El seno del Gobierno se ha convertido en el epicentro del debate político. Con un Parlamento fragmentado y polarizado, con serias dificultades para conformar mayorías, negociar y pactar los grandes asuntos, la auténtica batalla legislativa se está librando en la coalición. Enero ha sido un mes de continuos tiras y aflojas entre PSOE y Unidas Podemos, una batalla permanente que, según advierten desde ambos lados, no va a cesar en los próximos meses. El último gran episodio de esta contienda que cada vez va a más ha sido el 'affaire Escrivá' y su malestar aireado con la otra parte del Ejecutivo con lo que el ministro considera "una narrativa de confrontación". Pero esta acusación es sólo la punta del iceberg de una relación tensa que gira en torno a un nexo no menor y que sí está engrasado: la buena relación de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así como de sus escuderos más cercanos.
La polémica con la reforma de pensiones va a traer cola. Es, probablemente, la principal discusión que ha vivido el Gobierno en los últimos meses. Recortar las pensiones estaba -como se desveló en estas páginas- en el plan inicial del Gobierno. Unidas Podemos se opuso y Escrivá tuvo que difuminar el primer documento enviado a Bruselas. Es más, el tono del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no augura que las negociaciones en marcha vayan a ser un camino de rosas. Lo asumen tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Y hay varias leyes en cartera que son importantes.
El terreno se ha embarrado en la coalición. Mientras Moncloa se ha centrado en la campaña de las elecciones en Cataluña y en todo lo que rodea a la configuración de los fondos europeos, el fuego cruzado en el Ejecutivo no cesa. El precio de la luz ha sido y sigue siendo uno de los motivos de discusión. Unidas Podemos quiere acelerar la reforma del mercado eléctrico para, entre otras cuestiones, acabar con los llamados 'beneficios caídos del cielo' y abaratar la factura de luz. Pero Transición Ecológica, que está de acuerdo en cumplir esta medida contemplada en el pacto de Gobierno, enfría esas prisas y ha pedido tiempo, hasta final de año, para lanzar la modificación de la regulación. Las decisiones, en este aspecto, no serán inminentes aunque en el PSOE reconocen cierto desgaste al tener la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera que ofrecer diferentes explicaciones sobre por qué se disparó el precio de la factura eléctrica durante el paso de la borrasca Filomena.
Más problemas hay en la negociación de la Ley de Vivienda que está siendo muy intensa. Las conversaciones son a varias bandas: Ministerio de Transportes, de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Justicia, principalmente. Hay acuerdo que ofrecer la posibilidad a los ayuntamientos a establecer topes en los alquileres en zonas de mercado tensionadas, es decir, en las grandes ciudades. Pero hay una total falta de sintonía en otras medidas. Por ejemplo, en las recetas a aplicar para bajar los alquileres. El PSOE apuesta por la vía portuguesa, que consiste en ofrecer incentivos fiscales a quien, de forma voluntaria, rebaje sus arrendamientos y UP ya ha puesto sobre la mesa un informe calificando de "fracaso" esa medida. Los morados también quieren incluir en la futura norma, que llegará a Consejo de Ministros probablemente después de las catalanas, la prohibición permanente de desahuciar y cortar los suministros básicos. Los socialistas, sin embargo, no coinciden con sus socios.
Más problemas: la pugna por la reforma del sistema de pensiones aún no está ni mucho menos resuelta. Los de Pablo Iglesias han ganado en primera instancia al conseguir que la medida planteada por Escrivá desapareciera, pero desde el área económica del Gobierno ya advierten que queda camino por recorrer en la negociación con Bruselas. "El Plan de Inversiones y Reformas lo tiene que aprobar la Comisión Europea y sin aprobación no hay plan y no habrá fondos", indican fuentes del Ejecutivo. Sánchez, eso sí, ha dado la orden de acordar todas las medidas contenidas en ese documento con los agentes sociales. En cuanto a la reforma laboral, la ficha remitida es más concreta y sí contempla algunas de las medidas del pacto de Gobierno.
Las negociaciones para agilizar el Ingreso Mínimo Vital también están complicadas. Los actores protagonista, en este caso, son los dos ministerios implicados en la contienda de las pensiones: el de Escrivá y el de Iglesias. No se esperan, por tanto, grandes avances para lograr que la prestación aprobada al alimón entre Seguridad Social y Derechos Sociales pueda llegar a más beneficiarios. La opción que le queda ahora a Unidas Podemos para intentar acelerar esas mejoras que solucionen el cuello de botella es la vía parlamentaria, presentando enmiendas en la tramitación del reglamento que desarrollará el Ingreso Mínimo.
El Gobierno también se encuentra enfrascado en negociaciones para amplia el llamado escudo social y aquí las diferencias también son latentes. En el Consejo de Ministros de este martes está previsto que el Ejecutivo dé el visto bueno a la prórroga de la moratoria hipotecaria y de los créditos al consumo. Pero hay otros asuntos que aún no están cerrados como la prórroga de los contratos de alquiler que finaliza el próximo día 31.
Pese a todo la coalición funciona y está engrasada. Prueba de ello es el acuerdo de los ERTE. La crisis de Gobierno de la próxima semana será puntual
Mención aparte merece lo sucedido con una ley ajena al terreno económico pero que ha provocado un choque de trenes potente en la coalición esta misma semana. El PSOE registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, un movimiento que ha provocado un "enorme malestar" en sus socios. Los socialistas defienden que ellos son los auténticos promotores de la "Ley Zerolo" mientras que UP acusa a sus socios de no contar con ellos a la hora de plantear la iniciativa parlamentaria. Se avecinan más roces por esta normativa que escoden un pulso velado entre la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La coalición, en definitiva, vive un momento de ebullición. El momento de la legislatura es trascendental, en plena negociación con Bruselas y los agentes sociales del Plan de Inversiones y Reformas, y ninguno de los dos partidos quiere dar su brazo a torcer. Pero, pese a todo, la entente funciona y no corre peligro. Prueba de ello es el pacto de los ERTE, que se aprobará esta semana en Consejo de Ministros y que supone para el Ejecutivo firmar su séptimo acuerdo en diálogo social. La crisis de Gobierno prevista para la próxima semana, de hecho, será puntual, con apenas dos retoques, según fuentes de Moncloa. Los ministerio de Unidas Podemos no sufrirán cambios.
El Gobierno de coalición, no obstante, sí que ha sufrido algunos problemas de coordinación evidentes. Eso es debido, según algunos miembros del Ejecutivo, a la ausencia de reuniones entre las formaciones que lo componen. Los maitines de los lunes, efectivamente, llevan desde noviembre sin celebrarse en Moncloa y eso ha provocado algunas disfunciones. Esta semana tampoco ha habido reunión de alto nivel. Pero las mismas fuentes añaden que la coalición sigue engrasada. Lo reconoció el propio Iglesias en 'Salvados' al afirmar que los grandes problemas los solventa directamente con el presidente. Es en ese marco en el que debe enmarcarse el cara a cara que mantuvieron a principios de este mes.
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