El Gobierno ha pisado el acelerador con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder tenerlo listo cuanto antes, a la espera de que salga adelante la ley de amnistía. La ministra portavoz, Pilar Alegría, insistió el martes en que el acuerdo con Junts está "muy cerca". Lo hizo apenas cuarenta y ocho horas antes de que la Comisión de Justicia del Congreso se reúna este jueves, 7 de marzo, a las once de la mañana para votar y con toda probabilidad dar luz verde a la proposición de ley para los encausados por el procés.
El texto ha tenido que ser modificado -desde el Ejecutivo han venido defendiendo que se trata de meros retoques técnicos- después de que el pleno de la Cámara Baja lo rechazase el pasado 7 de febrero por el voto en contra del partido de Carles Puigdemont, que ha querido convertir este texto legal en moneda de cambio para dar su apoyo a las cuentas de 2024. El Ejecutivo necesita el respaldo de independentistas y nacionalistas, así como la unidad de todo el bloque de izquierdas para poder sacarlas adelante.
Fuentes del ministerio de Hacienda inciden en que el objetivo inicial es que los Presupuestos se presenten "cuanto antes" en el Consejo de Ministros para poder iniciar su trámite parlamentario -que suele prolongarse alrededor de tres meses-. Recalcan además que, en espera de la amnistía, la vicepresidenta primera quiere tener todas las negociaciones bien cerradas para evitar que las cuentas públicas puedan toparse con un rechazo en una votación que se prevé ajustada. Otra cosa, reconocen a la vez, es que vayan a dar ese paso en breve.
Las dificultades para alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente han contribuido a demorar un proceso que se vio afectado por la convocatoria de elecciones anticipadas y el retraso en la formación de gobierno. De momento y una vez que supere el trámite previsto este jueves, la amnistía tendrá que someterse a votación en el pleno del Congreso -siempre que Junts no presente enmiendas al texto- para después ir al Senado, donde la mayoría absoluta del PP puede retrasar algo más su aprobación definitiva.
Veto del PP e informe de la Abogacía del Estado sobre el déficit
El veto de los populares en el Senado impedirá por segunda vez, la definitiva, que salgan adelante los objetivos de estabilidad. Los nuevos topes de déficit por administraciones -puesto que el conjunto debe ceñirse al 3% que las reglas fiscales exigen este año- decaerán y se activará el informe de la Abogacía del Estado que obra en poder de Hacienda y que fijará los topes comprometidos con Bruselas en abril del año pasado, que son más exigentes para las comunidades autónomas.
Las fuentes consultadas contemplan hacer público ese documento en las próximas horas, una vez que se produzca la votación en la Cámara Alta. Este respalda la tesis de que el Gobierno puede sacar adelante sus cuentas sin el respaldo del Senado tomando como referencia los últimos objetivos de déficit que recibieron el aval de la Comisión Europea (los contemplados en el Programa de Estabilidad 2023-2026 del Reino de España).
Esa senda obligará a las autonomías a despedir el ejercicio en equilibrio presupuestario (déficit cero) incluso en el caso de que hayan elaborado sus propias cuentas con el margen que hoy decae y que les ofrecía algo más de oxígeno, al permitirles incurrir en un desfase equivalente al 0,1% de su PIB. Las entidades locales, por su parte, tendrán que registrar un superávit del 0,2%, por lo que también pierden margen (las nuevas metas les permitían cerrar en equilibrio).
La senda de estabilidad supone, junto al límite de gasto no financiero o techo de gasto -que se informa a ambas cámaras, pero no se vota-, el paso previo para la aprobación de los Presupuestos. Ese tope asciende a 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, lo que supone un incremento del 0,5% en relación al de 2023.
Los populares condicionaron un eventual voto favorable a los objetivos de estabilidad a que el Gobierno cumpliese tres exigencias: una rebaja de impuestos (incluyendo una deflactación de la tarifa de IRPF y la reducción del IVA a carne, pescado y conservas, así como a la luz y el gas), un reparto más equilibrado de esos topes de déficit entre el Estado y las comunidades (asumiendo el primero un nivel de esfuerzo mayor que los entes territoriales) y la creación de un fondo destinado a políticas sociales, que no han llegado a cuantificar hasta la fecha.
Pendientes de empezar a negociar la quita de la deuda a las CCAA
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, consideró inviables estas reclamaciones y afeó al PP su veto. Según la mismas fuentes, el departamento que capitanea no ha iniciado aún las conversaciones técnicas con las consejerías de Hacienda autonómicas -mayoritariamente en manos del PP- para abordar la propuesta de quita de una parte de su deuda. Estaba previsto que esas negociaciones bilaterales arrancasen el pasado mes de febrero, si bien los numerosos frentes que tiene abiertos ahora mismo el Gobierno han impedido abordar este asunto.
El pacto con ERC para lograr el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez incorporaba la condonación de una parte de la deuda que Cataluña contrajo con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Este instrumento se creó en 2012, en plena crisis de deuda, para que los territorios que no tenían acceso a los mercados pudieran financiarse y evitar su quiebra. En el caso catalán, la quita ascendería a unos 15.000 millones de euros, según lo acordado con el PSOE.
Este asunto se ha convertido en otro quebradero de cabeza para el Gobierno, puesto que ha desatado las críticas de varias autonomías del PP, que critican que un asunto de este calado no se aborde con todas las regiones a la vez en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esto, cuando el Ejecutivo tiene pendiente impulsar también la reforma de la financiación autonómica, que caducó en 2014, y se ha convertido en un puzle de difícil solución para los distintos partidos en el poder desde entonces.
