El runrún que se ha generado en torno a todo lo que rodea la contrarreforma laboral que está negociando el Gobierno con la patronal y los sindicatos está provocando una peligrosa espiral de incertidumbre en el mundo empresarial. Sin distinción de tamaños y en todos los sectores, multitud de compañías están anticipando planes de ajuste, paralizando la puesta en marcha de nuevos proyectos y retrasando decisiones de contratación a la espera de conocer cómo quedará el marco legislativo a partir del 1 de enero. En el caso más extremo, se están valorando directamente recortes de plantilla preventivos, ante la duda generalizada respecto a las limitaciones que se van a imponer al personal temporal en nómina y al eventual sobrecoste que podría cargarse a los despidos. Las empresas están a la expectativa.
Los teléfonos de los despachos de abogados laboralistas, grandes y pequeños, echan humo desde hace semanas. Y en las reuniones con clientes no se habla de otro tema. La pregunta siempre es la misma: ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? Más allá de la polémica política por las diferencias aireadas en público por el propio Gobierno y de la semántica del debate (derogar o no derogar sigue pareciendo la cuestión), los empresarios y empresarias del país están preocupados porque cuando quedan menos de dos meses para la entrada en vigor del nuevo marco laboral desconocen cuáles van a ser las reglas del juego, lo que dificulta la proyección a medio y largo plazo que es vital para los negocios. Ante este escenario, se están centrando en el plazo más inmediato y valorando estrategias que permitan paliar cualquier eventual impacto negativo de la norma en sus balances.
Lo que hizo el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, el pasado jueves durante su intervención en el Congreso de Directivos y Ejecutivos de Empresa (CEDE) en Córdoba no fue más que trasladar a la opinión pública el ambiente que se respira estos días en el mundo empresarial, a todos los niveles. "La incertidumbre es la peor enemiga de los negocios. Lo que necesitamos son certezas sobre el contenido de la reforma que se pretende poner en marcha, no mensajes ambiguos y muchas veces contradictorios", reclaman desde una pyme. "Si lo que quieren es reducir la temporalidad, con este modus operandi lo único que van a conseguir es favorecerla, porque se van a tomar decisiones muy cautelosas, por lo que pueda venir", zanjan.
El mejor termómetro para medir los efectos en la temperatura empresarial de la incertidumbre en torno a la reforma son las áreas laborales de los bufetes de abogados. La Información se ha puesto en contacto con varios de los despachos más prestigiosos del país y coinciden en que el ambiente está 'caliente'. "Las empresas se están aproximando para adelantar ajustes, por si finalmente se produjera un endurecimiento del marco legislativo", avanzan desde uno de los grandes estudios jurídicos a nivel nacional. Según explican desde la firma, que prefiere no ser citada mientras la reforma no esté aprobada, estos movimientos se están produciendo con independencia de la percepción sobre la derogación o no de la normativa de 2012. "Los empresarios están percibiendo que se van a introducir rigideces en el marco laboral y eso les está llevando a precipitar sus decisiones de ajuste", indican.
Las empresas están percibiendo que se van a introducir rigideces y por eso están precipitando decisiones de ajuste
El miedo a una reforma laboral dura -si finalmente se imponen las tesis de Yolanda Díaz en la mesa de diálogo social, frente al planteamiento más moderado en términos de flexibilidad interna para las empresas que defiende Nadia Calviño- está provocando una gran preocupación y un notable nerviosismo en los despachos de los directivos. "Las empresas están a la expectativa, en stand by, más que adelantando ajustes, mostrando una mayor prudencia en sus decisiones, a la espera del resultado de las negociaciones en curso", manifiestan desde otra firma de abogados con amplia experiencia en el trato de tú a tú con las compañías. Las principales inquietudes que les están trasladando están relacionadas con la limitación a la plantilla temporal y a la subcontratación y externalización de servicios, así como la preferencia aplicativa de los convenios colectivos.
