Díaz pone trabas al teletrabajo para los funcionarios del SEPE: "Nos deja fuera"

Llueve sobre mojado en el Servicio Público de Empleo Estatal. La plantilla del SEPE, el INEM de toda la vida, sigue acumulando motivos para la revuelta. El último viene a consecuencia del acuerdo para el teletrabajo de los funcionarios en la Administración General del Estado alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública esta semana. "El pacto fue anunciado a bombo y platillo, como un gran triunfo, pero a nosotros nos deja fuera", denuncia un funcionario de una oficina de empleo de Madrid que prefiere permanecer en el anonimato. La queja se fundamenta en un escrito de la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE dirigido a los directores provinciales y que deja claro que el acuerdo "no es de aplicación directa" para este organismo público.

En el escrito, al que ha tenido acceso La Información, la subdirectora general de recursos y organización del SEPE, Mª Victoria E. Sánchez, advierte de que la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública que permite a los funcionarios con hijos a cargo o patologías de riesgo teletrabajar cuatro días a la semana y al resto, al menos una jornada, todavía no está firmada ni consta su redacción definitiva. Efectivamente, el acuerdo que hicieron público los sindicatos no cuenta por el momento con la firma del secretario de Estado Francisco Hernández Spínola y, por tanto, aún no es oficial, aunque en teoría entra en vigor este domingo, 21 de junio, una vez se levante el estado de alarma. Tendría, por tanto, efectos desde el lunes.

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El departamento dependiente del Ministerio de Trabajo considera que la resolución "no es de aplicación directa ya que, como se explica en la misma, tiene por objeto servir de marco general para garantizar la homogeneidad, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la estructura territorial de cada departamento". En este sentido, la subdirección general del SEPE asegura que esas particularidades que deben adoptar los organismos públicos serán objeto de negociación en las correspondientes Mesas Delegadas. "Por lo tanto, no se dispondrá de los criterios reguladores de las peculiaridades del SEPE hasta que se celebre la perceptiva reunión de la Mesa Delegada", reza el documento distribuido a nivel interno.

Los responsables del organismo estatal inciden en que el acuerdo alcanzado entre Función Pública y los sindicatos "no impone sino que prioriza" la prestación de trabajo en modalidad no presencial para determinados empleados públicos, en concreto, los que pertenecen a colectivos vulnerables ante la Covid-19 y los que tienen a su cargo menores de hasta 14 años o mayores, dependientes o con discapacidad, afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día.

En todo caso, los responsables del organismo bajo la batuta directa de Yolanda Díaz insisten en poner trabas al trabajo a distancia al considerar que la resolución de Función Pública "preceptúa que todas las medidas se establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio debidamente justificadas de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente". Y sin entrar en más detalle zanjan que hasta que no se negocien las "particularidades del SEPE" seguirá siendo de aplicación la Instrucción de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que fija las líneas de actuación para la reincorporación presencial del personal a las oficinas.

"Es una prueba más del trato que los empleados del SEPE recibimos sistemáticamente por parte de la Administración", se queja un funcionario que reivindica que "la plantilla se siente menospreciada desde hace muchos años". El sentimiento generalizado es de "abandono total" a este organismo pese al sobreesfuerzo que han tenido que realizar durante esta crisis para tramitar la ingente cantidad de solicitudes de prestaciones por desempleo que ha desbordado absolutamente todas sus capacidades. "A la falta de compensación del trabajo extraordinario, a la imposición de reapertura de las oficinas, ignorando los riesgos sanitarios y la exposición a agresiones por parte de los usuarios que han sufrido retrasos en los pagos, ahora se suma la discriminación en cuanto al teletrabajo", lamenta.

La gran preocupación entre el personal del SEPE, compartida como no puede ser de otra manera por los trabajadores del sector privado, es que en los casos de tener hijos y no poder acogerse a la opción del teletrabajo no saben cómo van a poder compaginar los cuidados con la presencia en la oficina mientras los colegios y guarderías permanezcan cerrados. Aunque comprenden que el desempeño de sus tareas desde casa, por vía telemática, es menos factible en el SEPE que, por ejemplo, en un Ministerio, ya que tienen atención personal al público, consideran "injusto" que los trabajadores que tengan que acudir a la oficina por no tener hijos ni ser de riesgo se vean obligados a asumir toda la carga de las citas presenciales. 

Inseguridad en las oficinas

Para los funcionarios del SEPE "clama al cielo" que desde la Administración se venda "a bombo y platillo" el teletrabajo, que es algo que ellos mismos han venido reclamando por cuestiones de seguridad. La plantilla ha pedido, sin éxito, retrasar la reapertura de las oficinas para la atención personal hasta haberse liberado de toda la carga de trabajo, pues decenas de miles de expedientes siguen sin tramitarse. El retraso en los pagos de los ERTE ha provocado tal crispación social que los funcionarios temen ser atacados por los usuarios en las oficinas. Tanto es así que el sindicato CSIF ha interpuesto una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen amenazas físicas y coacciones que están recibiendo los empleados del SEPE en las redes sociales.

Para los funcionarios del SEPE la exclusión del acuerdo para el teletrabajo es "otra gota más de gasolina para el incendio". La plantilla viene soportando un elevado nivel de estrés en los últimos meses, según han denunciado públicamente, y ha llegado a amenazar con la huelga si el director general del SEPE, Gerardo Guitérrez Ardoy, y la propia ministra Díaz siguen mirando hacia otro lado e ignorando sus reclamaciones. El último movimiento de este colectivo es la puesta en marcha de una asociación no sindical que prevén activar en las próximas semanas. Mientras tanto, y a la espera de las negociaciones en la Mesa Delegada, tendrán que seguir acudiendo a la oficina en los territorios donde así lo determine la dirección provincial.