La duración de la negociación que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos está manteniendo con las entidades financieras y el Banco de España para dar con un esquema de apoyo a la solvencia empresarial que sea aceptable para la banca y a la vez no exponga a las arcas públicas a un nivel de riesgo excesivo en forma de futuras cargas presupuestarias y financieras empieza a exasperar a una parte del Gobierno, incómoda a partes iguales por el retraso en dar solución a un asunto que es objeto de un agitado debate social y alimenta las críticas de los empresarios al Gobierno casi desde el pasado verano, y también por lo que consideran una irritante aversión de Nadia Calviño a utilizar los márgenes para el gasto público que, entienden, Bruselas está poniendo a su disposición.
Aunque ha sido el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, el que ha asumido la portavocía de esta posición en el debate público, con declaraciones en entrevistas y mensajes en redes sociales como el subido este lunes advirtiendo de que "lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública, se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad", sugiriendo un supuesto exceso de celo de la vicepresidenta Calviño sobre la evolución de la deuda pública, la posición es compartida también en ámbitos de Moncloa y en algún otro ministerio económico, según apuntan diversas fuentes gubernamentales.
Preocupa, según estas mismas fuentes, que las ayudas del Gobierno lleguen demasiado tarde para muchas empresas que llevan ya un año con su actividad muy disminuida, pero también que se cierre la ventana de oportunidad abierta por Bruselas para que los países de la Unión inviertan lo que tengan que invertir para estabilizar sus economías y evitar salir de la crisis con un tejido productivo demasiado magullado por el efecto de la pandemia. Advierten de que el próximo mes de septiembre habrá elecciones en Alemania y de que eso implica devolver el debate sobre la austeridad en Europa al primer plano, y se temen que la actual 'manga ancha' de Bruselas con el gasto público no durará más que unos meses, que estiman que el Gobierno tendría que exprimir al máximo para blindar el tejido productivo.
El Gobierno ha comprometido, tanto por boca de Nadia Calviño como del propio presidente, Pedro Sánchez, el plan de ayudas directas de 11.000 millones de euros para este mes de marzo, pero ni siquiera esa certeza ha atemperado las críticas a la vicepresidenta, a la que acusan de "arrastrar los pies" y de racanear las ayudas al tejido productivo doméstico.
El desafío de aprobar medidas que sean eficaces
Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos optan por no alentar más polémicas. Se recuerda que fue el Gobierno de España a través de la vicepresidenta Calviño el que negoció en Bruselas para conseguir una ampliación del Marco Temporal de la Comisión Europea para permitir un abanico más amplio de ayudas al tejido empresarial europeo - como por ejemplo las reestructuraciones de deuda, que la vicepresidenta prevé poner en marcha -, que este nuevo marco no se aprobó hasta finales de enero y que desde entonces apenas ha pasado un mes que la Vicepresidencia se ha pasado negociando para tratar de aprobar el programa de ayudas directas este mes de marzo.
El Gobierno no ha ocultado que no dispone del mismo margen presupuestario que otros países para habilitar su escudo social y económico contra la crisis. Con la deuda pública en el 117% del PIB y el déficit apuntando al 11%, la vicepresidenta Calviño ha entendido casi desde el primer minuto que la prudencia en el gasto público era más una necesidad que una opción. Curtida durante años en la política europea, sabe que habrá un día después de la pandemia "y cuando éste llegue, Bruselas volverá a exigir a los países que pongan sus cuentas en orden, y será fundamental que cuando llegue ese momento estemos en una posición asumible", asegura un analista, de una de los más prestigiosos 'think tanks' del país. La preocupación de inversores y organismos internacionales por los registros españoles de déficit público y de deuda aflora sin disimulo en los informes publicados sobre España a lo largo de la pandemia.
Fuentes conocedoras de los contactos que Economía está manteniendo con la banca y con el tejido empresarial para perfilar su plan de ayudas directas subrayan que desde la Vicepresidencia se ha trasladado la necesidad de evitar los errores percibidos en los planes de otros países europeos, en los que las ayudas han acabado en empresas que han terminado echando el cierre en lo que se observa como un despilfarro de fondos públicos. Fuentes empresariales atribuyen a esa cautela y a ese temor a dar un paso en falso el retraso en la puesta en marcha de las ayudas directas por parte del Estado. "Para que esto funcione es esencial diferenciar las empresas que son viables de las que no lo son y no es sencillo. Da la sensación de que han querido esperar a que la pandemia remita un poco y a que se levanten las principales medidas de restricción a la actividad para tener una foto más clara de la situación y determinar con más facilidad qué empresas pueden ser viables a futuro y cuáles no", aventuran.
Por lo que se sabe de las declaraciones públicas de la vicepresidenta las líneas maestras del plan gubernamental pasan por un programa de quitas para empresas sobreendeudadas y aparentemente viables, implicación de las comunidades autonómicas en las ayudas directas a empresas y sectores y la posibilidad de un fondo para que el sector público apuntale el capital de pequeñas y medianas empresas con problemas de solvencia. En total, 11.000 millones de euros, a repartir entre empresas 'con futuro'. Por eso, el equipo de Calviño considera crítico el concurso de las entidades financieras, porque son las más preparadas para determinar qué empresas pueden tener capacidad de repagar los préstamos recibidos, cuáles podrían hacerlo si se les echa una mano y qué proyectos empresarial no superarán la crisis.
Economía rechaza de plano las críticas por la supuesta falta de ayudas directas por parte del Gobierno del Estado. Recuerda que la millonaria inversión asociadas a los ERTE y a las prestaciones por cese de actividad de los autónomos no son otra cosa que ayudas directas que no sólo han contribuido a mantener una renta a millones de trabajadores sino también a reducir los costes de decenas de miles de empresas.
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