Al finalizar la Guerra Civil española existían en España dos tipos de peseta: la peseta republicana y la peseta "nacional". La primera había ido perdiendo su valor a lo largo de la contienda debido a varias razones: por un lado, la mala gestión económica dentro de las tropas republicanas, las expropiaciones, el saqueo de los bancos; y por otro, el descontrol de la moneda pues, a todo el mundo le dio por imprimir pesetas, desde el gobierno de Cataluña y el del País Vasco, hasta el Frente Popular Antifascista de Cieza que imprimió vales al portador por 5 pesetas, la CNT de Binéfar o el Ayuntamiento de Roquetas, que hicieron lo mismo. Hoy todos esos billetes son objeto de coleccionistas, pero en aquellos tiempos, aceleraron la depreciación de la peseta republicana español.
A la depreciación contribuyó mucho el plan de los economistas de Franco para destruir la moneda republicana. Primero, se creó un troquel que decía "Estado Español Burgos" el cual se estampillaba sobre los billetes republicanos y tuvo tanto éxito que "la moneda estampillada comenzó pronto a cotizarse en los mercados internacionales, por encima de la moneda sin estampillar", como menciona José Ángel Sánchez Asiain (ex presidente del BBV) en su libro "La financiación en la Guerra Civil". La peseta republicana tenía tan poco valor que dejó de cotizar en las bolsas de París y Londres. La peseta "nacional" apenas perdió valor en 1939 debido a lo contrario: las tropas de Franco restituían las empresas a los emprendedores, salvaguardaban los depósitos en los bancos, y fueron más disciplinados en cuanto a su política monetaria. Cuando emitieron su propia moneda, en medio de la guerra, controlaron la emisión para evitar la inflación. Cuando terminó la guerra, y para evitar la inflación con millones de pesetas de dos bandos moviéndose por el territorio, los economistas de Franco establecieron un cambio que castigó a todos los tenedores de pesetas republicanas. Se les dio una fecha para cambiarlas, y si no lo hacían sus billetes valían cero.
Pero al gobierno de Franco se le presentó otro problema: los españoles, fueran republicanos o no, habían estado ahorrando para pagarse sus pensiones. Era el llamado sistema de capitalización por el cual un trabajador aportaba dinero a lo largo de su vida laboral, para cobrarlo a la hora del retiro.
La piedra fundacional del sistema español de pensiones comenzó en 1908, cuando se creó el Instituto Nacional de Previsión para financiar el retiro de los trabajadores. Pero no era obligatorio. Eso llegaría en 1919 con el Retiro Obrero. Cada trabajador abonaba diez céntimos al mes. El Estado ponía una peseta, y los patronos, tres pesetas mensuales. Si el trabajador había cotizado durante 20 años, al cumplir 65 años devengaría una pensión de una peseta al día, es decir, 365 pesetas al año.
Todo eso era gestionado por bancos y cajas de ahorro pero a finales de la Guerra Civil gran parte de esos ahorros se lo había fulminado la inflación. Entonces, en 1939 Franco aprobó un nuevo sistema de pensiones que se llamó Subsidio de Vejez. Cada trabajador que se jubilase a partir de aquel año, recibiría una pensión vitalicia la cual sería pagada por los trabajadores que aún estaban en activo. Con ello, se obtenían fondos inmediatos para los jubilados, y se resolvía un problema de caja. Se llamó sistema de reparto.
Era una gran idea porque desde el primer mes se estaban pagando pensiones. Por decirlo llanamente, los jóvenes pagaban las pensiones de los ancianos. Pero era un sistema incompleto porque solo protegía a los que ganaban menos dinero (para acceder había que ganar menos de 6.000 pesetas al año), y no abarcaba todos los sectores. Fue en los años sesenta cuando se mejoró el sistema como se conoce hoy: la ley de bases de la Seguridad Social.
Abarcaba a casi todos los trabajadores por cuenta ajena, y a los que trabajaban por cuenta propia (autónomos), así como a los socios de cooperativas, estudiantes, servidores domésticos, funcionarios, militares, y seglares y civiles en instituciones eclesiásticas. Eran además años en los que explotaron las familias numerosas en España, razón por la cual el sistema no tenía un problema de tesorería.
A mediados de los ochenta se detectó que el sistema podría fallar. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población significaban que, en un momento u otro, no habría jóvenes suficientes para pagar las pensiones de los ancianos. A mediados de los noventa, todas las fuerzas de este país, desde partidos políticos hasta sindicatos y empresarios, pactaron modificar paulatinamente el sistema de pensiones para que fuera sostenible en el tiempo. Se llamó el Pacto de Toledo.
El Pacto tocaba muchas cosas como garantizar el poder adquisitivo subiendo las pensiones junto con la inflación, crear un Fondo de Reserva, fijar la edad de jubilación a los 65 años, separar los gastos en Sanidad de los gastos en pensiones… En apariencia, el Pacto de Toledo preveía muchas cosas que se pusieron en marcha, pero no dedicó ni una línea al problema de base: la baja natalidad era el origen de la crisis del sistema de pensiones. Si eso no se arreglaba, el resto daba igual.
Y fue lo que pasó. Las pensiones se han ido subiendo desde entonces y ahora es el mayor gasto del Estado: más de 140.000 millones de euros todos los años. Por un lado está creciendo el número de pensionistas y la cuantía media de las pensiones: la pensión media de los nuevos jubilados supera los 1.400 euros. Pero por otro, por más trabajadores que estén cotizando en activo a la Seguridad Social, sus aportaciones no son suficientes para pagar las pensiones de los que están jubilados. A finales de 2020, la Seguridad Social tenía un déficit de 45.000 millones de euros, un récord histórico.
Para cubrir ese agujero el Estado tiene que recurrir a otras fuentes. Recurrir a otras fuentes significa que el Estado tiene que trasladar recursos de un sitio para otro. Y lo hace sin rechistar porque el colectivo de los pensionistas es sagrado. Pero, ¿y los comedores para niños? ¿Y los colegios públicos? ¿Y las carreteras? ¿Y las becas? ¿Y la Sanidad? "Con el déficit de la Seguridad Social se podrían construir 50 hospitales al año", afirmaba a la web 65ymás.com José Enrique Devesa Carpio, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, doctor en Economía por la Universidad de Valencia.
El colectivo de los pensionistas es tan temido que el Estado sigue subiendo las pensiones a la par que la inflación. Solo en enero de 2021 de 2020 se realizó el mayor gasto mensual en pensiones de la historia (sin contar el de las pagas extras): 10.000 millones de euros. Y ese gasto seguirá creciendo porque detrás hay un problema biológico irresuelto: la proporción de viejos aumenta más que la de bebés. Y encima, esos ancianos son cada vez más longevos. La prueba de ese desequilibrio es que cada vez hay más casos de jubilados que han estado cobrando su pensión durante más tiempo que el que cotizaron en su vida. Según el ex ministro de Economía Carlos Solchaga, el sistema español es tan generoso, que a partir del duodécimo año, el pensionista ya empieza a cobrar más de lo que ha cotizado.
En el futuro se seguirán barajando fórmulas para afrontar la crisis de las pensiones. Pero mientras no se hable de fomentar la natalidad, esas fórmulas no funcionarán. "En el primer semestre de 2020, en una España con 47,4 millones de habitantes, hubo 50% menos nacimientos que en el primer semestre de 1976, en una España con 36 millones de habitantes", afirma Alejandro Macarrón, especialista en demografía. Estamos atados al sistema de reparto inventado en 1939 que resolvió un problema: pero jamás pensó que España caería en lo que Macarrón denomina "suicidio demográfico".
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