cerrar el ejercicio con un desfase de sus cuentas del 2,7% (no del 3 como se había fijado inicialmente), permitiendo a las autonomías hacerlo con un agujero del 0,1% de su PIB, en vez de en equilibrio; y obligando a las entidades locales a cerrar con un déficit cero y no con el superávit del 0,2% que se les exigía en abril. Mientras, la Seguridad Social debería ceñirse a un tope de déficit del 0,2%.
El último compromiso que ha recibido el aval de Bruselas
Las metas de abril son las que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad del Reino de España y suponen el último compromiso que ha recibido el aval de Bruselas. Una vez que el Gobierno tomó posesión -un proceso que se demoró por la convocatoria de elecciones anticipadas y las dificultades para conformarlo- decidió reformular los límites de déficit por administraciones, manteniendo el mismo objetivo común.
El pasado 10 de enero la senda de déficit y deuda pública recibió el visto bueno del pleno del Congreso en una primera votación. Sin embargo, el 7 de febrero el PP hizo valer su mayoría en el Senado y la tumbó. Esto obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a volver a aprobarla en Consejo de Ministros para llevarla de nuevo ante ambas cámaras en el plazo máximo de un mes, tal y como establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOESF).
La pasada semana, los objetivos salieron adelante en la Cámara Baja con 176 votos a favor, de PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y Podemos; y 171 en contra, de PP, Vox y UPN. Junto a la senda de estabilidad el pleno del Senado debatirá también el Plan de Reequilibrio y, al final de la sesión, los dos puntos se votarán.
Unas complejas negociaciones parlamentarias por delante
El bloqueo del Senado ha supuesto un mayor retraso para el trámite presupuestario -las cuentas deberían estar en vigor desde el pasado 1 de enero- que ha tenido que sortear también la incertidumbre política. Sin embargo, la que es considerada la principal ley económica de la legislatura deberá encarar también ahora un difícil proceso de negociación parlamentaria para poder ver la luz.
El Gobierno no tendría garantizados los apoyos necesarios para sacarlas adelante si, como ha venido amenazando hasta ahora, Junts no da el visto bueno al proyecto de ley -un respaldo condicionado a que el Ejecutivo saque adelante una ley de amnistía que satisfaga por completo las demandas de los independentistas-. Hasta ahora Hacienda ha ido manteniendo conversaciones con los distintos grupos para recabar los respaldos necesarios con los que sacar el texto adelante.
En cualquier caso, si el Consejo de Ministros lograse aprobar el proyecto a lo largo de marzo, harían falta alrededor de tres meses aún para finalizar la tramitación parlamentaria. La aprobación de las cuentas es esencial porque en ella se incluyen medidas como la subida salarial de los empleados públicos -para este ejercicio estaba prevista un alza fija del 2%, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de cómo evoluciones el IPC armonizado- o los acuerdos económicos que los socialistas alcanzaron con los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez.
