El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está estudiando la puesta en marcha de un subsidio extraordinario para los autónomos de temporada que tendría un coste adicional para las arcas públicas de 196 millones de euros. Así se lo han solicitado desde las organizaciones de trabajadores autónomos, que aseguran percibir "buena sintonía" en las negociaciones con el Gobierno respecto a esta ayuda. En paralelo, continúan las conversaciones para extender la prestación especial por cese de actividad más allá del mes de junio, al igual que las condiciones favorables para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia. Todo está en el aire.
Son feriantes, vendedores ambulantes, orquestas musicales, propietarios de pequeños chiringuitos de playa y hamaqueros. En total, unos 70.000 profesionales que debido a la pandemia de la Covid-19 no podrán desarrollar su actividad durante los próximos meses, como acostumbran cada año, de manera que su facturación se reducirá a cero y carecerán de ingresos para hacer frente a sus necesidades familiares. Así lo denuncia desde UPTA su presidente Eduardo Abad: "De una vez por todas hay que acabar con la situación injusta que están padeciendo los autónomos y autónomas de temporada, que ven cómo pasa el tiempo y no se adoptan las medidas necesarias para resolver el drama económico de miles de familias".
Según los datos que maneja la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, este subsidio extraordinario tendría un coste de 196 millones de euros para la Seguridad Social. No es una cantidad excesiva, pero tampoco menor, habida cuenta de que el escudo social y económico activado por el Gobierno para dar respuesta a la crisis del coronavirus tenía un coste inicial de 30.000 millones de euros que ya se ha visto desbordado, obligando a tirar incluso de los préstamos para pagar las pensiones y de la hucha del paro. El mayor gasto viene por el lado de los ERTE, motivo por el cual el área económica del Gobierno ya está empezando a cerrar el grifo a esta herramienta que previsiblemente se extenderá hasta el 30 de septiembre.
La propuesta de diseño que ha trasladado UPTA al Ministerio y que ya está analizando Escrivá es la siguiente: los trabajadores autónomos fijos discontinuos o de temporada tendrían que demostrar que a lo largo de los dos últimos ejercicios han estado dados de alta en el sistema especial del RETA, al menos durante cuatro de los seis meses denominados de temporada, comprendidos en el periodo que va de abril a septiembre, en cada uno de los ejercicios. La prestación sería la misma que reciben los autónomos acogidos al cese de actividad extraordinario, sujeta a la cuantía del 70% de la base mínima de cotización. Y para UPTA "el control y la gestión deberían hacerlo las mutuas de accidentes de trabajo, puesto que han sido éstas las que han tramitado todas las prestaciones de cese de actividad".
Desde el departamento de Escrivá aseguran que no hay nada decidido y que se están recibiendo y analizando las propuestas, pero el Gobierno todavía no ha trasladado un planteamiento oficial a las asociaciones de autónomos. Así lo confirma desde ATA su presidente Lorenzo Amor, quien añade que sería una "discriminación absoluta" si no se aprobase una medida similar a la activada para el régimen de artistas. "Se da la paradoja de que hay músicos en régimen de artistas que son temporales o discontinuos y cobran el desempleo y, sin embargo, los músicos que son autónomos y cotizaron en el RETA otros años no tienen acceso a la prestación", explica.
Abad asegura que en las reuniones mantenidas con el Ministerio en los últimos días le han transmitido "buena sintonía" respecto a esta propuesta. Mientras, desde UATAE, otra de las organizaciones del colectivo, sostienen que esta es una de las cuestiones que se están negociando y que parece un "escenario posible", aunque añaden que también se están tanteando "otras opciones" que los responsables gubernamentales no han terminado de concretar. Todo se está hablando en estos días con la intención de llevar un paquete de medidas a un próximo Consejo de Ministros, previsiblemente a lo largo de la próxima semana.
Adicionalmente, los autónomos siguen poniendo sobre la mesa la imperiosa necesidad de de alargar la duración de la prestación por cese de actividad extraordinario a lo largo de los próximos meses. En este sentido, UPTA ha propuesto que se prorrogue al menos en los sectores que peores cifras de facturación están teniendo, combinando ésta con el cese de actividad ordinario. Es decir, en los casos justificados en que los autónomos puedan demostrar la caída de ingresos con respecto a los mismos meses del ejercicio 2019, debería poder ser compatible el desarrollo de la actividad y el cobro de la prestación. Además, piden una bonificación del pago de la cuota al RETA para aquellos trabajadores, que, sin tener la necesidad de acceder a una prestación de cese de actividad ordinaria, estén en una situación de recuperación de facturación progresiva y de vuelta a la normalidad.
