Lo que sucede entre bambalinas en el diálogo social suele ir más allá de los titulares. El pasado viernes, la negociación del pacto salarial saltaba por los aires tras una reunión a puerta cerrada en la CEOE en la que los secretarios generales de las principales patronales del país rechazaron de plano el planteamiento sindical de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores cubiertos por convenio incorporando a la senda de incremento una cláusula plurianual para recuperar en varios años la diferencia entre una subida de sueldos moderada y el IPC desorbitado de 2022. Pero lo cierto es que la última propuesta de la organización empresarial incorporaba una cláusula de garantía al final del periodo y fue ampliamente aceptada en la mesa, incluso por los negociadores de CCOO y UGT, pero fueron los secretarios generales de las centrales sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, quienes tumbaron la oferta patronal y, con ese movimiento, alejaron cualquier posibilidad de acuerdo con la organización que lidera Antonio Garamendi.
"Si no metemos la cláusula anual, los nuestros nos matan". Así resume un responsable de uno de los grandes sindicatos del país la difícil tesitura a la que se enfrentan en la mesa de negociación del pacto salarial. CCOO y UGT están alineados en una propuesta conjunta que fija una línea roja: los sueldos tienen que subir lo mismo que el IPC para que no pierdan poder de compra. Ambos son conscientes de que la problemática es foco de tensión en las empresas y en las calles y tienen que luchar por garantizar esa capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es su función sindical. Pero la patronal ve un grave problema en la indexación y no está dispuesta a incorporar cláusulas de revisión anuales. Con la inflación disparada, los empresarios consideran que esa obligatoriedad supondría una condena no solo en términos de costes para las compañías, sino para la economía en general, por derivar en los perniciosos efectos de segunda ronda de los que advierte el Banco de España.
Pero el pacto no es insalvable. Es más, en un momento de la negociación, los agentes sociales llegaron a coincidir en torno a un planteamiento, pero el acuerdo no se cerró por la negativa de Sordo y Álvarez, según revelan a La Información fuentes del diálogo social. A lo largo de las últimas semanas, patronal y sindicatos se han cruzado hasta cuatro propuestas, dos de cada lado, y la última, redactada en el cuartel general de la organización empresarial, no resultaba inaceptable para los negociadores sindicales. Pero al elevarla a la cúpula, los propios secretarios generales pusieron pie en pared. Tras alcanzar más de una docena de acuerdos en tiempos de pandemia, se lo juegan todo en esta negociación. El descontento social por la inacción del Gobierno ante el golpe que supone para los bolsillos la escalada de los precios podría ser el germen de una gran revuelta que sitúe en el foco a los sindicatos por no pelear con dureza para que los empresarios suban los sueldos con el IPC. Y ese es un escenario a evitar a toda costa.
La secuencia de la negociación es la siguiente. A principios de año, antes incluso de que la guerra en Ucrania empujase el IPC hasta niveles descomunales, la inflación ya alcanzaba cifras que motivaron a los sindicatos a exigir subidas salariales considerables. Tras el estallido del conflicto bélico, elevaron su demanda informal al 5%. La patronal se opuso y colocó negro sobre blanco una primera contrapropuesta oficial en la que planteó subidas salariales moderadas a lo largo de tres años, con posibilidad de situarse en un rango más elevado en función de la evolución de factores como la productividad o el empleo. En concreto, la CEOE ofreció subir los sueldos un 2,5% en 2022, más un 1% adicional si la productividad aumenta un 2% y el empleo un 4%; un 2% en 2023, con un 1% extra si la productividad se eleva un 2% y el empleo un 3%; y un 1,5% en 2024, con una revisión de hasta el 1% condicionada a un alza de la productividad del 2% y un crecimiento del empleo del 3%. Es decir, en total, un 6% en la parte baja de la horquilla y hasta un 9% en la parte alta a lo largo de todo el periodo.
