El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está muy enfadado con Pablo Iglesias y su gente porque, de momento, han reventado los planes para recortar las pensiones. Con permiso de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, Iglesias y su hombre de confianza en las cosas de números, el secretario de Estado de Economía Social Nacho Álvarez, se han convertido en el particular gato de Chesire de Escrivá. Aparecen y desaparecen, provocan discusiones y acaban imponiendo el debate sobre si se puede o no se puede decapitar a una criatura que no tiene cuerpo.
Escrivá y el tándem Iglesias-Álvarez manejan dos ideas diametralmente opuestas sobre la realidad y el futuro del sistema público de pensiones. La idea de Escrivá -y de la parte más liberal del Ejecutivo- es un clásico: no hay suficiente dinero para pensiones públicas y, pese a vivir en continua revolución tecnológica que aumenta la productividad del trabajo, tenemos que acostumbrarnos a un futuro de escasez. Lo único que se puede hacer es recortar prestaciones. ¿Cómo? Ampliando el periodo de cálculo, desindexando las actualizaciones del IPC o aplicando el factor de sostenibilidad para estrechar el comienzo y el final de la prestación. La crisis y la presión de los baby-boomers nacidos en los 60, a punto de entrar en la vía a la jubilación, hacen la tarea urgente.
Iglesias y su secretario de Estado defienden, por el contrario, que sostener el sistema y garantizar las prestaciones son cuestiones compatibles. La condición es que se hagan las reformas necesarias, que no equivalen necesariamente a recortes, sobre unas prestaciones que en un 66%, están por debajo de los 1.000 euros. Para ello, proponen subir cotizaciones de los salarios más altos sin elevar las pensiones máximas y sacar de las cuentas de la Seguridad Social pensiones asistenciales, incentivos al empleo y a las familias y otros gastos de funcionamiento. Una forma de elevar los ingresos de la Seguridad Social y de esquivar la tijera sin perjudicar a la generación próxima a la jubilación.
El paro juvenil, inaceptable en un país moderno –40% entre menores de 25 años- resta ingresos y aumenta el déficit.
El enfado público de Escrivá es proporcional a la importancia de un debate que, como las monedas, tiene dos caras, la que afecta a los pensionistas y la que afecta a las generaciones más jóvenes. El desempleo juvenil, con una tasa de paro inaceptable en un país moderno –40% entre los menores de 25 años- resta ingresos al sistema público de pensiones y aumenta el déficit. Los críticos con las propuestas de Unidas Podemos sostienen que los presupuestos no se cuadran vía ingresos. Ninguna empresa lo hace, sostienen. Pero ni el Estado es una empresa, ni el Gobierno ha sido elegido por los ciudadanos para actuar como un equipo de ejecutivos del Ibex 35.
El debate interesa especialmente al sistema financiero y está plagado de intereses y, cómo no, de limpísimos “papers”. Circula una auténtica orgía de datos, porcentajes, estudios, fuentes autorizadas o seudoautorizadas y estadísticas. A pesar de la presunta calidad y complejidad de los estudios, llama la atención la simplicidad de algunas conclusiones. Por ejemplo, la que niega cualquier relación entre las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral y las de los mayores para abandonarlo.
El debate se presenta como un conflicto entre generaciones con intereses antagónicos y se ignora la relación entre empleos dignos y pensiones dignas. El gasto en pensiones en España se sitúa en torno al 11% del PIB. La jubilación de la generación más numerosa elevaría, en el peor de los casos, en cuatro puntos, hasta el 15%, el gasto en pensiones, situándolo al nivel de países como Francia o Italia. No es un esfuerzo imposible. Ni una carga de deuda inasumible para las nuevas generaciones, cuyo mayor reto es vadear un mercado laboral caracterizado por la precariedad y los bajos salarios. No hay soluciones fáciles. España ha apostado por un modelo productivo de servicios low cost que lo ha convertido en el único país cuya productividad crece en las crisis, cuando destruye empleo, pero nunca en las recuperaciones. Algún día habrá que abordar el problema en profundidad.
El relato de la falta de fondos para pagar las pensiones se ha convertido en una profecía autocumplida.
De momento, la realidad es que, poco a poco, la mezcla de argumentos y ardides han ido convirtiendo el relato de la falta de fondos para pagar las pensiones en una profecía autocumplida. Cada vez más, lo que se presentaba como un problema de largo plazo se va convirtiendo en un problema de corto plazo. Para asegurar las pensiones, la primera condición es tener voluntad de hacerlo. En contra de lo que periódicamente mantiene el portavoz de turno del Gobierno, las pensiones en España no están garantizadas. Si lo estuvieran no habría debate, ni Pacto de Toledo, ni choques entre socios de Gobierno. Por el contrario habría consenso políticos y leyes para blindar los derechos del colectivo.
John Maynard Keynes ( Breve tratado sobre la reforma monetaria, 1923) dejó escrito que el largo plazo “es una guía confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos todos muertos". El economista aplicaba la frase a la política monetaria, pero se puede aplicar a muchos otros temas. Las pensiones, por ejemplo.
