Con permiso del empresario Juan Abelló y el ganadero Samuel Flores, los mayores titulares de tierras en España, empresas y fondos de inversión están ganando cada vez más peso en el rústico español. Todo esto, en su medida. No es que los grandes capitales se hallen invirtiendo en campo a diestro y siniestro, sino que están comprando empresas transformadoras y/o distribuidoras de productos alimentarios y también suelo rústico para inversiones en energías verdes o para empresas madereras. Todo tímidamente pero con paso firme.
El campo, en líneas generales, no es el ladrillo. Si lo fuese no existiría la Política Agraria Común (PAC) en Europa, pero hay brotes verdes por la estabilidad que proporcionan a los inversores. Sigamos: el territorio español cuenta con 505.960 kilómetros cuadrados de tierra. El 40% es superficie forestal arbolada, arbustiva o matorral, un tercio son tierras de cultivo y el 17,74% son superficies de pastos. El 8,72% de la superficie total (44.135 kilómetros cuadrados) lo ocupan los suelos urbanos, vías de comunicación, industrias, aguas y humedales. La tarta de lo urbano es más pequeña de lo que parece cuando uno coge el coche por nuestras carreteras principales, donde parece imposible encontrar dos bosques seguidos sin cruzarnos con un polígono industrial o un PAU.
En los últimos diez años, la superficie forestal ha crecido un 17%, mientras que la extensión de tierras de cultivos ha caído un 3,1%, según el último informe de indicadores publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Quiénes son los titulares de todos esos terrenos que están fuera de ese porcentaje? El Instituto Nacional de Estadística, que acaba de publicar datos sobre los dueños, tiene la respuesta y es este organismo el que nos revela la entrada de nuevos actores.
De la Sareb al fondo
Hay cada vez más una especial atención a las fincas rústicas tanto productivas como para la explotación de energías fotovoltaicas y eólicas, donde ahora mismo tanto fondos como aseguradoras están viendo un nicho de mercado que puede dotar de mayor rentabilidad a sus inversiones respecto a la compra tradicional de producto suelo y su desarrollo. El campo se empieza a ver como un valor seguro.
El sector agroalimentario se ha convertido en tímido objeto de deseo de fondos de capital y algún que otro ‘family office’ con hambre de encontrar rentabilidades seguras en un entorno de interés negativo y mercados financieros más que volátiles. Se calcula que no llegan a cuarenta los fondos que invierten en el agro español. ¿Cómo entraron en este mercado? Algunos de ellos vinieron gracias a la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), que los recogió de la pasada crisis económica. El llamado ‘banco malo’ sigue aún en cartera con más de 3.000 millones en propiedades de "difícil" salida. Muchas de ellas son suelos rústicos sin visos de reclasificarse en los que estos agro-fondos han visto el nicho.
El primer fondo de inversión nacional es el catalán Panda Agriculture & Water FI, que pertenece a la compañía Gesirus, la gestora de fondos participada por Catalana Occidente desde 2008. Este fondo, centrado en propiedades agrícolas y en el sector del agua a nivel europeo, tiene en España propiedades como Bodegas Riojanas y compañías como Barón de Ley, la empresa española de viñedos y vino fundada en 1985 en la comunidad autónoma de Navarra, en la zona de esta comunidad perteneciente a la DOC de Vino de Rioja.
Este fondo ha protagonizado titulares este final de septiembre y no muy halagüeños para la entidad . El fondo como accionista minoritario de Barón de Ley mostró su oposición a la CNMV a la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión presentada por la compañía vitivinícola para recomprar el 9,39% de las acciones a un precio de 109 euros por acción, ya que la consideran una cifra "inaceptable". Según informó Europa Press el pasado 30 de septiembre, el fondo gestionado por Marc Garrigasait señaló que el precio ofrecido debería tener una "prima" y argumenta que, teniendo en cuenta los el ratio de valoración EV/Ebitda, "el precio por acción mínimo razonable debería situarse entre 151,63 euros y 157,43 euros".
El vehículo 'Panda Agriculture & Water Fund' ha participado en 21 OPAs desde su creación en mayo de 2013 y señaló entonces que solo en las dos españolas -en Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) y Barón de Ley-, las valoraciones son sin prima y fuera de cualquier lógica de mercado".
Mientras seguimos la evolución de la compleja situación para Panda, señalar que otro fondo que destaca es Parvest Worlds Agriculture. Este invierte al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable de empresas agrícolas, incluidas las que se dedican a productos químicos o infraestructuras agrícolas, biocombustibles, ciencias de los cultivos y superficies forestales. Allianz, Julius Baer, Amundi O Pictet son algunos de los más destacados nuevos actores en el campo español, que buscan su hueco.
Un 20% de la tierra es del Estado
Esto, sin perder de vista a los grandes nombres con los que empezábamos este reportaje y sin pasar por encima de la Administración Pública, que tiene más del 20% de esas tierras. Destacar entre todos los organismos, al Ministerio de Defensa que, como hemos contado en numerosas ocasiones en este medio, está en pleno proceso de desinversión. Basta con echar un ojo al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), donde los lotes de tierras en subasta pujan junto con viviendas militares en desuso con relativa frecuencia.
El Fondo Español de Garantía Agraria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actúa del mismo modo: mediante subastas. Los fondos obtenidos con estas ventas son destinados por el FEGA a dar servicio a todo el sector agrario a través de diversas inversiones para mejorar la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) como, por ejemplo, la renovación del SIGPAC, que es el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas mediante el que los agricultores presentan cada año su solicitud única de ayudas.
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