La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto este miércoles subir a la tribuna del Senado para defender, por segunda vez en apenas un mes, la nueva senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública hasta 2026 con la que el Gobierno pretendía elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Esos límites de déficit por administraciones, que habrían dado algo más de margen fiscal a autonomías y ayuntamientos, no saldrán adelante por el veto anunciado del Partido Popular (PP).
Montero se lo ha reprochado al principal partido de la oposición, porque su rechazo retrasa en la práctica el alumbramiento del proyecto de ley más importante de la legislatura... al menos en lo económico. Este ya acumula una demora notable a causa del adelanto electoral, la disolución de las Cortes y las dificultades para conformar un nuevo gobierno. "La política de obstrucción del PP es realmente triste", ha asegurado. Con el sentido de su voto, ha indicado, impiden que las comunidades y las entidades locales tengan una mayor capacidad de gasto.
"Es lo que impiden, nada más", ha recalcado, para recordar también a la formación liderada por Alberto Núñez-Feijóo que "se pegan un tiro en el pie" porque perjudican a las autonomías donde gobiernan (que ya han elaborado sus cuentas en función de estos objetivos más flexibles) sin que exista ningún tipo de explicación ni debate sensato detrás de su decisión. Así, ha advertido de que en la práctica esto supondrá restar capacidad de gasto por casi 5.000 millones de euros a las administraciones territoriales.
El informe de la Abogacía del Estado
Este contratiempo evidente no impedirá, según Montoro, que el Ejecutivo presente el proyecto de ley de cuentas públicas. De hecho, Hacienda ha pisado el acelerador para poder tenerlo listo cuanto antes, a la espera de que salga adelante la ley de amnistía, que afronta un trámite importante este jueves en el Congreso. El Gobierno "va a remitir a las Cortes Generales (el Presupuesto), la legislatura continúa su andanza", ha hecho hincapié Montero.
La 'número dos' del Gobierno ha acusado al PP de intentar "disfrazar esta negativa con una engañosa oferta de diálogo", cuando en realidad su "único plan" es una bajada indiscriminada de impuestos que ponen como condición para votar a favor de esta senda. Esto, les ha censurado, mientras en Andalucía perdonan 6.000 euros al año al 0,2% de la población más rica con la supresión del impuesto sobre el Patrimonio o mientras en Madrid un trabajador que gana 1.500 euros al mes paga más impuestos que una persona que hereda 2 millones.
Nunca antes se había producido un segundo rechazo de los objetivos de déficit por parte del Senado. Cuando este se produzca, Hacienda hará público el informe que solicitó a la Abogacía del Estado y que le permitiría seguir adelante con la tramitación presupuestaria adoptando la senda de déficit que incluyó en abril en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, puesto que esta cuenta con el aval de la Comisión Europea.
El senador del PP, Gerardo Camps, ha preguntado a Montero dónde está ese "informe fantasma", que los populares llevan reclamando al Gobierno desde el pasado 12 de diciembre. "Hay otra política posible. Hay alternativa al Gobierno", ha asegurado en la tribuna tras dejar claro que su formación votará en contra de la nueva senda de estabilidad y que su rechazo lo es también al modo de hacer política económica del Ejecutivo.
Rebaja del déficit y la deuda para ceñirse a las reglas fiscales
Las nuevas metas fijan un déficit global del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones públicas. Este le permitiría cumplir con las reglas fiscales vigentes de nuevo desde enero. Ese desequilibrio deberá reducirse hasta el 2,7% el año que viene y al 2,5% en 2026. En el caso de las comunidades autónomas, al decaer los nuevos objetivos, deberán despedir este año en equilibrio presupuestario (déficit cero), mientras que los ayuntamientos tendrán que registrar un superávit del 0,2%.
En lo que respecta a la senda de reducción de la deuda pública, que despidió el pasado ejercicio en el 107,7% del PIB, el Gobierno prevé reducirla hasta el 106,3% del PIB en el presente ejercicio, al 105,4% en 2025 y al 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
