La reforma diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sitúa en el punto de mira las jubilaciones anticipadas, en particular las que se producen de manera voluntaria, como una de las modalidades a penalizar para aproximar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal establecida (66 años desde 2021) y embridar el galopante déficit del sistema de las pensiones. El Gobierno ya ha trasladado a Bruselas esta intención, en el marco del plan nacional de reformas orientado a captar el maná de los fondos europeos, pero la rumorología sobre el endurecimiento de los retiros adelantados del mercado laboral estuvo presente durante todo el año pasado, lo que provocó una oleada de 50.000 jubilaciones anticipadas por voluntad del trabajador, una cifra récord. Dicho de otra manera: mientras sonaban tambores de recortes, miles de trabajadores optaron por adelantar su retiro por temor a tener que hacerlo en peores condiciones en un futuro próximo.
Lo cierto es que las jubilaciones anticipadas por la libre voluntad del trabajador -aquellas que pueden producirse dos años antes de la edad legal vigente- acumulan una tendencia ascendente desde su implantación efectiva en el año 2013. En ese ejercicio, apenas suponían un porcentaje residual del 7%, pero desde entonces su peso ha venido creciendo ininterrumpidamente, hasta alcanzar nada menos que el 19% en 2020. Esto supone que uno de cada cinco trabajadores que se jubilaron el año pasado lo hizo antes de la edad legal y de manera voluntaria. Con datos brutos, son 49.888 jubilaciones anticipadas por decisión propia sobre un total de 262.572 altas registradas hasta el mes de noviembre, de acuerdo con los últimos datos disponibles.
Aunque difícilmente puede establecerse una relación directa entre este incremento del peso de las anticipadas voluntarias sobre el total de jubilaciones y la reforma que planea Escrivá y que fue desgranando en comparecencias públicas a lo largo del año pasado, lo cierto es que el salto desde el 16% que suponía esta modalidad en 2019 hasta el 19% al que escaló en 2020 es considerable y encaja en una tendencia habitual en el mercado laboral español: ante rumores de recortes en las pensiones, los trabajadores cercanos a la edad legal de jubilación optan por adelantar su retiro, incluso cuando esta modalidad supone una penalización en la cuantía de la pensión.
En cualquier caso, Escrivá considera que esa penalización no es suficiente y planea endurecerla. En el documento remitido a los agentes sociales, donde se recogen las principales reformas en el ámbito de las pensiones trasladadas a las autoridades europeas, el Gobierno considera preciso "realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad". En el borrador inicial de la reforma, en el que se incluyó la polémica ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años y donde se aportan explicaciones más amplias, se incide en la necesidad de corregir la deficiencia del sistema por la que los trabajadores que cotizan por la base máxima son quienes más se benefician de esa regulación, en detrimento de las carreras de cotización medias y bajas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de elaborar este borrador, considera que "la jubilación anticipada debe pasar a ser una excepción y no una forma habitual" que "oculta fórmulas de regulación de empleo" -dice respecto al retiro involuntario- e insiste en que la modalidad voluntaria requiere "una atención prioritaria". No en vano, mientras algunos de los elementos introducidos por la reforma de 2011 para acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal (66 años) empiezan a dar sus frutos, pues las jubilaciones anticipadas en su conjunto han pasado de suponer el 44,6% en 2016 al 38,9% en 2020, la modalidad voluntaria no ha hecho más que crecer desde que entró en vigor en 2013.
Incentivos de demora
En paralelo al endurecimiento de la jubilación anticipada, destinado especialmente a los trabajadores que cotizan por bases más altas, Escrivá quiere modificar la configuración de los incentivos de demora de la jubilación "a partir de una valoración de los existentes que permita identificar los elementos que los hagan más efectivos a la hora de conseguir reducir la diferencia entre la edad legal y la edad efectiva de jubilación". Es decir, la idea es premiar a los que sigan trabajando una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, a la vez que se desincentiva el retiro temprano. El Ministerio se compromete además a establecer "beneficios para las empresas que mantengan a esos trabajadores mayores" a través de las cotizaciones sociales y a fomentar la capacitación permanente de este colectivo para mejorar su empleabilidad.
Todo esto se traducirá, aseguran los técnicos del Ministerio, en mejoras económicas de la pensión para aquellos que demoren su jubilación, ya que en estos momentos en España las bonificaciones por año demorado rondan entre un 2% y un 4%, por debajo de la media de países del entorno como Portugal (4%-12%), Reino Unido (10,4%), Alemania (6%) o Francia (5%), y Escrivá considera que hay margen de mejora. Se trata, en definitiva, de diseñar un sistema que beneficie a todas las partes, al generar una pensión mayor para el trabajador y generar ahorro tanto al sistema de la Seguridad Social como al empresario por la reducción de cotizaciones durante el periodo trabajado más allá de la edad legal, sostiene Inclusión.
El Gobierno pretende perfilar estas medidas en el marco del diálogo social y atendiendo a los resultados de una encuesta de opinión dirigida a los trabajadores mayores sobre las debilidades y fortalezas del sistema actual de acceso a la jubilación. Además, ante el elevado grado de desconocimiento sobre los incentivos actuales para el retiro tardío del mercado laboral, con el objetivo de maximizar el impacto del nuevo diseño de incentivos, el Ministerio planea lanzar una ambiciosa campaña informativa hacia la ciudadanía cuyo coste se estima en 1,5 millones de euros y que se realizaría en el año 2022, aunque está previsto que la reforma eche a andar ya este año, previo acuerdo en el seno del Pacto de Toledo y en la mesa de diálogo social.
El departamento que dirige José Luis Escrivá considera que acercar la edad de jubilación real a la legal a través de estos incentivos es una de las "políticas palanca más potentes y con mayor apoyo social para contrarrestar el efecto económico del aumento de la esperanza de vida, lo que permitirá eliminar la incertidumbre a corto plazo y afrontar con más holgura los retos a largo plazo del sistema de pensiones". Por ello, prestarán especial atención al diseño de estas medidas, que a su juicio contribuirán "de manera decisiva" a contener el incremento del gasto en pensiones vinculado al envejecimiento y a hacer frente al reto de la disminución de personas en edad de trabajar que muestra el consenso de las proyecciones demográficas.
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