Las medidas para atajar la pandemia de Covid-19, la respuesta extraordinaria para contrarrestar los efectos de la crisis energética y de la guerra en Ucrania... y una situación que ya se había tensionado desde la pasada crisis financiera. La deuda del conjunto de las administraciones públicas marca un nuevo máximo histórico en julio en los 1,487 billones de euros en su tercer mes consecutivo al alza. Esta cifra supone un incremento del pasivo nacional del 0,8% en relación al mes previo, de acuerdo con los datos que ha publicado este martes el Banco de España.
La deuda pública se ha elevado un 5% en el último año (son 70.805 millones de euros más). El Estado es responsable en buena medida de su avance en julio, puesto que de él han partido las medidas para contener la coyuntura tan complicada que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su endeudamiento se situó en 1,307 billones en el séptimo mes del año, lo que conlleva un alza del 1% en relación al mes previo (en 12.929 millones) y del 6,8% en relación a julio del pasado ejercicio. En el lado opuesto, las comunidades autónomas y las Administraciones de la Seguridad Social han visto cómo su pasivo se reduce ligeramente en ese mismo mes.
Las corporaciones locales también elevaron su deuda en julio al comparar el dato con el mes previo. En concreto, en un 1,1% hasta los 23.100 millones de euros. En tasa interanual el alza es del 2,8%. Las autonomías, sin embargo, redujeron su pasivo en julio un 0,7% en términos mensuales hasta los 314.321 millones, si bien la elevaron un 1% frente a julio de 2021. En lo que respecta a la deuda de las administraciones de la Seguridad Social, ésta se mantuvo prácticamente estable en el séptimo mes del año en los 99.184 millones de euros (sólo se redujo un millón en relación al mes previo). En relación a julio de 2021, la deuda del Sistema se dispara un 8%, debido a los préstamos que le ha tenido que ir concediendo el Estado para financiar su desequilibrio presupuestario.
Bruselas decidió a mediados de año mantener suspendidas un año más las reglas fiscales, es decir, hasta 2024, ante la fuerte desaceleración que las economías europeas vienen registrando a consecuencia de la incertidumbre económica. La Comisión Europea ya se vio obligada a adoptar esta medida a causa de la pandemia de Covid, puesto que el cierre total de las economías obligó a los estados a elevar su pasivo para poder aprobar toda una batería de ayudas excepcionales. Tal cual están diseñadas en la actualidad, estas reglas implican que los estados deben reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB.
Los Gobiernos de los Veintisiete quieren que las futuras normas de disciplina fiscal comunitarias garanticen una senda realista de reducción de la deuda pública y, sobre todo, que tengan en cuenta la necesidad de invertir en la transición verde y en la defensa de la región. La institución que encabeza Úrsula von der Leen va a presentar en las próximas semanas unas primeras 'orientaciones' sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que este año se cumplen ya tres décadas.
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