La propuesta conjunta de España y Portugal para topar el precio del gas y rebajar la factura de la electricidad no termina de cristalizar en Bruselas. El Gobierno contaba con un plazo máximo de tres o cuatro semanas para que la Comisión diera luz verde al plan energético español, pero a estas alturas las autoridades europeas continúan estudiando la letra pequeña, la más técnica, del bautizado como 'tope ibérico' y no hay visos de que vayan a autorizar la medida en los próximos días, según reconocen desde el propio Gobierno. Para la patronal y los sindicatos ese paso es condición sine qua non para sentarse a negociar con el Ejecutivo el prometido pacto de rentas, por lo que en estos momentos alejan cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo en ese ámbito que amortigüe el golpe de la escalada de los precios. "El Gobierno tiene que mover ficha primero", advierten desde el diálogo social.
Mes y medio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en el Congreso de los Diputados que el plan nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania incluiría como primer eje un gran pacto con la patronal y los sindicatos para proteger las rentas de los efectos de la crisis energética, ni está ni se le espera. El Ejecutivo ha puesto en marcha un primer paquete de medidas que no incorporan este compromiso, porque ni siquiera se ha sentado a negociar en serio con los agentes sociales. Las organizaciones sindicales y empresariales, que están negociando en la mesa bipartita la recomendación de subida salarial en los convenios, advierten de que la pelota está en el tejado de Moncloa y no habrá acuerdo hasta que el Boletín Oficial del Estado refleje medidas contundentes para rebajar los precios energéticos. Y en ese sentido, fijan la línea roja en el tope al gas.
La Comisión Europea teme que la excepción ibérica pueda distorsionar el mercado energético europeo y está valorando distintas opciones, entre ellas, restringir la exportación de electricidad a Francia para evitar que la energía subvencionada se venda en el mercado comunitario. Mientras, las eléctricas maniobran en la capital Belga para tumbar el plan de Sánchez. El calendario corre y Bruselas no termina de perfilar los últimos flecos para que el Consejo de Ministros pueda aprobar la medida. Entre tanto, los agentes sociales mantienen bloqueada la negociación del acuerdo salarial plurianual, que se está debatiendo en la mesa del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que Sánchez quiere incorporar al esperado pacto de rentas. Las cláusulas de revisión anual con la inflación que exigen los sindicatos y rechaza la CEOE son el gran escollo en un momento en el que el IPC está disparado y lo seguirán siendo mientras el Gobierno no apruebe medidas decisivas para abaratar la factura de la luz.
El presidente del Gobierno insistió este lunes en que la patronal y los sindicatos deben alcanzar un pacto "donde no solamente se tiene que hablar de salarios, también se tiene que hablar de dividendos, de reparto de beneficios por parte de grandes empresas". Fuentes del diálogo social revelan que la presión que hizo públicamente Sánchez en la entrevista en Antena 3 la están trasladando en privado desde distintos ministerios del área económica a los presidentes de las grandes patronales CEOE y Cepyme y a los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT. Pero, de momento, no ha surtido efecto. Las conversaciones se estancaron antes de Semana Santa por las citadas cláusulas de revisión con el IPC y no hay ninguna reunión prevista, aunque sí se mantienen contactos informales estos días.
El Gobierno pide a toda la sociedad que se apriete el cinturón para afrontar las consecuencias económicas de la guerra, pero no va a tomar ninguna medida intervencionista que limite los beneficios empresariales. Así lo aseguran a La Información fuentes del área económica del Ejecutivo que enmarcan la moderación de los márgenes de las empresas en una limitación voluntaria del reparto de beneficios por parte de los empresarios y empresarias del país. El objetivo principal de este ansiado equilibrio es evitar una espiral inflacionista por los perniciosos efectos de segunda ronda y para ello Sánchez solo puede convencer a la patronal y los sindicatos de que firmen un acuerdo en ese sentido, ya que no puede intervenir ni en los sueldos ni en los márgenes empresariales, más allá de limitar por ley el reparto de beneficios en las empresas que reciban ayudas públicas.
El Gobierno aspira a que las grandes empresas limiten el reparto de beneficios por voluntad propia y descarta intervenir
Desde el flanco sindical denuncian que la moderación de los márgenes empresariales, tal y como la plantea el Gobierno, no es más que una "declaración de intenciones", e insisten en que hay que subir los impuestos a las empresas que más beneficios obtienen y en particular a las eléctricas, que son las "grandes ganadoras" de esta crisis. En este sentido, advierten de que no van a acceder a subidas salariales por debajo del IPC si la patronal no cede en la garantía de poder adquisitivo anual y en la limitación de los beneficios. El problema respecto a lo último es que, sin una decisión gubernamental, la única opción es que las empresas adquieran un mero compromiso. Por eso los sindicatos meten presión al Ejecutivo y demandan "reformular los mecanismos de redistribución para captar recursos puntuales de aquellas personas o empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios con la situación actual" y "frenar la erosión del poder adquisitivo de los salarios por la escalada de los precios", pactando subidas con cláusulas de revisión y adoptando a la vez medidas para reducir los precios de la factura eléctrica.
No se trata, en cualquier caso, de una idea nueva, pues ya se hizo en el año 2012, en el marco del primer AENC firmado por la patronal y los sindicatos bajo el mandato de Mariano Rajoy. Por aquel entonces, en lo peor de la crisis financiera, las partes plasmaron en el BOE que "todas las rentas" debían realizar "un esfuerzo conjunto". "Tanto los salarios como los beneficios distribuidos deben evolucionar de forma moderada, de modo que permitan dirigir una mayor parte del excedente empresarial a inversiones de reposición y ampliación", recogía aquel acuerdo, que incluso consideraba preciso "adecuar la retribución de altos directivos y ejecutivos de las empresas" y hacer un "especial seguimiento y vigilancia de la evolución de los precios de aquellos bienes y servicios con especial repercusión para las personas con menor renta". El problema es que, mientras la moderación salarial se impuso en aquellos años, el reparto de dividendos en las cotizadas alcanzó un máximo histórico de 43.500 millones de euros en 2014.
