Hacienda vuelve a la carga y revisará el catastro de medio millón de inmuebles

Los Presupuestos para el año que viene han suavizado la reforma fiscal que desde el Gobierno de coalición se planteaba, pero no han perdonado la aplicación de una actualización de los valores catastrales de más de medio millón de viviendas en España que puede ser un golpe para muchos bolsillos de empresas y familias muy perjudicados por la crisis del coronavirus. Así lo contempla el programa de gestión del catastro inmobiliario después de un año 2020 en el que no se ha podido cumplir con todos los “procedimientos de valoración colectiva” (PVC) previstos, dado el confinamiento y la paralización de la actividad que se produjo entre marzo y junio.

Si hacemos caso a los datos aportados para los PGE, de las 500.000 revisiones colectivas previstas para este año pasado solo se han podido llevar a cabo 55.348, apenas una décima parte, con la advertencia adicional de que, si bien solo se pudieron hacer valoraciones “parciales y procedimientos abreviados” por la pandemia, el resto se han “aplazado”, no se han descartado. Ese aplazamiento del trabajo que se debía haber hecho este año se añade al medio millón de inmuebles que hay previsto revisar para 2021, de forma que se prevé una actividad frenética. El plan de trabajo que se describe en el programa presupuestario del Catastro advierte que en las valoraciones colectivas se debe incluir ahora “la actualización de los datos y documentos catastrales del plan de trabajos 2020-2021 y 2021-2022”, como paso previo para la determinación de los valores catastrales de los bienes afectados en esos años, que sumados estarían incluso cerca del millón.

Los rebrotes y el empeoramiento de la situación sanitaria parece que no van a parar ahora a los cientos de agentes que la Dirección General del Catastro dedica solo a hacer ese tipo de valoraciones, que están en constante revisión (normalmente al alza) a partir del análisis de las compraventas que se realizan en determinadas demarcaciones. Con esa foto fija de los precios de mercado que reciben de notarios y registradores, se establecen unos baremos de cálculo de la zona en la que se ubican una serie de inmuebles que, junto a otros factores como la antigüedad o las reformas practicadas, permiten determinar después el valor catastral de cada uno de ellos.

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Ese proceso es fundamental para estimar el pago de un tributo anual tan importante y directo en España como el Impuesto de Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana), que fruto del proceso de actualización del catastro de la última década ha supuesto incrementos muy importantes de recaudación. En la actualidad supone unos ingresos directos para los 8.000 ayuntamientos que hay en España de más de 13.200 millones de euros, lo que supone una subida cercana al 40% en una década.

La colaboración con notario y registradores

Una de las claves con las que cuenta el catastro para soportar la carga de trabajo casi doble a la que se enfrenta el año que viene será su reciente acuerdo con notarios, registradores y ayuntamientos para establecer un sistema de conexión en tiempo real que les permita disponer de información masiva sobre todas las alteraciones en la configuración de las viviendas, su titularidad y su uso tramitadas en los registros de propiedad y en las notarías, y también sobre las licencias de obra concedidas por los ayuntamientos.

El acuerdo, que se ha puesto en marcha este mismo mes de octubre, amplía la información catastral a la que pueden tener acceso los fedatarios públicos y exime a los ciudadanos de la obligación de presentar declaraciones jurídicas o de alteración de fincas en sus actividades, pero supone conectar al Catastro con notarios y registradores, de forma que se pueda enviar notificaciones inmediatas a los ciudadanos a partir de la realización de una escritura o la inscripción de un inmueble en el Registro.

Ese proceso es importante en la lucha contra el fraude, sobre todo si tenemos en cuenta que en este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, se han realizado solo este año 830.000 comprobaciones y altas de datos sobre inmuebles y más de tres millones de transmisiones de dominio.