Pero desde este despacho añaden un asunto más que preocupa sobremanera a las empresas: las indemnizaciones por despido. Aunque se trata de un tema que no se ha debatido en la mesa de negociación tripartita ni se ha incluido en ninguno de los borradores que se han manejado desde el pasado mes de marzo, "cuando se escucha hablar de derogación de la reforma laboral del PP, lo primero que viene a la cabeza es la recuperación de los 45 días y el golpe contable que eso supondría para las empresas que tengan que prescindir de personal", explican. Y también abundan los temores sobre el eventual regreso a la autorización administrativa de los ERE y sobre los cambios en el modelo de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. "Caminar en ese sentido restaría a las empresas la flexibilidad que tanto necesitan en estos momentos de crisis", advierten.
Desde otro de los grandes despachos del panorama nacional con sobrada experiencia en asesoramiento a grandes firmas y conocedores del 'minuto y resultado' de la negociación social de la reforma laboral advierten de que las medidas que se están planteando en estos momentos están provocando "pavor" entre las empresas porque suponen un importante retroceso en flexibilidad interna. "A las empresas les dan pánico planteamientos como la limitación de la temporalidad, el establecimiento de la autorización administrativa en los nuevos ERTE, la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial o la supresión de algunas modalidades contractuales", explican desde esta firma fuentes que adelantan que ya están asesorando a clientes que han optado por adelantar decisiones, por ejemplo, respecto a las jubilaciones forzosas o a los contratos eventuales por razones de producción para poder acogerse a los periodos transitorios que contendrá la norma.
La pandemia ha dejado tocadas a muchas empresas que, a pesar de haber recurrido a mecanismos como los ERTE y los créditos ICO, en estos momentos padecen importantes problemas no solo de liquidez, sino también de solvencia, como ha constatado el Banco de España. "Una reforma laboral dura que introduzca rigidez en el mercado no solo supondría la sentencia de muerte para muchas empresas sino que perjudicaría considerablemente la creación de empleo", avisan desde la patronal. Fuentes de la CEOE explican que los empresarios tienen en cuenta principalmente tres factores a la hora de contratar: el coste laboral, el ciclo económico y la productividad. Respecto al primero, insisten en denunciar la subida de cotizaciones planteada por el Gobierno; en cuanto al segundo, consideran que todavía estamos en un punto de recuperación incipiente; y sobre el último, recuerdan que la productividad se ha resentido con la pandemia.
Una reforma dura supondría la sentencia de muerte para muchas empresas y perjudicaría la creación de empleo
Los gestores administrativos, en alerta
Los gestores administrativos también están detectando esta inquietud creciente. Una encuesta realizada entre los socios en mayo del año pasado ya revelaba que más del 50% afirmaban que se podrían anticipar despidos como consecuencia de la contrarreforma, en base a las confesiones y peticiones de sus clientes. "Entonces, el efecto de tanto rumor pudo quedar oculto tras los ERTE, los despidos por cierres… pero ahora volvemos a recibir un número importante de consultas sobre cómo prevemos que va a afectar el cambio normativo", indican fuentes del sector que ponen el foco en las pymes: "No pueden seguir soportando el peso de una serie de medidas que les afectan de lleno. Su capacidad de resistencia es nula", sentencian.
Para los gestores administrativos "no es de recibo mantener durante dos años con esta incertidumbre a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Se encuentran en medio de una nueva crisis que les está azotando con violencia y tienen que tomar medidas sin saber cuál es su horizonte próximo". "Llueve sobre mojado, y veremos qué pasa con los trabajadores que siguen en ERTE y si es probable que se empiecen a tomar medidas de despidos cuanto antes, acogiéndose a los criterios que rigen en este momento y que conocen perfectamente", auguran en referencia al esquema que está vigente hasta el próximo 28 de febrero de 2022.
El impacto en las pymes no es baladí. "En este momento, los pequeños y medianos empresarios no saben hacia dónde mirar", detectan los gestores, que tratan directamente y a diario con este amplio espectro del tejido productivo y perciben su preocupación no solo por la reforma laboral, también por la de pensiones, por las cotizaciones a la Seguridad Social, por la anunciada subida de impuestos, por el incremento del coste de la energía, por la subida en los precios de las materias primas, por la recaída de los grandes sectores que tiraban hasta ahora de nuestra economía, por los cambios en las cifras macroeconómicas y las revisiones de INE y demás organismos nacionales e internacionales sobre nuestra recuperación. "Al final, al que se cargan es al que utilizan de excusa: al trabajador. Ya verá cómo se queda en la calle y con un período de paro mayor del razonable".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios