El Banco de España anuncia un 'hachazo' a las previsiones de crecimiento del PIB en 2021 y da un espaldarazo a la reforma laboral de 2012. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defiende el cuadro macro que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 por estar basado en la "prudencia" y resta importancia al PIB como indicador hegemónico para tomar el pulso a la economía. El presidente Pedro Sánchez apuesta por una "modernización" de la legislación laboral, "como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso". La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en derogar la reforma laboral del PP y pide a los socios del PSOE en el Gobierno que se aclaren. Todo esto, en una sola mañana y ante la atenta mirada del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita oficial en España para pulsar el estado de las reformas a las que están condicionados los fondos de recuperación.
La semana arranca 'movida'. A apenas horas de que los socios del Gobierno se sentasen en la mesa de seguimiento del pacto de coalición -que finalizó sin acuerdo- el ambiente estaba caldeado. A primera hora de la mañana de este lunes, Díaz se desayunaba las palabras de Calviño en el Financial Times: "Necesitamos conseguir una reforma equilibrada" para "europeizar el mercado de trabajo español". Ni rastro de la derogación de la legislación del PP. Nada nuevo bajo el sol, más allá de un posicionamiento rotundo en clave bruselense en el diario económico más influyente en el ámbito continental, cuando solo quedan dos meses de margen para negociar y aprobar la reforma laboral y en plena disputa entre vicepresidentas para liderar este proceso clave para la Comisión Europea.
Una pugna en la que Calviño, respaldada por Sánchez, apuesta por llevar la negociación a la mesa de diálogo social del Plan de Recuperación, que preside él mismo y donde están todos los ministerios del área económica, además de la patronal y los sindicatos, para adoptar una posición de Gobierno, según revelan fuentes gubernamentales. En efecto, en esa mesa participan, además de Trabajo y Asuntos Económicos, Inclusión, Hacienda y Educación. Son muchos los temas relacionados, por ejemplo, con la formación o los ERTE, en los que también deberían hacer aportaciones estos departamentos. En Economía (y en Moncloa) entienden que la reforma laboral debería pasar por este foro en última instancia, mientras Unidas Podemos insiste en que lo importante no es quién coordine la norma, sino el fondo: que se deroguen los aspectos "más lesivos" de la legislación del PP.
La pugna es pública y así lo percibe el enviado de la Comisión Europea. Consultado este lunes al respecto de las discrepancias entre Díaz y Calviño, Gentiloni rehusó entrar en lo que denominó "dinámicas internas de discusión política". El comisario de Economía reiteró la posición de Bruselas sobre la reforma laboral que ha de llevarse a cabo en España, que pasa por defender el equilibrio entre la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad de las empresas (el famoso concepto de 'flexi-seguridad' tan valorado en la UE). "Encontrar ese equilibrio no es fácil ni automático", admitió, para insistir después en la necesidad de que la reforma sea consensuada en el marco del diálogo social. "Cuando llegue la evaluaremos", zanjó, no sin recordar qué es lo que Bruselas le está pidiendo a España en esta materia: que aborde la excesiva temporalidad y la precariedad del empleo, así como la modernización del actual esquema de negociación colectiva.
Gentiloni salía así al paso de la polémica y evitaba mojarse de lleno en la batalla pública abierta entre los socios del Gobierno. Cierto es que tanto Calviño como Sánchez, que compartieron escenario con el comisario este lunes, midieron mucho su mensaje sobre la reforma laboral ante el enviado europeo y garantizaron en público que la posición del Gobierno es unánime respecto a la reforma laboral, que tiene que estar aprobada antes de que acabe el año y que ésta será pactada con la patronal y los sindicatos. Pero en paralelo, Yolanda Díaz insistía ante los medios en que hay una parte del Ejecutivo (del flanco socialista, en concreto) que no quiere modificar el marco laboral e incluso aseguraba que la coalición atraviesa un momento "delicado" por este motivo. Calviño quiere llevar la negociación de esta reforma a su terreno, a la mesa del Plan de Recuperación, mientras la titular de Trabajo quiere seguir pilotando estas conversaciones en solitario para asegurarse que se derogan los "aspectos más lesivos" de la ley del PP.
Por si fuera poco, el Banco de España también irrumpió en el debate este lunes. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el gobernador Pablo Hernández de Cos no eludió la pregunta sobre la eventual derogación de la reforma laboral de 2012 y reiteró que el BdE la consideró positiva en términos de capacidad de creación de empleo en un momento complejo. Aunque admitió que la norma no solucionó los problemas persistentes del mercado de trabajo, como la temporalidad, el paro de larga duración o las deficiencias en la formación, pidió mantener la "flexibilidad" y la "capacidad de adaptación" que otorga a las empresas en una coyuntura como la actual, haciendo referencia concreta a la prevalencia del convenio de empresa y a los denominados 'descuelgues'.
Rebaja de previsiones
No fue la única advertencia del supervisor. De Cos también avanzó que el Banco de España llevará a cabo una rebaja de sus proyecciones a finales de año, cuando le toca revisarlas. De este modo, el gobernador echó un jarro de agua fría sobre las optimistas previsiones que mantiene el Ejecutivo sobre la evolución de la economía española, sobre las que basa el escenario macroeconómico que acompaña los Presupuestos de 2022, recordando que el consenso de los analistas han optado por rebajar sus expectativas. En este contexto, adelantó que el BdE ejecutará una "revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente" en el mes de diciembre, tal y como ya han hecho a estas alturas otros organismos y entidades.
Sin ir más lejos, este mismo lunes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también cuestionaba el plan macroeconómico del Gobierno. La entidad que preside Cristina Herrero sí concretó su recorte: rebaja su previsión del crecimiento del PIB al 5,5% en 2021 y al 6,3% en 2022, frente al 6,4% y el 6,8% estimado anteriormente. Estas nuevas previsiones contrastan con el escenario macroeconómico que el Ejecutivo incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que sitúa el alza del PIB en el 6,5% en 2021 y en el 7% en 2022, y que se va a mantener intacto, según se deduce de las declaraciones de Calviño.
Y es que en este contexto, pese a que el gobernador del Banco de España advirtió de que la tasa media de crecimiento del PIB contemplada en los PGE es superior en casi un 1% a la media del consenso de los analistas para estos dos años, la vicepresidenta Calviño insistió, en presencia de Gentiloni, en que las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo siempre se han alineado con las posiciones "más prudentes". La responsable del área económica del Gobierno mantiene así el tono optimista de cara a la Comisión Europea, en un momento clave para la puesta en marcha de las reformas (en concreto, de dos que son fundamentales como son la del mercado de trabajo y la del sistema de las pensiones) que darán acceso directo a 10.000 millones de euros del nuevo desembolso del fondo 'Next Generation EU'.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios