Fedea alerta de que una mala calidad de las instituciones lastra la política económica

La Fundación de Estudios de Economía Aplica (Fedea) ha alertado de que la calidad institucional condiciona la eficacia de la política económica, de forma que "una deficiente calidad institucional conduce también a un mal diseño y/o ejecución de la política económica".  Así lo señala en un trabajo de Alfonso Novales, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas e ICAE, en el que se evalúa el estado actual de la economía española.

Novales se queja en su estudio de que existen reformas necesarias e importantes, de carácter institucional, que continúan sin ser atendidas, a pesar de haber sido propuestas reiteradamente por muchos expertos, especialmente en los últimos años. Tras analizar la evolución de la economía española desde la crisis financiera hasta hoy, la impresión del autor es que la economía ha mantenido tradicionalmente unos niveles de inversión "relativamente débiles", excepto en el periodo de la burbuja inmobiliaria que condujo a la crisis de 2007.

Detecta, además, la ausencia de una política "seria" de inversión en I+D que aspire a generar un desarrollo tecnológico comparable al de otros países y apela a la necesidad de tener gobiernos mucho más activos en políticas de innovación, que establezcan colaboraciones con el sector privado basadas en la confianza mutua, así como a la conveniencia de llevar a cabo una política presupuestaria "rigurosa", que genere incentivos a la inversión, la educación, y la formación continua.

"El crecimiento de España desde 2007 es de los más bajos" 

"La consecuencia es que, si bien el PIB español crece en la recuperación de la crisis de la pandemia, nuestro crecimiento desde 2007 (antes de la crisis financiera) es de los más bajos de la UE-27. El PIB per capita actual está en el puesto 15 de la UE-27, pero es un 79% del nivel de dicho grupo, cuando era el 98% en 2007, y el 85% en 2019", sostiene Novales.

Además, argumenta que en el período 2007-2022 España ocupó el puesto 22 en ganancias de productividad (por hora trabajada) dentro de la UE-27, por lo que advierte de que dificultad para mejorar la productividad continúa siendo uno de los principales problemas de la economía.

Novales avisa también de que, pese al récord de afiliados a la Seguridad Social, las tasas de ocupación (ocupados como porcentaje de los activos) son de las más bajas de la UE tanto para hombres como para mujeres y lo mismo sucede con las tasas de empleo (ocupados sobre población en edad de trabajar).

En lo que respecta a la inversión, el informe señala que no ha recuperado su fortaleza, especialmente en bienes de equipo. "Para ser el país innovador que se nos promete con frecuencia, necesitamos impulsar definitivamente la inversión en I+D. No es evidente que los fondos Next Generation, canalizados a través del Plan de Recuperación, vayan a contribuir significativamente en este sentido. Parece predominar la preocupación por no ser capaces de ejecutar el gasto en el plazo fijado", apunta Novales.

En este sentido, denuncia que, aunque los Pertes están llamados a absorber importantes partidas de gasto y tratan de atraer producción tecnológicamente avanzada, "se echa en falta una mayor apuesta por elevar el nivel de calidad de los centros de investigación, la captación de talento para ellos y el apoyo a ambiciosos proyectos de desarrollo de tecnologías en diversas áreas".

"Se echa en falta una mayor apuesta por elevar el nivel de calidad de los centros de investigación, la captación de talento y el apoyo a proyectos ambiciosos"

El autor también hace referencia a las reformas que, a su juicio, necesita la economía española pero que "ningún Gobierno parece dispuesto a acometer". Entre ellas, cita la necesidad de que las distintas actuaciones de un Gobierno sean coherentes y consistentes con el programa electoral sobre el que fue elegido y de que responda "rigurosamente" a compromisos de transparencia, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas.

Asimismo, Novales insta a acometer una reforma "real" de la administración pública, considerándola "el elemento con mayor potencial dinamizador de la economía y más modernizador de la sociedad, al tiempo que aboga por "romper la polarización" de los últimos años para que no se impida el progreso del sistema económico y social.