La Inspección de Trabajo y Seguridad Social acaba de poner en marcha una nueva campaña de vigilancia del fraude en la contratación temporal en las empresas. Según avanzan a La Información fuentes del organismo que cuelga del departamento que dirige Yolanda Díaz, la campaña arrancó la semana pasada con el envío masivo de cartas a las compañías en las que se han detectado abusos tras el cruce de datos con la Seguridad Social. En el marco de la planificación anual habitual, en esta ocasión la actuación inspectora se dirige específicamente a controlar que las distintas modalidades de contratación temporal desplegadas en el tejido productivo (eventual, por obra y servicio, de interinidad, de formación o prácticas) no exceden la duración máxima que fija la legislación vigente.
No hay tregua para las empresas. El Gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo, se ha marcado la lucha contra la precariedad en el mercado laboral como uno de los principales objetivos de esta legislatura, que pasa por reducir la excesiva temporalidad. La pandemia ha trastocado la agenda legislativa, pero en la actividad cotidiana de la Inspección ésta continúa siendo una de las líneas de actuación prioritarias, a pesar de la sobrecarga de trabajo derivada de la crisis sanitaria y de la necesidad de controlar tanto las nuevas herramientas desplegadas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como las propias condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo frente a la exposición al contagio de Covid-19.
Así lo explica la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, quien recuerda que cada año se llevan a cabo numerosas actuaciones en materia de contratación temporal, además de las campañas específicas, vigilando tanto el objeto como la duración de los contratos. Según los últimos datos disponibles, en el año 2019 se convirtieron en indefinidos 169.252 contratos temporales como resultado de la actuación inspectora. "Aproximadamente unas 100.000 conversiones se produjeron gracias a las cartas enviadas a las empresas, que suelen dar buenos resultados", explica Ercoreca. En estas misivas, se requiere a los empresarios que conviertan los contratos que se han detectado en fraude de ley de manera automática o de lo contrario se enfrentan a sanciones por infracción grave de hasta 6.250 euros.
Las cartas de la campaña actual se están enviando a las empresas desde la semana pasada. En esta ocasión, el plan de choque se dirige específicamente al encadenamiento de contratos temporales en fraude de ley, de modo que se está advirtiendo a los empresarios en los casos en los que se ha detectado, tras el cruce de datos con la Seguridad Social, que los contratos temporales activos en sus centros de trabajo exceden el tiempo máximo que establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 15 para cada una de las modalidades y que como límite máximo fija una duración de 3 años ampliables en otros 12 meses por convenio colectivo en el caso de los contratos por obra o servicio y de forma general un plazo de 24 meses.
La campaña se encuentra todavía en una fase incipiente, por lo que tanto desde el Ministerio como desde la Inspección no avanzan más datos por el momento. Los resultados, no obstante, se harán públicos cuando finalicen las actuaciones y se plasmarán en la futura memoria anual del organismo. En cualquier caso, lo que se busca es desincentivar el abuso de la contratación indefinida a través de la actuación inspectora, como viene siendo habitual en los últimos años, con el objetivo último de desplegar un programa legislativo que ponga fin a este uso fraudulento de los contratos eventuales, generalizando el contrato indefinido y endureciendo las sanciones a las empresas incumplidoras en esta materia.
Así lo avanzaba este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado. Tras sentenciar que "no es posible que todos los meses nueve de cada diez contratos sean temporales", el número dos de Yolanda Díaz criticaba que "este es un país de contratos de obra y eventuales", que son "el destino de la mayoría de trabajadores", porque el contrato indefinido se ha convertido en una especie de "anhelo" que "no forma parte de los elementos habituales de contratación del mercado de trabajo". "Ese es el elemento inicial que tenemos que corregir", zanjaba, para añadir después que "no es posible seguir confiando la contratación a vínculos de una a precariedad tan extrema que en la mayoría de ocasiones es abusiva y no cumple con los objetivos legales".
Pérez Rey consideraba necesario articular un programa legislativo "que ponga fin de una vez a uso abusivo de la temporalidad, generalizando el contrato indefinido y desincentivando el uso de la contratación temporal, siendo más eficaces en las sanciones". Es la primera gran reforma que, según avanzó, impulsará el Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social con la patronal y los sindicatos. Así se lo ha trasladado ya el Gobierno español a la Comisión Europea, en el marco del plan de reformas necesario para acceder al maná de los fondos de recuperación Next Generation UE.
En concreto, en la documentación remitida a Bruselas y presentada a los agentes sociales, a la que ha tenido acceso este medio, el Ejecutivo apuesta por "reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral". Para ello, se pretenden simplificar y reordenar las modalidades de contratación y generalizar el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al temporal, adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad, penalizando el uso abusivo de contratos de muy corta duración y atajando el fraude laboral.
