Si el Comité de Expertos designado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para perfilar el futuro del sistema fiscal español confiaba en que las comunidades autónomas se lo pusieran fácil a la hora de encarrilar una eventual armonización fiscal - singularmente en el Impuesto de Patrimonio y en los de Sucesiones y Donaciones - puede ir despidiéndose de ese escenario. Las aportaciones remitidas por los gobiernos de las quince comunidades autónomas de régimen común al grupo dentro del proceso de consulta pública abierto para recabar la mayor cantidad de ideas y propuestas posible no permiten vislumbrar consenso alguno respecto al futuro del Impuesto de Patrimonio e incluso revelan diferencias que van más allá de las siglas políticas, lo que enreda aún más un debate que amenaza con prolongarse durante lo que queda de legislatura.
Las posiciones están polarizadas entre los que como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, entre otros, exigen una armonización fiscal para acabar con la presunta competencia desleal y la supuesta captación de contribuyentes de altas rentas por parte de la Comunidad de Madrid; y los que como la propia región capitalina, la Región de Murcia o, atención, el Gobierno socialista de La Rioja defienden su eliminación. Tampoco se vislumbra un consenso mucho más claro respecto al futuro a los otros impuestos objeto de la polémica, el de Sucesiones y el de Donaciones. Sí parece percibirse una opinión mayoritaria respecto a los beneficios de su armonización, pero el perímetro de ésta es bien diferente en función del gobierno autonómico de turno. Algunas piden, en efecto, el establecimiento de tipos mínimos que impiden desfiscalizar el impuesto, pero otras se inclinan por simplificar el impuesto, elevar los mínimos exentos y limitar la armonización al cálculo de las bases imponibles del mismo.
La guerra por el Impuesto de Patrimonio nace por los supuestos desplazamientos de contribuyentes de rentas altas desde otras comunidades autónomas a la Comunidad de Madrid a la busca de beneficiarse de la bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto que rige desde hace años en la región capitalina, que elimina 'de facto' la aplicación del impuesto y que les ahorra a las grandes fortunas en los casos más extremos cuantías millonarias por localizar sus patrimonios en Madrid.
En opinón del Gobierno manchego, el marco normativo que ha permitido a la Comunidad de Madrid dejar de cobrar el Impuesto de Patrimonio o reducir de forma radical la imposición en Sucesiones y Donaciones "ha generado una dinámica de competencia fiscal que ha conducido a la práctica desaparición de estos impuestos en algunos territorios y que conlleva un efecto desplazamiento de bases imponibles que afecta a otras figuras tributarias de mayor relevancia en el conjunto de recursos, como el IRPF, perjudicando gravemente a las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal".
El argumento es compartido por la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y también por la Generalitat de Cataluña que en su escrito a los expertos subraya que según las estadísticas de la Agencia Tributaria sólo un tercio de los grandes patrimonios residentes en España tributan por el Impuesto de Patrimonio y que según algunos informes académicos en los últimos años el número de potenciales declarantes del Impuesto de Patrimonio se ha incrementado en 6.000 personas en Madrid mientras que ha caído en el resto de autonomías.
Las propuestas de los partidarios de la armonización, sin embargo, difieren. Asturias y Castilla-La Mancha apuestan por el establecimiento de tipos mínimos y máximos en el impuesto para restringir la capacidad de maniobra de los gobiernos autonómicos para competir entre ellos; la Generalitat Valenciana por su parte aboga por restringir la capacidad de las autonomías de establecer reducciones y bonificaciones; Canarias por equiparar las bases imponibles y los mínimos exentos; y Cataluña por la reconfiguración de Patrimonio como un impuesto dual, al estilo del IRPF, en el que haya una parte de competencia estatal y otra de competencia autonómica, de modo que las autonomías puedan mantener su corresponsabilidad fiscal, pero en ningún caso puedan eliminar la aplicación del impuesto en su totalidad.
El planteamiento de Cataluña parece una versión mejorada de la propuesta que ERC presentó como enmienda al proyecto de Presupuestos de 2021 y que estuvo a punto de arruinar la tramitación parlamentaria de los PGE por el respaldo explícito que los diputados de Unidas Podemos y de otros socios del Gobierno realizaron a la misma.
Acabar con el Impuesto de Patrimonio
En el otro bloque, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con la adhesión de La Rioja que plantean la eliminación del Impuesto de Patrimonio bajo el argumento de que es una figura impositiva obsoleta y que ya no existe en los ordenamientos fiscales de los grandes países de la UE. La Rioja, en realidad, utiliza un argumento más pragmático, que se asienta en que es una figura fuente de problemas que aporta una recaudación marginal a las arcas de las comunidades autónomas por lo que ve conveniente su supresión.
La Comunidad de Madrid abandera esta opción. Su escrito de aportaciones a los expertos es, en realidad, una defensa acérrima de su sistema fiscal y una advertencia de "la intromisión inadmisible y regresiva" que supondría obligar a la región a reimplantar el impuesto. Madrid defiende su política de reducir a la mínima expresión la tributación patrimonial en la región con argumentos económicos: sostienen que aumentar la fiscalidad en Patrimonio retrae el consumo y la inversión y que grava recursos que ya han sido sometidos a impuestos con anterioridad. "Se trata de un impuesto fiscalmente obsoleto y económicamente antifuncional, cuya existencia en España constituye una anomalía en el conjunto de los países de nuestro entorno político, económico e institucional", remacha.
No todas las comunidades del PP son tan entusiastas en la defensa de la libertad total de los gobiernos autonómicos para actuar sobre sus impuestos cedidos. Andalucía señala que el horizonte debe ser acabar con el Impuesto de Patrimonio, pero abre la puerta a una cierta armonización fiscal mientras llega ese momento; Galicia también contempla la posibilidad de una cierta armonización siempre que ésta preserve el ámbito competencias de las comunidades autónomas; y Castilla y León también admite el principio de armonización fiscal siempre que sea a la baja.
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