Las próximas semanas serán (aún) más intensas en materia de pensiones. Y es que la reforma que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha perfilado y debatido en el último año junto a agentes sociales y en la Comisión del Pacto de Toledo, espera su aprobación definitiva en el Congreso. La idea del Ejecutivo, después de haberla aprobado en Consejo de Ministros como proyecto de Ley a finales del pasado agosto, es que entre en vigor ya en enero de 2022, pues así se incluye en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Hoy por hoy, la reforma sigue con la fase de registros de enmiendas parciales. Los siguientes pasos serán la última votación en el Congreso y, en caso de obtener el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, aterrizar en el Senado.
El trabajo ha sido milimétrico para cuadrar las cuentas de la reforma de pensiones. Recordemos que hablamos de un sistema cuya estabilidad lleva largos años en la cuerda floja, algo de lo que se ha advertido en no pocas ocasiones desde Bruselas. Por tanto, el escollo al que ahora deberá hacer frente Escrivá no es baladí. Ya que si prospera la ofensiva parlamentaria del llamado 'bloque de la investidura' encabezado por Unidas Podemos el sobrecoste anual puede acercarse a los 1.500 millones de euros. La formación morada pretende así modificar el proyecto de la reforma de pensiones para que la futura Ley elimine toda penalización a la jubilación anticipada de los trabajadores que acrediten más de 40 años cotizados.
Esto implica directamente una enmienda de totalidad al régimen de jubilación anticipada diseñado en el proyecto gubernamental que prevé un esquema de coeficientes reductores que se suavizan en función del tiempo cotizado, pero que prevén ajustes en la prestación por jubilarse antes de la edad legal incluso para aquellos que han cotizado 44 años o más.
El asunto fue uno de los caballos de batalla en el debate parlamentario del Pacto de Toledo, principalmente por la presión social ejercida en las calles y ante sindicatos y partidos por las organizaciones de prejubilados como Asjubi4o. Estas exigían una reparación económica por los tijeretazos, en su opinión injustos, aplicados a sus prestaciones de jubilación por el mero hecho de jubilarse antes de la edad legal, con independencia de que ese retiro fuera voluntario o involuntario y a pesar de acreditar largas carreras de cotización de más de 40 años; y más allá de su situación personal reivindicaban también la despenalización a futuro de las jubilaciones anticipadas cuando se hubiera acreditado una carrera de cotización de esa magnitud.
Los argumentos de Escrivá
Por su parte, Escrivá, después de los requerimientos de la Comisión del Pacto de Toledo, hizo llegar al Congreso su 'Informe sobre el acceso a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización largas', un argumentario, con numerosos datos, en el que justifica porque no se puede seguir adelante con la eliminación de los coeficientes reductores para los cotizantes de más de 40 años. El ministro señala que 40 años cotizados no es excepcional en España, ya que un 55% de los trabajadores que se jubilan pueden acreditar al menos ese tiempo en la Seguridad Social. Sin embargo, esos pensionistas comenzaron a trabajar en algunos casos desde los 13 años, muchos desde los 14 y la mayoría desde los 16.
Uno de los impedimentos más importantes para evitar llevar a cabo la eliminación de los coeficientes reductores a las grandes carreras es el coste que supondría, pero también el 'efecto llamada' que se generaría. Sin penalizaciones la mayoría de los trabajadores se jubilarían a los 63. Quitar los coeficientes a los actuales pensionistas con más de 40 años en la Seguridad Social provocaría un incremento del gasto anual de 2.745 millones de euros en 2021 y un aumento compromiso de gastos en el futuro -valor presente actuarial- de 44.345 millones de euros, el equivalente a cuatro meses de la nómina de pensiones actuales. Además, asegura el ministro, la medida beneficiaría a los hombres, que son los que mayoritariamente se jubilan anticipadamente.
¿Qué pasa con el plus para los prejubilados?
El pasado mes de septiembre, uno de los aspectos que también incluyó la reforma de pensiones era el plus para prejubilados. Un denominado 'complemento de mejora de las pensiones de jubilación' que se reconoce a los beneficiarios con al menos 44 años y seis meses de cotización y que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.
Este 'plus', ideado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene como objetivo igualar el trato dispensado por el sistema público a todos los pensionistas con largas carreras de cotización que se jubilaron de forma anticipada en los últimos 20 años y que por ese motivo se vieron penalizados, a veces con recortes de hasta el 40% de la pensión, por el juego de los coeficientes reductores previstos en la ley. Tal y como consta en el documento, de los más de 237.000 prejubilados que, según los registros de la Seguridad Social están en esa situación, al menos 24.000 no tendrán derecho al plus por estar percibiendo la pensión máxima.
En este sentido, serían más de 20.000 pensionistas los que, según las estadísticas, cumplen los requisitos para percibir el plus de Escrivá, ya que cuentan con cotizaciones acreditadas anteriores a 1967 y procedentes del mutualismo laboral, que optaron por abandonar de forma anticipada el mercado laboral entre 2002 y 2011. El mecanismo vigente entonces permitía que un trabajador con más de 44 años y medio cotizados pudiera perder el 40% de su prestación si decidía jubilarse a los 60 años, ya fuera por voluntad propia o por falta de expectativas laborales, ya que en aquellos años esa penalización solo se suavizaba si el cese en el trabajo se producía por causa no imputable al trabajador.
La norma, además, no discrimina entre jubilados que accedieron a esa condición de forma voluntaria y los que tuvieron que hacerlo de forma forzada, ya fuera por un despido individual o un ajuste colectivo. Pueden optar por tanto a este complemento todos los pensionistas que, como decimos, hayan salido de forma prematura del mercado laboral en los últimos 20 años. Eso sí, será requisito indispensable que la cuantía de su pensión hubiera sido más alta si se le hubieran aplicado los coeficientes vigentes a 1 de enero de 2022.
Penalizaciones a la jubilación anticipada
Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.
Como novedad, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores de la pensión pasarán a ser mensuales, no trimestrales, y solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.
En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses. Para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).
Por su parte, el coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.
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