21.000 millones de euros. Es la factura que va a suponer para la Seguridad Social un año y medio de despliegue de escudo social para hacer frente a la crisis de la Covid-19. Así lo ha revelado este jueves el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa para la presentación del contenido del acuerdo para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre que ha aprobado esta misma tarde el Consejo de Ministros.
En concreto, el titular de la Seguridad Social ha indicado que los recursos comprometidos por su departamento (sin tener en cuenta las prestaciones por desempleo, que dependen del SEPE) hasta la fecha alcanzan los 19.000 millones de euros, a los que habrá que sumar de aquí a septiembre en torno a otros 2.000 millones. Fuentes de la Seguridad Social matizan que las exoneraciones de los ERTE habrían supuesto unos 7.000 millones hasta el momento, a los que se sumarían otros 10.000 millones de los autónomos y 2.000 millones de euros de prestaciones por incapacidad temporal Covid.
Concretamente, respecto a los cuatro meses de la nueva prórroga de los ERTE que entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, Escrivá ha cuantificado el coste de las exoneraciones para la Seguridad Social en unos 850 millones de euros. En realidad, en los distintos esquemas de doble exoneración (para trabajadores activados y suspendidos) que se han valorado en la mesa de diálogo social en los últimos días, el coste de la prórroga se ha situado siempre en una horquilla de entre 800 y 900 millones de euros, según ha indicado el ministro.
Escrivá ha presentado en rueda de prensa, junto a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos para volver a prorrogar los ERTE y mantener su cobertura durante los meses de verano. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto-ley esta misma tarde, tras cerrarse las condiciones con los agentes sociales en la jornada del miércoles.
Ha sido una recta final de negociaciones muy intensa en la que distintas fuentes han apuntado a que la intermediación del presidente del Gobierno ha sido decisiva para acercar posturas entre Escrivá y Antonio Garamendi, que rechazaba de plano el esquema de exoneraciones propuesto. Sin embargo, el ministro de Seguridad Social ha negado que Pedro Sánchez haya intervenido en el proceso de negociación y ha asegurado que fue él mismo quien cerró con el presidente de la CEOE el preacuerdo que después fue refrendado por la mesa tripartita.
Detalles de la prórroga
El esquema de los ERTE que estará en vigor hasta el 30 de septiembre mantendrá las tres modalidades actuales: los destinados a los sectores 'ultraprotegidos' y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación, los dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios.
En los ERTE de sectores 'ultraprotegidos' y su cadena de valor de empresas con menos de 50 trabajadores las exenciones a la Seguridad Social serán del 95% si los trabajadores se reactivan durante todo el periodo de vigencia del acuerdo (junio, julio, agosto y septiembre). En el caso de las empresas con más de 50 trabajadores, el porcentaje de exención será del 85%. Para los trabajadores que se queden en el ERTE, las exenciones, en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores, serán del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre. Si tienen más de 50 trabajadores en plantilla, serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.
En el caso de los ERTE de limitación de actividad, las exoneraciones empresariales a la Seguridad Social serán del 85% en junio y julio y del 75% en agosto y septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadores. Si tiene más empleados, serán del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre. Para los ERTE de impedimento, las exoneraciones serán del 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 o más trabajadores en plantilla.
Asimismo, la prórroga de los ERTE mantendrá el compromiso de mantenimiento del empleo, que empezará a contar por otros seis meses, así como la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, interrumpir contratos temporales, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias y externalizar actividad. Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora, como hasta ahora.
Para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la norma establece la obligación de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de los trabajadores. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en esos periodos, se dispone su afectación por los ERTE vigentes a fecha de entrada en vigor de la nueva prórroga o autorizados con posterioridad.
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