La propuesta inicial de la CEOE no incorporaba ningún tipo de cláusula de revisión con el IPC y los sindicatos dijeron 'no'. Frente a ese planteamiento, CCOO y UGT -que han ido al unísono, con propuestas conjuntas, en estas negociaciones- plantearon unas subidas más elevadas, desligadas de la productividad y el empleo (son conceptos que los sindicatos no incorporan en sus proyecciones de sueldos, al contrario que los empresarios). En concreto, propusieron un alza del 3,5% para este año y del 3% en cada uno de los dos ejercicios siguientes. Para compensar, modularon su exigencia de incorporar una cláusula de revisión anual completa y plantearon una recuperación de solo el 75% de la diferencia entre la subida salarial y la evolución de la inflación. La primera revisión se haría en las tablas de 2023, según la diferencia entre el 3,5% de alza salarial y el IPC medio anual de 2022, y la segunda, en los dos años posteriores, en función de la distancia entre el 3% de subida de sueldos de cada año y el IPC medio acumulado.
Tras intensas deliberaciones en la mesa, CEOE rechaza la oferta sindical y da una nueva vuelta de tuerca a su propuesta para incorporar, por primera vez, algún tipo de cláusula que impida la pérdida de poder adquisitivo de los salarios al final del periodo de vigencia del acuerdo. En cifras, plantea una subida total del 7% en tres años: un 3% en 2022, un 2% en 2023 y otro 2% en 2024. La patronal abandona los conceptos númericos específicos de productividad y empleo y ofrece ahora modular los incrementos en cada sector o empresa, teniendo como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo. Y se abre a actualizar a 1 de enero de 2025 el diferencial entre el incremento salarial acumulado y el IPC de diciembre acumulado durante el periodo de los 3 años. También pide instar al Gobierno a revisar los precios de los contratos públicos y promover el desarrollo de las remisiones de la reforma laboral a la negociación colectiva, con especial incidencia en el desarrollo de la contratación temporal y del contrato fijo discontinuo.
Esa propuesta, según aseguran varias fuentes del diálogo social consultadas por este medio, recibe una primera aceptación de la parte sindical, pero finalmente CCOO y UGT la acaban rechazando porque sus líderes se oponen a firmarla. Tanto el secretario general de Comisiones Obreras como el de la Unión General de Trabajadores coinciden en que la oferta patronal es inaceptable por no incorporar una cláusula de revisión anual, pese a haberse abierto a revisar los sueldos con el IPC al final del periodo. "La garantía de poder adquisitivo es necesaria de inmediato, no dentro de tres años", justifican fuentes sindicales. Con todo, los sindicatos no dan la negociación por perdida y hacen una última contraoferta y proponen un marco de subida salarial del 3,4% este año, el 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, junto a una cláusula de garantía para recuperar el poder adquisitivo perdido este 2022, pero dividida en una recuperación inicial del 50% a principios de 2023, del 25% en 2024 y del 25% restante a inicios de 2025.
La última propuesta de la CEOE recibió una primera aceptación sindical, pero Unai Sordo y Pepe Álvarez la rechazaron
Y la patronal se planta. Tras la reunión mantenida el pasado viernes, en la que Antonio Garamendi quiso testar el estado de ánimo de los secretarios generales de las principales organizaciones empresariales del país, la CEOE considera "inaceptable" el planteamiento sindical por varios motivos. El principal es que, a juicio de los patronos, la indexación anual con el IPC introduce el riesgo de integrarse de cara al futuro y contribuye a incentivar los temidos efectos de segunda ronda de los que alertan los organismos de análisis económico nacionales e internacionales. Tras este plantón, encalla el pacto salarial que es necesario para alcanzar un acuerdo nacional de rentas en la mesa tripartita con el Gobierno, un objetivo que el presidente, Pedro Sánchez, se fijó para incorporar al decreto que anunció el pasado 2 de marzo, en el marco de plan de respuesta a la guerra en Ucrania, pero que un mes y medio después todavía no ha logrado.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tiene previsto convocar una reunión después de Semana Santa y será entonces cuando se determine si hay posibilidad de consenso, en función de lo que estén dispuestas a aportar todas las partes. Pedro Sánchez ha indicado que, para cerrar ese acuerdo, que pretende incluir en un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra, los sindicatos tendrán que aceptar subidas salariales moderadas y la patronal deberá asumir una contención de los márgenes empresariales. Mientras, los agentes sociales le exigen que tome medidas para rebajar la factura de la luz y moderar la inflación, entre ellas, topar el precio del gas. Los sindicatos también reclaman, específicamente, nuevas medidas sociales para proteger las rentas de los colectivos más vulnerables, como los parados o los pensionistas con prestaciones mínimas. La negociación sigue abierta y será dura.
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